Durante un debate de control político en el Concejo de Ibagué, el cabildante Jorge Bolívar lanzó fuertes cuestionamientos sobre la contratación otorgada a la empresa Servicios Empresariales SYK S.A.S., firma que, según sus denuncias, habría recibido contratos por más de 17.000 millones de pesos a través de diferentes entidades y dependencias del Gobierno Municipal.

El concejal aseguró que la compañía se ha convertido en una de las principales contratistas de la administración local y expresó preocupación por lo que calificó como posibles irregularidades en la ejecución de varios convenios.

“A la empresa que provee concentrados para el Capa, el Gobierno Aranda le ha dado contratos por 17 mil millones de pesos”, afirmó Bolívar durante su intervención.

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Entre los hallazgos expuestos por el cabildante figura un presunto sobrecosto superior al 50% en la compra de kits de aseo destinados a personas privadas de la libertad, situación que, según indicó, debería ser objeto de revisión por parte de los organismos de control.

Otro de los puntos señalados por Bolívar está relacionado con la contratación de personal para labores de aseo en instituciones educativas y dependencias de la Alcaldía. De acuerdo con la denuncia, en algunos contratos se habría reportado la vinculación de cerca de 160 trabajadores, mientras que en las planillas de aportes a seguridad social (PILA) solo aparecerían registros correspondientes a entre 40 y 50 personas.

El concejal sostuvo que esta situación podría evidenciar una posible tercerización irregular o inconsistencias en el pago de prestaciones y aportes sociales de los empleados vinculados a estos contratos.

Las denuncias también incluyen la contratación suscrita por distintas entidades del municipio. Según las cifras entregadas por Bolívar, los valores contratados con la empresa serían los siguientes:

Alcaldía de Ibagué: $11.256.092.707 (incluyendo adiciones).

IBAL: $1.975.748.817.

SETP: $125.254.938.

USI: $977.406.308.

El cabildante manifestó que estas cifras obligan a una revisión detallada de la destinación de los recursos públicos y de la ejecución contractual.

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Como parte de sus solicitudes, Bolívar pidió a la Fiscalía General de la Nación adelantar un análisis forense de todos los contratos celebrados con la empresa, con el propósito de establecer si existen irregularidades administrativas o posibles hechos de corrupción.

Asimismo, instó a las autoridades competentes a verificar el destino de los recursos que, según sus denuncias, no estarían reflejados en los aportes a seguridad social de los trabajadores reportados en los contratos.

La denuncia fue presentada en el marco del control político que ejerce el Concejo Municipal y ahora queda en manos de los organismos de control determinar si existen méritos para abrir investigaciones formales sobre los hechos expuestos.