Al mismo tiempo que aumenta la construcción en Ibagué, pululan a igual ritmo las oficinas dedicadas a la venta y administración de propiedad raíz, algunas de las cuales está por probarse sí poseen o no registro en Cámara de Comercio y representación legal.

Según noticias de prensa, no podríamos confiar en todas, pues actúan como Pedro por su casa sin que nadie les diga nada o por lo menos, tendría que pasar mucho tiempo ante cualquier irregularidad, para que las autoridades se acomidan a tomar cartas en el asunto.

Situación que se refleja en atropellos contra los clientes, tales como dejar de rendirles cuentas o retener y disponer de sus dineros a pesar de existir la obligación de entregarlos de manera oportuna y exacta. 
Oficinas muy bien situadas, con la apariencia de un despacho donde se ofrece "asesoría profesional".

Maquillaje que utilizan para hacerse pasar por gente proba, lo cual les sirve para embaucar personas de bien que confían en ellos y que terminan sometidos al parecer a incidentes de abuso de confianza y supuesta apropiación indebida de su dinero.

Es el caso de un inmueble en consignación, diligencia muy frecuente de parte de quienes poseen un apartamento u oficina y esperan obtener una renta mensual por su arriendo. 

Suele suceder que esas llamadas "inmobiliarias", además de retener el dinero, cuando el propietario quiere retomar la administración, bien para cambiar de inmobiliaria o simplemente para ocuparlo, se resisten a entregárselo o resuelven amedrentarlo al cobrarle una indemnización a la cual dicen tener derecho. 

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La Ley 820 de 2003 rige para arrendar bienes raíces destinados a vivienda urbana de su propiedad o de terceros, o para labores de intermediación comercial entre arrendadores y arrendatarios.

Sin embargo, esa labor requiere inspección, control y vigilancia de parte de la Alcaldía, actualmente en cabeza de la Dirección de Espacio Público adscrita a la Secretaría de Gobierno Municipal, pero desafortunadamente se han dado casos en los que luego de formularse una queja pasan hasta tres años o más para ser resuelta. 

No queda más que recurrir a las inmobiliarias tradicionalmente acreditadas y cuyos representantes sean personas decentes, preferiblemente conocidas desde hace años, sin antecedentes judiciales e inscritas en la Lonja de Propiedad Raíz, la cual inclusive aún no se sabe si existe o no en Ibagué.

Al respecto, mucho se ha dicho acerca de la necesidad de crear una Superintendencia que vigile a las Inmobiliarias o por lo menos lo hagan las ya existentes como la Superintendencia de Sociedades o la de Industria y Comercio, pero todavía no hay nada concreto.

Desafortunadamente, en este negocio hay mucha corrupción, razón por la cual, lo mejor es abrir bien los ojos pues estos avivatos alternan con altos ejecutivos de negocios y hasta se afilian a los clubes sociales, aparentando ser personas de conducta "ejemplar", con el fin de poder hacer de las suyas.