Por: Humberto Leyton

La situación planteada en la renuncia irrevocable de la directora de Contratación de la Alcaldía de Ibagué, María Margarita Rueda Abraham, por razones de seguridad no solo de su integridad personal sino también de su familia, deja al descubierto un grave entorno de fétido olor en el área contractual del Municipio.

Las amenazas de muerte son propias de organizaciones criminales y carteles mafiosos que tratan, a cualquier precio, secuestrar para sí, el sistema de contratación de una administración que desde hace cuatro años y medio, ha sido laxa en la adjudicación de millonarios contratos, dejando grietas en transparencia y pulcritud en los procesos de licitación pública, donde el direccionamiento y los pliegos tipo sastre han sido el denominador común en toda la administración del exalcalde Andrés Hurtado, y en los seis meses que llevamos de la alcaldesa Johana Aranda.

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Y es precisamente en este escenario, donde actuó la señora Rueda Abraham, por cuyas manos pasaron el oscuro convenio de Infotic, para el Sistema Estratégico de Transporte Público (Setp), que iría a manejar una suma estimada en 17 billones de pesos, durante los 15-20 años de su vigencia; también está el fallido contrato del puente de la 60, estimado en 40 mil millones de pesos, y el fracasado contrato conocido como el ‘Ojo de Dios’, un supuesto plan de video de vigilancia por más de seis mil 500 millones, que buscaba convertir a Ibagué en una de las capitales más seguras del país.

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Estos, entre otros, sin contar con el fracasado contrato de rehabilitación del parque Centenario, inicialmente concebido por 27 mil millones de pesos, pero que con el escándalo quedó en siete mil 600 millones, son los proyectos frustrados de Hurtado, todos con sobrecostos exorbitantes, sin planificación y acomodando y atropellando las normas y leyes de contratación.

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Y cómo no hablar del cuestionado contrato del software para el cobro del predial y el catastro multipropósito suscrito entre el alcalde Hurtado y la polémica empresa Realtix SAS, donde el mentiroso exmandatario dijo que había costado 200 millones de pesos, pero que después el concejal Jorge Bolívar, en un debate demostró con documentos que realmente el costo de este entuerto fue de nueve mil millones de pesos.

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A esta maraña corrupta en la contratación del municipio era a la que estaba enfrentada la señora Rueda Abraham, sin querer decir que no se le haya pasado u no que otro contrato al menos dudoso. De tal suerte, no fueron hechos casuales sino sistemáticos, continuos y permanentes que se registraron en la contratación sin el lleno de los requisitos legales en la pasada administración, ejemplo que hasta el momento, sigue la actual mandataria elegida bajo la sombra tutelar de Hurtado.

Así las cosas, es fácil entender la renuncia de la directora de Contratación de la Alcaldía de Ibagué, presionada por las amenazas a su integridad personal y de su familia por parte de delincuentes al servicio de las mafias de contratistas que se han tomado la Alcaldía de Ibagué.

Nada honroso para un gobierno que un funcionario tenga que retirarse por estar cumpliendo con su deber; máxime cuando éste para tomar sus decisiones ha estado respaldado por las interventorías, las veedurías y las denuncias públicas sobre la indebida contratación como el caso del puente de la 60.

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Pero lo más aberrante de esta situación es que el exalcalde Andrés Hurtado, ha defendido abiertamente estas contrataciones e insiste en que se realicen, incluso le da órdenes públicamente a su sucesora para que, pasando por encima de la ley, las realice.

No entendemos el supremo interés que ha demostrado Hurtado en la defensa de estos adefesios de contratación, o mejor si lo entendemos, los que no lo entienden es el Concejo Municipal, que siempre ha guardado silencio cómplice ante todos los actos de corrupción de la administración Hurtado, salvo la actitud valiente de algunos concejales que, como Jorge Bolívar y Andrés Zambrano, se han salido del redil que maneja Hurtado, y han denunciado ante las autoridades estos hechos.

Igual cosa sucede con los llamados organismos de control: Contraloría y Personería Municipal que actúan como apéndice del alcalde de turno, y se olvidan de las funciones de control que por ley deben cumplir.

Y, entre tanto, seguimos esperando los resultados de las investigaciones que realiza la Fiscalía sobre estos y otros hechos denunciados, para saber si el señor Andrés Hurtado es inmune ante la ley.

Por último, sólo nos queda lamentar que una renuncia con revolver en la cabeza como la de María Margarita Rueda Abraham, no haya generado indignación en ningún funcionario del gobierno municipal, mucho menos en el Concejo de pacotilla que tenemos, y esperamos que la Fiscalía así sea de oficio, investigue este grave delito penal.