Por: Pipe Ferro

Más de 70 policías fueron SECUESTRADOS, amedrentados, humillados y hasta uno de ellos fue asesinado en manos de una protesta supuestamente legítima que se maquilla con esa búsqueda de "paz total" que les vendieron en la anterior campaña presidencial.

Cada día importan menos las vidas de policías y soldados que dan su vida para la protección de la nuestra. Actualmente, para el gobierno nacional, la dignificación de la fuerza pública pasa a un segundo plano y los enfrentamientos en las regiones aumentan considerablemente, donde comunidades con imaginarios de luchas pacíficas, en muchos casos son instrumentalizados por grupos criminales para atizar los conflictos, la violencia y sobre todo atacar a nuestra fuerza pública.

Duele y es decepcionante que un gobierno que prometió ser un cambio no se interese por garantizar los derechos fundamentales de quienes siempre nos protegen. Sin embargo, sí tratan de confundir a la ciudadanía con supuestos menores índices de criminalidad y les cambian descaradamente los nombres a los delitos.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, se pronunció diciendo que la situación de todos aquellos policías en el Caquetá no se trataba de un secuestro, sino más bien de un cerco humanitario. Además, dejó claro que tenemos un gobierno que no investiga ni analiza la magnitud de lo ocurrido y no prestan importancia a los testimonios de todos aquellos patrulleros que fueron privados de la libertad.

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Lo ocurrido es una lección profunda para exigir con rigor la aplicación de la Ley y que la justicia garantice y apoye totalmente a cada víctima. Es necesario que, en el debate de moción de censura que será citado en el congreso de la República, por el Centro Democrático, al ministro de defensa, este le dé respuestas al país de lo sucedido en el Caquetá, y que, como ha quedado de mostrado, de un paso al costado porque el puesto le quedó grande y la muerte de nuestro policía no puede quedar impune.

El secuestro de 70 policías, porque reitero, fue un secuestro, y no ningún cerco humanitario, es un hecho alarmante que pone en peligro la seguridad y el bienestar de toda la fuerza pública en el país, porque alentará a más ataques indiscriminados en contra de su integridad, en vista de con que el accionar del Gobierno Petro de omisión y de poco respaldo ha dado carta blanca para que estos hechos se sigan repitiendo.

No podemos admitir que este tipo de hechos se vuelvan comunes en el país, sería muy doloroso que lo que pasó en el Caguán se vuelva a repetir. Pero hay una realidad y es que mientras este Gobierno siga claudicando ante la delincuencia y el terrorismo, estas situaciones se continúen reiterando.

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Por eso en el Tolima tenemos que estar muy atentos, pues la presencia de grupos armados, mal llamados disidencias de las FARC en el sur del Departamento, es una campanada de alerta para que se tomen medidas que permitan proteger a la población, se evite el reclutamiento forzado, y sobre todo que se impida que los tolimenses de esa región sean instrumentalizados por estos bandidos para atacar a nuestra fuerza pública. De ninguna manera debemos permitir que lo sucedido en los Pozos, se presente en nuestro territorio.

Por lo anterior, debemos unirnos como sociedad y enviarle un mensaje claro a este Gobierno, que este tipo actos violentos en contra de nuestra policía, los condenamos de manera categórica y que exigimos justicia. Que las cosas se deben llamar por su nombre y no utilizar eufemismos para engañar a la ciudadanía. Es importante recordar que el secuestro es un delito grave que viola los derechos humanos y debe ser castigado de acuerdo con la ley, repito, SIN CAMBIAR SU NOMBRE.

Para prevenir futuros actos de violencia y secuestro, se deben tomar medidas efectivas para mejorar la seguridad en todo el país, fortalecer las instituciones gubernamentales y trabajar para abordar las causas subyacentes de la violencia. Es importante que las autoridades colombianas trabajen en conjunto para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y de quienes también velan por nuestra seguridad para mantener el estado de derecho.

Pipe Ferro

Presidente Asamblea del Tolima.