Por Iván Ramírez Suárez

@jiramirezsuarez

Los concejales de Ibagué, con una o dos excepciones, pasarán a la historia de nuestra ciudad y de Colombia, no tanto por sus virtudes, capacidades y positivos resultados, sino por ser los más torcidos del país. Así lo han demostrado las sentencias judiciales que han declarado nula la elección de los dignatarios municipales que por mandato constitucional y legal tienen que realizar mediante un procedimiento reglado. Los concejos, deben elegir una vez instalados al inicio de su período, al contralor (a) y personero (a) municipal para un período de cuatro años, así como su secretario (a) que tiene un período anual.

Las tres elecciones hechas por nuestros concejales al inicio del año 2016, fueron declaradas nulas por el Tribunal Administrativo del Tolima mediante sendas providencias. Y dos de ellas - de contralor y personero - fueron confirmadas por el Consejo de Estado en segunda instancia. La de la secretaria, Doris Cabiedes, está aún surtiéndose el trámite del recurso de apelación interpuesto por la afectada. Al contralor Ramiro Sánchez, lo eligieron estando inhabilitado y desconociendo el concurso de méritos que ellos mismos habían contratado con dineros de nuestros impuestos. Al personero Julián Prada, en igual sentido, lo eligieron estando inhabilitado, a pesar de las advertencias previas de su evidente inhabilidad.

Pero como la picardía no fue castigada a tiempo, se convirtieron en reincidentes. Eligieron un nuevo personero, Camilo Ossa, desconociendo el concurso de méritos contratado otra vez con nuestros impuestos. Efraín Hincapié, quien fue calificado con el mayor puntaje, demandó la elección y otra vez el Tribunal Administrativo del Tolima la declaró nula, teniendo como soporte el desconocimiento del orden de selección hecho en el concurso de méritos, ordenando a la vez sumarles una investigación disciplinaria  más a su torcido historial como. Sin contar, con la denuncia penal que en su contra anunció el perjudicado.

Si las consecuencias fueran solo para ellos, todo estaría bien, porque merecidas las tienen. Pero el problema nos afecta a todos, en la actualidad y en el más inmediato futuro. Al haber sido sancionados 16 de ellos en uno de los varios procesos disciplinarios que les adelanta la Procuraduría, estamos sometidos a los intereses y decisión de tres concejales, que hacen mayoría dentro de los cuatro que hoy integran el “honorable” Concejo de Ibagué. Además, es conocido que quienes resultaron lesionados por sus dolosas actuaciones, demandaron y demandarán al Municipio para que les paguen los perjuicios sufridos y los salarios y prestaciones laborales dejadas de percibir, durante el tiempo para el cual debieron ser elegidos conforme a lo ordenado en los respectivos procesos de selección. Cinco demandas administrativas, en las que cuatro de ellas tendrán como base de la liquidación los mismos factores y valores salariales devengados por el Alcalde y que saldrán de nuevo de los bolsillos de quienes nada tuvimos que ver con la ilicitud de los concejales.

Antes de escribir esta columna, ausculté la opinión de conocidos y amigos (20 en total) sobre el concepto que tienen del actual concejo de la ciudad. Las respuestas para mí, son impublicables y con la salvedad que a todos no los metieron en el mismo costal. De ahí, que para nosotros, como un querido dueto ibaguereño, estos concejales serán inolvidables.