La Alcaldía de Ibagué adjudicó al Consorcio Viviendas Reposo el contrato (AI-LOP-2315-2025) para la construcción de 158 viviendas en el barrio El Reposo, un proyecto destinado a la reubicación de familias del sector Hato de la Virgen. 

El contrato, firmado en diciembre, cuenta con un presupuesto oficial de $6.699.792.244 y un plazo de ejecución de 10 meses. Sin embargo, una de las alertas detectadas es que el proyecto no cuenta con licencias de construcción aprobadas para el desarrollo de las obras.

El Cronista.co obtuvo respuestas oficiales de las Curadurías Urbanas 1 y 2 de Ibagué. En comunicaciones fechadas en marzo de 2026, se confirma que actualmente cursa las solicitudes de licencia de construcción.

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La Curaduría Urbana No. 2 informó que tiene a su cargo el trámite correspondiente a 81 predios distribuidos en las manzanas B, C, D y F. Las solicitudes se encuentran en etapa de revisión, donde se evalúa el cumplimiento de los requisitos normativos.

Por su parte, la Curaduría Urbana No. 1 señaló que existen dos trámites principales de 28 viviendas cada uno y están a la espera de que el Municipio adjunte los soportes de pago de impuestos, tasas y contribuciones asociados a la expedición de las licencias. Además, tres solicitudes adicionales se encuentran actualmente en revisión integral desde los puntos de vista jurídico, urbanístico, arquitectónico y estructural. En total, avanzan cinco trámites para la obtención de las licencias.

Aunque el Municipio inició las gestiones, el proceso formal de licenciamiento aún no ha concluido y continúa bajo evaluación técnica y legal por parte de las autoridades urbanísticas.

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El problema

El proyecto “El Reposo” fue adjudicado y su contrato se celebró el 9 de diciembre de 2025. Sin embargo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993 (artículo 25) y la Ley 1474 de 2011 (artículo 87), en los procesos de contratación pública debe garantizarse la viabilidad técnica de los proyectos, lo que incluye contar con las licencias y permisos necesarios para su ejecución.

De acuerdo con la información entregada por las curadurías urbanas, las solicitudes deben cumplir con todos los requisitos normativos. En ese proceso, la autoridad urbanística puede realizar nuevas exigencias técnicas que podrían modificar los diseños originales del proyecto o incluso llevar a la negación de las licencias.

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Lo que implica que no está garantizado que el proyecto pueda ejecutarse en las condiciones establecidas.

Si las licencias no son aprobadas, el proyecto podría enfrentar retrasos, reclamaciones económicas por parte del contratista e incluso un escenario jurídico más complejo que incluya la eventual nulidad del contrato.

Por ahora, la viabilidad del proyecto dependerá de la decisión que adopten las curadurías urbanas frente a las solicitudes de licencia. Mientras ese proceso continúa en evaluación técnica y jurídica, persisten los interrogantes sobre si las viviendas podrán construirse en las condiciones inicialmente contratadas y sobre las eventuales implicaciones que esto podría tener para el desarrollo del proyecto.