Un informe de auditoría de la Contraloría General de la República dejó al descubierto múltiples irregularidades cometidas durante la ejecución del contrato celebrado para el mejoramiento de la vía Chaparral – San Antonio, durante las administraciones de los exgobernadores, Óscar Barreto Quiroga y Ricardo Orozco Valero.

El informe es demoledor. La Contraloría detalla los aparentes actos de corrupción cometidos por el contratista, sin mayor control o vigilancia de la Gobernación del Tolima. El ente de control detectó sobrecostos en las obras, uso de materiales de mala calidad y hasta obras por las que se pagó pero que en realidad nunca se hicieron.

Según la Contraloría, el proyecto arrojó un detrimento patrimonial a las arcas públicas del Tolima de $13.442.473.533 e incumplió en buena medida su objetivo, que consistía en mejorar las condiciones movilidad para las personas que se desplazan hacia el sur del departamento. En su lugar, hoy en día quienes se desplazan por este corredor vial todavía padecen el mal estado en el que se encuentra.

La historia del fallido contrato

En octubre del año 2018 el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Departamental del Sistema General de Regalías (SGR) aprobó el proyecto por $22.431.103.406,92 para el mejoramiento y la rehabilitación de la vía Chaparral – San Antonio. Proyecto que pretendía intervenir 6,035 kilómetros de vía para beneficiar a más de 60.000 tolimenses que residen en ambos municipios.

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La plata aprobada debía servir para recuperar una vía secundaria de suma importancia para la competitividad y conectividad del sur del Tolima, y que históricamente ha sido afectada por la pérdida de banca, deslizamientos, huecos y sobre por todo por la falta de asfalto. Por eso se propuso intervenir la vía entre los sectores Cruce Maito y El Pando, a través de obras hidráulicas, muros de contención, alcantarillas, box culverts y la rehabilitación de la calzada.

Para esto, en marzo de 2019, la Gobernación del Tolima le adjudicó el contrato por $21.221.757.250 al Consorcio Infraestructura Vial 2019, integrado por el ingeniero Juan Carlos Ramírez (80 %) y Equipos y Triturados SAS (20 %). El ingeniero Ramírez, procedente de Bogotá, era el representante legal del consorcio y dueño del contrato.

En los últimos años Ramírez se ha convertido en un contratista asiduo y frecuente de la contratación pública en el Tolima. El ingeniero es conocido por sus reiteradas ‘chambonadas’, incumplimientos o fallas constructivas. Pese a esto, la fortuna lo favorece, pues continúa ganándose contratos en Ibagué y el Tolima.

Ramírez es recordado por polémicas obras como el primer tramo de la calle 103 en Ibagué, donde hizo falta el sistema de drenaje, pasos peatonales y señalización. Asimismo, se le acusa de incumplir con la pavimentación de vías urbanas en la ciudad y más recientemente se le ha conocido por el contrato que se ganó con el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) para instalar los nuevos paraderos, el cual tardó más de seis meses en iniciar su ejecución.

Por esos mismos incumplimientos y fallas brilló el ingeniero Ramírez en el proyecto de la vía Chaparral - San Antonio, contrato que se ganó siendo el único oferente que se presentó a la licitación pública. Si bien en principio el proyecto establecía un plazo de 10 meses para su ejecución, en realidad terminó por demorarse 543. El contrato sufrió seis prórrogas para el plazo de ejecución y tres adiciones presupuestales.

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Según la Contraloría, las adiciones sumaron $10.109.827.599, lo que representó un incremento del 47.63 % respecto del valor inicialmente aprobado. A su vez, el tiempo de ejecución que debía ser de 300 días, pasó a 543, casi el doble de lo previsto.

Obras pagadas que nunca se hicieron

El hallazgo más grave de la Contraloría consistió en detectar que el contratista aplicó una cantidad de material Afirmado muy inferior al que le pagaron. Se trata de una base de material granular que sirve de soporte para las capas de asfalto u otros materiales. Aunque el proyecto en realidad requería 12.674m3 de este material, el contratista reportó una supuesta cantidad de 27.968,91 m³ ejecutados. Es decir, cobró 15.294 m³ de más y se le pagaron $2.529.157.768 por el volumen adicional de material que el proyecto ni siquiera necesitaba.

A su vez, la Contraloría determinó que el contratista solo pudo acreditar la ejecución de 479,1m3, aunque lo requerido era 12.674m3. Pese a esto, le pagaron $2.016 millones por la aplicación de material que nunca pudo acreditar. En total, la Gobernación le hizo pagos al contratista que acumulan $4.545.819.600, por material que en realidad nunca se aplicó sobre la vía.

Lo mismo ocurrió con las cunetas que se debían construir al costado de la vía. La Contraloría encontró que el contratista recibió un pago de $621.047.165 por cunetas que nunca se construyeron. Mientras el equipo auditor del ente de control calculó 458.03m3 de cunetas, al contratista le pagaron como si hubiera construido 793.23m3.

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“La Contraloría General de la República evidencia una lesión al patrimonio público, en detrimento de los recursos de regalías invertidos por la Gobernación del Tolima, en la ejecución del contrato de obra 681-2019, y contrato de Interventoría N°1507-2019, por cuanto la obra construida no cumple los preceptos establecidos en la normativa jurídica, financiera y técnica referida presentando así deficiente calidad en la obra”, se lee en el informe.

Obras de mala calidad

Lo que más aportó al detrimento patrimonial estimado por la Contraloría, fueron los $4.780.491.575 que la Gobernación le pagó al contratista por obras hechas con materiales de mala calidad o en las que se detectaron fallas constructivas.

Por ejemplo, el ente de control indicó que en un tramo de la vía de 2039,8 metros se hallaron irregularidades como la falta de cunetas, deficientes obras de drenaje, falta de compactación de los materiales aplicados, menor espesor del estipulado en el contrato, lo que contribuyó a su deterioro prematuro. ‘Chambonas’ que le costaron al departamento $2.724.600.468.

En otro tramo de 7.309 metros cuadrados, también se detectaron en la vía fisuras, socavaciones, hundimientos, baches y hasta la denominada “piel de cocodrilo”, es decir, grietas en el asfalto aplicado. Esas obras mal ejecutadas, que incumplían las especificidades técnicas exigidas y ponían en riesgo la durabilidad del proyecto, costaron $2.022.378.257.

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$180 millones embolatados

A lo largo del informe también queda claro que el contratista recibió $80.405.657 para el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y $200.963.330 para el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA). No obstante, nunca pudo acreditar la inversión total de esos recursos.

Los $80 millones del PMT los debía invertir en elementos de señalización como conos, paletas de pare y siga o en personal que controlara el tránsito en las zonas donde se ejecutaban las obras. Asimismo, debía invertir $200 millones en la gestión ambiental del proyecto.

Ahora bien, nunca quedó claro cómo o cuándo invirtió el contratista los $80 millones del PMT, ya que no presentó ningún soporte, y del PAGA pudo acreditar la inversión de la mitad del rubro asignado, por lo que fue posible establecer qué hizo con los restantes $100.925.204.

Otras obras que nunca se hicieron

Otro de los principales hallazgos de la Contraría consistió en detectar obras que en realidad nunca se hicieron. En su informe, el ente de control precisa que el contratista omitió la pavimentación o mejoramiento de la vía a lo largo de múltiples tramos, por lo que dejó sin ejecutar $1.602.216.453. En más de 2.000 metros el contratista omitió la aplicación de la mezcla final que debía cubrir la vía y en otros 347 metros lineales también se halló un faltante de ejecución.

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Si bien la Gobernación sostiene que esos $1.600 millones nunca le fueron transferidos al contratista, tampoco aportó las evidencias que demuestren dónde se encuentra el dinero. “A la fecha de hoy 15 de julio de 2025, no hay evidencia de que los recursos correspondientes a dicho incumplimiento hayan sido devueltos al SGR, lo que evidencia el daño patrimonial, razón por la cual se justifica mantener lo observado valor de $1.602.216.453”, reza el informe.

A la par, la Contraloría desestimó los supuestos argumentos que presentaron la Gobernación y el contratista para justificar las obras que dejaron sin ejecutar. La entidad sostiene que los análisis con los que intentaron demostrar que era imposible la pavimentación debido a fallas geológicas en la zona, en realidad evidencian “una planeación inadecuada, pues tenía la Gobernación la obligación de realizar unos estudios previos que consideraran".

La Gobernación, en lugar de contradecir los argumentos técnicos de la Contraloría, “se limitó a manifestar la necesidad de enviar una comisión de verificación a cada punto, lo que evidencia una clara falta de seguimiento y control sobre la ejecución del contrato”.

Culpa de la interventoría

El informe de la Contraloría también deja claro que, en mayor medida, la gran responsabilidad del aparente saqueo de los recursos públicos la tuvo la interventoría del proyecto. Se trata del Consorcio Mejoramiento de Vías 190 que se ganó el contrato por $1.209.299.420, el cual inició su ejecución en agosto del 2019.

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Al igual que el contrato de obra, la interventoría también tuvo prórrogas por 210 días y adiciones presupuestales por $1.105.634.231. Es decir, costó alrededor de un 45 % más de lo previsto inicialmente. Pese a esto, su trabajo fue tan pobre, que la Contraloría la señaló como la culpable de inducir al error a la Gobernación para pagarle al contratista por obras de mala calidad o que nunca se hicieron.

“La omisión en las funciones de vigilancia y control por parte de la interventoría permitió que las irregularidades detectadas por este órgano de control no fueran detectadas y corregidas a tiempo, impactando negativamente la buena ejecución de los recursos públicos, razón por la cual la interventoría es solidariamente responsable de los reproches aquí realizados”, señaló la Contraloría.

Además, agregó que los informes de la interventoría contenían información falsa, la cual le sirvió al contratista para alcanzar a cobrar $29.806.106.815, correspondiente al 95 % de lo ejecutado. Por eso considera el ente de control que las autoridades judiciales deben llamar a los responsables a responder por posibles delitos como fraude procesal y peculado por apropiación.

Por último, le endilga la Contraloría a la Gobernación la falta de planeación, control y vigilancia, lo que también contribuyó al rotundo fracaso del proyecto, a que se pagaran $5.166.866.765 por obras que nunca se hicieron y $4.780.491.575 por otras de mala calidad.