La minería ilegal y la inseguridad en el sur del Tolima también se convirtieron en escenario de confrontación política. Durante el debate de control político de hoy martes 10 de noviembre en la Comisión Quinta del Senado, el representante a la Cámara Marco Emilio Hincapié responsabilizó al grupo político barretista por el deterioro de las condiciones de seguridad y el avance de las actividades mineras ilegales en el departamento.

El congresista sostuvo que este sector político ha tenido influencia en el Gobierno departamental durante más de una década y cuestionó que ahora se desligue de la situación que enfrenta el territorio. “Es necesario que asuman el costo político de su ineficiente gestión”, manifestó.

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Hincapié aseguró que desde 2020, cuando hacía parte de la Asamblea del Tolima, había advertido sobre la llegada de grupos armados organizados, pero, según dijo, integrantes del barretismo negaron públicamente esas alertas. Incluso cuestionó si esa posición estaba relacionada con la cercanía política entre el Partido Conservador y el entonces presidente Iván Duque.

Cuestionamientos al Gobierno Nacional

El representante también señaló que la situación de orden público en el sur del departamento se ha agravado durante los últimos tres meses. En particular, reprochó la ausencia del presidente Abelardo de la Espriella y del ministro de Defensa en Planadas, luego del ataque que dejó cuatro personas fallecidas y numerosas viviendas afectadas.

“Han pasado diez días desde el ataque a Planadas, y ni el ministro de Defensa ni el presidente de la República se han aparecido por el sur del Tolima”, afirmó.

A sus críticas sumó el recorte de más de $321.000 millones al presupuesto del Tolima para 2027, que atribuyó al Gobierno Nacional, y cuestionó la falta de acompañamiento durante las emergencias ocasionadas por los incendios forestales.

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También puso en duda el anuncio de la gobernadora Adriana Matiz sobre 20 proyectos priorizados para el departamento, cuya ejecución estaba prevista para 2026. Según Hincapié, la Gobernación le confirmó que no tenía claridad sobre cuáles eran esas iniciativas y el Departamento Nacional de Planeación tampoco conocía el origen del anuncio.

En el debate participaron entidades nacionales y regionales, entre ellas los ministerios de Ambiente y Defensa, Cortolima, Corantioquia, la Policía Nacional, el Ejército y la Gobernación del Tolima.

La discusión se desarrolló en la Comisión Quinta del Senado, donde se examinaron problemáticas relacionadas con la minería ilegal, las afectaciones ambientales y la pérdida de control territorial, con especial atención en el sur del Tolima.