Por: Carlos Alberto Estefan Upegui 
Exgobernador del Tolima

La autoridad y el carácter van de la mano.

La ambigüedad no es buena para el gobernante.

Las decisiones deben venir acompañadas de las suficientes razones y certezas.

Una decisión es un mandato perentorio para los subalternos que deben implementarla y ejecutarla. No haberlo hecho de parte suya conlleva una explicación y consecuentemente si hubiere lugar, una sanción.

Una decisión tomada no puede dejarse a la deriva, debe hacerse el seguimiento hasta garantizar su plena ejecución, sujeta si se quiere a los ajustes y correctivos a que haya lugar si es que algún inconveniente se presenta. En el gobierno hay decisiones que corresponden a varios periodos gubernamentales y una vez adoptadas se convierten en una tarea por cumplir de quien ejerza en el período inmediatamente siguiente, siempre que se haya asegurado a tiempo  la cuantía suficiente, la disponibilidad presupuestal y de tesorería para hacer factible su ejecución.

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Recordemos que uno es el presupuesto que relaciona los gastos por llevarse a cabo, pero aún faltaría por asegurar los recursos y su disponibilidad en tesorería.

Lo uno sin lo otro no es posible. Cosa diferente es que quien deba llevar a cabo la ejecución no esté de acuerdo. Determinación que debe justificar plenamente, entre otros aspectos por que se haya incurrido en anormalidades de trámite o en el lleno de requisitos legales.

La priorización del gasto respecto de otras necesidades urgentes y más importantes, es otra justificación racional. Y no debe tenerse  temor en plantearse y sustentarse con carácter. Entre tanto si la no ejecución corresponde a descuido negligencia o ineficiencia, es indispensable señalar culpables y aplicar sanciones.

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Entre tanto, la reciente determinación Panam Sports de desconocer a Colombia como sede de los Juegos Panamericanos de 2027, ha llevado al presidente de la República, Gustavo Petro, a pedirle a esa organización, mediante comunicación escrita, mantener la autorización para el desarrollo del compromiso, porque, afirmó, existe voluntad para superar los obstáculos que llevaron a esa severa decisión.

No obstante, si la no ejecución se ve afectada por descuido, negligencia o ineficiencia, es indispensable señalar culpables y aplicar sanciones.