En el poema “los nadie”, de Eduardo Galeano, se describe con crudeza la dualidad entre la ilusión y el flagelo de quienes fueron condenados por el orden de cosas existente a una vida miserable.

Una de las expresiones utilizadas en este poema encaja perfectamente con la suerte de los líderes sociales colombianos, quienes ante la mirada atónita de la comunidad internacional son asesinados, con la complacencia de diversos actores nacionales y la negligencia del Estado. Al parecer, estos son los nadie, los que valen menos que la bala que los mata.

La pauta publicitaria de las últimas semanas resaltó el informe de la tasa de muertes violentas en Colombia, cuyo registro llegó a 23,31 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las tasas más bajas en los últimos 46 años, y, un efecto lógico del confinamiento social de los últimos meses. Esta información debería ser celebrada, pero el júbilo es incompleto ya que este indicador contempla sólo homicidios comunes y deja por fuera a aquellos que se dan debido al conflicto o que están vinculados con la violación de los derechos humanos, escenario bastante recurrente en las zonas periféricas de país.

Mientras en la Colombia urbana, con centros productivos y presencia institucional las muertes violentas bajan, en la Colombia rural, sin Estado, copada de grupos armados y condenada a la producción de cultivos ilícitos, los homicidios no han tenido tregua, descanso o cuarentena.

Sólo en el primer trimestre de este año se reportaban 37 líderes sociales asesinados y se encontraban en verificación otros 49 homicidios, actualmente, según Indepaz, han sido asesinados 173 líderes sociales.

La información evidencia un serio problema de seguridad en muchos rincones del país. En el presente año la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) advirtió que tan solo en el primer trimestre de este año 10.000 colombianos fueron desplazados, 7.300 se encuentran confinados y más de 100 fueron víctimas de minas antipersonal.

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Este escenario es el resultado de la incapacidad del gobierno anterior para llevar a la práctica los acuerdos de la Habana tras dos años de firma y, la incapacidad y el negacionismo del actual gobierno al modificar el referencial de la política de paz, que, aunque respondía procedimentalmente a los acuerdos, modificaba su naturaleza.

A partir de esto, las zonas con vacío de poder fueron ocupadas nuevamente por la criminalidad; se desdibujó la diferencia entre consumidor, productor y traficante de cocaína, pues aún se cree que el criminal es el campesino que la siembra y que la erradicación es la solución definitiva; la inversión social nunca llegó a las zonas periféricas, pues aún sostienen que la solución a los conflictos es un asunto estrictamente de orden público; aparecieron nuevamente reportes de ejecuciones extrajudiciales; no se trabajó en asuntos de tierras; y, la institucionalidad aún se niega a reconocer en la práctica el criterio de sistematicidad en asesinatos a líderes sociales. 

El resultado de la negación y la torpeza es el incremento de la producción de droga y la proliferación de estructuras criminales. Tan solo en zona fronteriza con Venezuela se reportaron 28 estructuras armadas ilegales, 13 grupos armados organizados y 14 organizaciones criminales transnacionales y, en el resto del país se registró además un incremento de grupos GAO, grupos GAPF y la expansión y consolidación del Clan del Golfo y el ELN.

En últimas, la resiliencia de las comunidades se convierte en un obstáculo para el crimen, ya que los grupos armados utilizan el abandono y el atraso para fortalecerse, pero, si el Estado no muestra voluntad para frenar la proliferación de estos grupos, si no reconoce la importancia de estos líderes y si no lleva inversión social a los territorios, los líderes sociales sí o sí estarán condenados a perecer y a seguir siendo los que valen menos que la bala que los mata.

Fuentes:

-Reporte policía Nacional de Colombia (2020) “Tasa de homicidios”. -Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. –Indepaz. -Pares. Informe seguridad en la fronteras y reactivación del conflicto. -Política pública de la presidencia “Paz con legalidad”

*Politólogo Universidad del Tolima