La Fiscalía General de la Nación imputó a la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera; a tres funcionarios y exfuncionarios de la administración municipal; y a un contratista, por presuntas irregularidades en un contrato suscrito en junio de 2024 para el suministro de alimentos para los animales del centro de protección de la ciudad.

De acuerdo con el ente investigador, se estableció que el contrato fue adjudicado a una empresa sin experiencia en el suministro de alimentos para perros y gatos y sin garantizar la pluralidad de oferentes.

Aparte de la Alcaldesa, el resto de imputados son Johana Carolina Veloza Guio, asesora de despacho; Jessika Soto Salas, abogada de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Ibagué; el exsecretario de Gobierno Edward Amaya Márquez; y el contratista Ernesto Alfonso Quiroga.

• Le puede interesar: “En democracia se gana o se pierde”: Gobernadora del Tolima

Según la investigación, la Alcaldesa habría delegado el ordenamiento del gasto en Amaya Márquez y dado instrucciones para adjudicar el contrato a una empresa encargada del servicio de aseo de la Alcaldía y de los colegios de la ciudad.

Presuntamente, Veloza Guio, Soto Salas y Amaya Márquez celebraron el contrato pese a conocer que la empresa seleccionada no tenía relación con el objeto contractual ni experiencia en el suministro de alimentos para perros y gatos.

Además, habrían elaborado estudios con precios ajenos al mercado y solicitado cotizaciones únicamente a dos contratistas, entre ellos el adjudicatario, cuyos representantes legales tenían vínculos de parentesco.

Por su parte, Ernesto Alfonso Quiroga habría permitido el direccionamiento del contrato a su favor y obtenido 34.991.000 pesos por concepto de sobrecostos.

En ese sentido, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima imputó a los procesados, según su presunta responsabilidad individual, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

Durante la audiencia realizada ante el Juzgado Sexto Penal Municipal con función de control de garantías, la Fiscalía precisó que, además de delegar el proceso contractual en el entonces secretario de Gobierno, la mandataria presuntamente habría impartido instrucciones sobre la empresa que debía resultar favorecida con la contratación.

• Puede leer: ¿El ‘barretismo’ le falló a la candidata Paloma Valencia?

El ente acusador sostuvo además que el contratista ya era un proveedor conocido de la Administración Municipal, pues para la época ejecutaba contratos relacionados con servicios de aseo en dependencias de la Alcaldía e instituciones educativas de la ciudad.

Respecto a Edward Amaya Márquez, la Fiscalía señaló que habría tenido un papel clave como ordenador del gasto y responsable del trámite contractual, incluyendo la obtención de las cotizaciones utilizadas para los estudios de mercado. Según la investigación, no se habrían realizado suficientes consultas para establecer los precios reales del mercado en el suministro de alimentos para perros y gatos.

Finalmente, la Fiscalía reiteró que el contratista Ernesto Alfonso Quiroga habría obtenido cerca de 34,9 millones de pesos por presuntos sobrecostos derivados de la contratación. Ninguno de los cinco imputados aceptó los cargos y el proceso continuará en las próximas etapas judiciales.