Sus principales causas radican en la rentabilidad de las economías ilegales, la proliferación de grupos u organizaciones armadas y, una política de seguridad equivocada.

Economía ilegal

Los mercados trazan relaciones entre el comportamiento del precio de una mercancía u otra, o entre una mercancía y una divisa. En Colombia esta relación está representada en la triada Cocaína, precio de la onza de oro y precio del dólar.

Los registros históricos muestran que la economía ilegal colombiana varía entre el cultivo de coca y la minería ilegal, según el alza o la contracción de los precios, es decir, si los precios de la onza de oro suben, se reduce la producción de cultivos ilícitos y se potencia la minería ilegal, o, por otro lado, si el precio de la onza de oro baja, se reduce la actividad minera y se potencia la producción de cocaína.  

Pese a lo anterior, actualmente ambas economías son más rentables y operan activamente. Este comportamiento obedece, entre otras cosas, a la subida sostenida del precio del dólar y a la creciente demanda extranjera. A partir de esto se intensifican las disputas por el control de estos ilícitos y se potencia la financiación de la violencia.

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Las medidas para enfrentar estas economías ilícitas evidencian una clara confusión a la hora de diferenciar los diversos eslabones de la cadena productiva.

El rol protagónico asignado a la aspersión de glifosato o la erradicación de cultivos perjudica principalmente al agricultor, a quien corresponde apenas el 0,04% del costo final del producto. Este eslabón opera obligado o por necesidad, ya que en algunos casos son amenazados para sembrar o en otros lo hacen porque simple y llanamente, debido a costos de agroinsumos, insecticidas o semillas certificadas, es más barato cultivar coca que alimentos, convirtiéndose en su única fuente posible de ingresos. De acuerdo con lo anterior, el agricultor es otra víctima del narcotráfico y nunca su responsable. 

Ahora, el traficante, a quien corresponde la mayor ganancia del negocio, tiene diversas salidas. Puede producir mayor cantidad en menos espacio, tal y como lo demostró el último informe de Naciones Unidas, puede, por medio de la violencia, crear nuevas zonas para la productividad, puede alternar entre un territorio u otro y puede alternar entre un mercado u otro.

En síntesis, en aras de mitigar los efectos de la producción de mercancías ilícitas, la política de seguridad sigue empeñada en invertir 72 millones de pesos por hectárea para la aspersión aérea, medida que no garantiza una respuesta contundente contra el traficante, pero que sí perjudica al agricultor.

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Proliferación de grupos armados

El actual gobierno posee un sesgo ideológico que nubla su juicio y la realidad objetiva.

La actual política de seguridad desconoce las nuevas realidades del país, aún opera creyendo que existe una fuerza subversiva con la convicción y los medios para tomarse el país y resquebrajar la institucionalidad y, bajo esta perspectiva ha sido negligente en el reconocimiento y el control del más variado número de organizaciones o grupos armados, que nacieron luego del vacío de poder generado por la desaparición del hegemón de la criminalidad (FARC).

Invierten demasiados esfuerzos en “combatir” fantasmas del pasado y no en hacer seguimiento a las disputas entre Gao-residuales, el ELN, el clan del golfo, los pelusos, los caparros, las autodefensas Gaitanistas, las águilas negras, los carteles mexicanos y decenas de grupos más, que se enriquecen así mismos o a terceros a costa de la economía ilegal y la violencia sobre los territorios.

Este caldo de cultivo hace parte de las causas estructurales que dieron origen a este nuevo episodio de terror y, está lejos de remediarse si el gobierno no hace un diagnostico objetivo, sin graficas amañadas y eufemismos ofensivos, o, si no deja de trazar soluciones basadas en su delirio ideológico. 

*Politólogo U. del Tolima

Fuentes

-Observatorio de drogas de Colombia.

- “Política de seguridad y defensa para la legalidad, el emprendimiento y la    equidad”.

-Política pública de paz “paz con legalidad”.

-Pares. Informe reactivación del conflicto y Narcotráfico en Colombia.