Un reciente informe de la Contraloría Departamental del Tolima dejó al descubierto  la pésima gestión de la Fábrica de Licores del Tolima durante la administración del exgerente Franz Bedoya en la administración del hoy exgobernador José Ricardo Orozco Valero.

En total, la Contraloría determinó 27 hallazgos, que evidencian la pésima gestión de la factoría, que llevó a una crisis financiera que hasta ahora está superando la entidad con la gestión de la gerente Victoria Castillo. Sobrecostos en algunos pagos y excesiva cantidad de botellas de Tapa Roja regaladas, fueron los principales hallazgos.

Es de señalar, que en muchos casos la Fábrica respondió a los cuestionamientos de la Contraloría, pero el ente de control mantuvo sus hallazgos.

Aguardiente para llevar y regalar

Uno de los principales hallazgos que explicaría la crisis, son las 245.786 botellas de aguardiente que en el 2023 la Fábrica regaló por criterio de “incentivo o degustación”. Corresponden al 19,6 % de las 1.252.089 unidades que la empresa produjo en todo el año, avaluadas en unos $1.800 millones aproximadamente. Para la Contraloría, la cantidad resulta excesiva.

“Por cada 5 botellas producidas se regaló una, y por cada 4 botellas (aproximadamente) vendidas se regaló una, lo cual se considera exageradamente alto, si se tiene en cuenta que no se evidenció ninguna retribución o impulso a las ventas de la entidad, ya que, estas disminuyeron respecto al 2022, lo que entre otras cosas determinó que para la vigencia 2023 los resultados del periodo fueran negativos, debilitando de manera sensible la viabilidad financiera de la Fábrica”, reza el informe.

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En principio, la Contraloría identificó a las botellas regaladas como faltantes en el inventario. Incluso habló de “detrimento patriomial”. Sin embargo, con su respuesta la Fábrica reveló que en realidad se trataba de las unidades obsequiadas como “incentivo o degustación” en eventos, fiestas, conciertos, entre otros actos.

No obstante, hubo un lote de 63.853 botellas, avaluadas en $465.989.536, denominado “faltante de inventario por soportar”. Es decir, que salieron de la Fábrica, sin que todavía esté del todo claro para la Contraloría el destino de las mismas.

Fábrica al garete

Y es que, lo que podría explicar este primer hallazgo y todos los demás, es que la Fábrica, en toda la gestión de Bedoya, nunca tuvo un “plan estratégico” para dirigir a la entidad. Así lo dice y ratifica la Contraloría en el informe.

“La entidad no dispuso de un plan estratégico para el periodo 2020 a 2023, que le permitiera luces claras sobre el destino de la misma (…) Es claro que en la administración anterior se presentaron graves fallas de planeación estratégica, porque esta simplemente no existió”, aseveró la entidad. Sin embargo, el entonces gobernador mantuvo a Bedoya en el cargo por los cuatro años de su periodo.

Uno de los aspectos que mejor demuestra la falta de planeación, fue el desorden con el que, según la Contraloría, se proyectaron las exportaciones de Tapa Roja a Francia.

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En el 2022, con bombos y platillos, Bedoya y Orozco anunciaron la exportación de 4.000 botellas de Tapa Roja al viejo continente. Sin embargo, la Contraloría asegura que, dos años después, la mayoría de botellas siguen guardadas en las bodegas de la Fábrica.

“Se estableció que existe según la muestra seleccionada, 3.277 unidades, las cuales fueron producidas en la vigencia 2022 y 2023, con destino al país de Francia y sobre lo cual no existe evidencia de gestión alguna por parte de la entidad para cumplir el objetivo inicialmente propuesto, que era la exportación o en su defecto el destino nacional”, enfatiza el ente de control.

Esto, según la Contraloría, equivale a un “capital inactivo” de $24.223.523. Lo mismo ocurrió con otras 6.123 botellas avaluadas en $40.728.056, que tampoco se exportaron como se había prometido. Según la nueva gerencia, evitaron venderlas debido al bajo precio en el que la administración de Bedoya las negoció. El total de “capital inactivo” asciende a $64.951.579.

“No se evidenció la existencia de un plan estratégico para llegar a mercados internacionales que permitiera establecer un horizonte de ventas y producción para tener una rotación rápida de inventarios, basados en una gestión efectiva de mercadeo”, concluyó la Contraloría.

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Cuentas ‘chuecas’

A propósito de cuentas que no cuadran, la Contraloría determinó un detrimento patrimonial en el 2023 por $1.224.409, debido a las fallas de la Fábrica para determinar el costo real de sus productos. Cantidad que la empresa habría dejado de ganar y que cuenta como “utilidades negativas”. Es decir, vendió sus productos a costos más bajos de lo que debía.

Por su parte, la Fábrica respondió que era por “descuentos” ofrecidos a sus clientes y que no estaba obligada a revelar la información de dichos acuerdos comerciales. Respuesta que la Contraloría calificó de “impertinente”.

“Se evidencia un presunto detrimento patrimonial cuantificado en la suma de $1.224.409.237, por deficiencias en el seguimiento, medición y evaluación a las variables que determinan el costo y utilidad de cada producto”, sentenció.

Otro aspecto que evidencia el descuido en la administración de Bedoya fueron los $92.095.388 que perdió la Fábrica por pagarle a un contratista las estampillas que a él mismo le correspondía.

Se trató del contrato por $3.250.000 que la Fábrica celebró con Services Solutions SAS para el suministro de botellas de vidrio durante nueve meses del 2023. En la propuesta aceptada por la empresa, el contratista incluyó un cobro adicional por “estampillas”: $161 por cada botella de 375 ml y $252 por cada botella de 750 ml.

No obstante, era el contratista quien debía pagar directamente las estampillas y no la Fábrica, según indica la Contraloría. Sin nunca percatarse o corregirlo, la empresa efectuó siete pagos al contratista, asumiendo ella los costos de las estampillas.

“La Fábrica incurrió en un Daño Patrimonial al Estado (…) debido a la falta de control y supervisión en el proceso contractual No. 072 de 2023, desde su etapa precontractual generando en su momento un daño futuro cierto al aceptar pagarle al contratista un valor por concepto de estampillas y sobre el cual adicionalmente se gravó con el impuesto del IVA del 19 %”, se lee en el documento.

Todo lo anterior y otros aspectos deberá corregirlos la nueva gerencia con los planes de mejoramiento que sugiera la Contraloría.

Asimismo, el informe ratifica que en el 2023 disminuyeron en un 41 % las ventas de Tapa Roja, lo que representa $9.803 millones menos en comparación con el 2022.