Por Manuela Ospina Varón
Master in international Business Administration - Miami, Florida

Recientemente, el presidente Gustavo Petro se ha sumado a la controversia sobre los vuelos de deportación de colombianos desde Estados Unidos hacia Colombia, manifestando su preocupación por el trato que reciben los deportados durante este proceso. Sin embargo, lo que no ha quedado claro es que este tipo de deportaciones no son una medida reciente ni unilateral del gobierno de EE. UU., sino que están regidas por una serie de acuerdos y procedimientos establecidos entre ambos países, que requieren planificación y coordinación.

Es sorprendente que, al parecer, el presidente Petro no esté completamente informado sobre los procesos que regulan estas deportaciones. El gobierno colombiano ha sido parte activa de este procedimiento durante años, a través de la Cancillería, los consulados y otras instituciones, y ha trabajado de la mano con las autoridades estadounidenses para gestionar la repatriación de los ciudadanos colombianos.

¿Por qué la desinformación?

Los vuelos de deportación no se organizan de manera espontánea ni arbitraria. En realidad, los consulados colombianos en EE. UU. desempeñan un rol fundamental en la coordinación del proceso. Cada deportación es cuidadosamente planificada, y las autoridades colombianas, como la Cancillería y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), trabajan en conjunto para asegurar que se cumpla con los procedimientos establecidos.

Acuerdos claves como el Tratado de Extradición (1979), el Acuerdo de Repatriación de Deportados (1997) y la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos (INA) son apenas algunos de los documentos que regulan este proceso, pero parece que el presidente Petro no ha considerado la profundidad y complejidad de estos acuerdos antes de hacer declaraciones al respecto.

Si bien es cierto que la condición de los deportados merece atención, no es justo cargar toda la responsabilidad sobre un proceso que se ha mantenido constante a través de administraciones estadounidenses de diferentes signos políticos. Los vuelos de deportación no son exclusivos de la administración de Donald Trump ni de la de Joe Biden. Estas repatriaciones se realizan mes a mes, independientemente de la postura migratoria que tenga el gobierno de turno en Washington.

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¿Qué no entiende el presidente Petro?

La gestión de los deportados no se limita a la queja sobre las condiciones en las que viajan. Si bien las condiciones de traslado han sido objeto de crítica durante años, no es un fenómeno exclusivo del gobierno Trump. Las denuncias sobre el maltrato a los deportados provienen de la misma forma desde la administración Bush, pasando por Obama, hasta llegar a la actual.

Es hora de que el presidente Petro comprenda que la política de deportaciones está regulada por acuerdos bilaterales que no se pueden modificar sin afectar la cooperación internacional en materia de inmigración y seguridad. Los consulados colombianos no son solo meros receptores de quejas; son actores clave en este proceso, facilitando la documentación necesaria para los deportados y asegurándose de que el regreso se realice de acuerdo con las normativas.

El rol del Gobierno colombiano en la repatriación

El gobierno de Colombia, encabezado por la Cancillería, tiene la responsabilidad de garantizar que los derechos humanos de los deportados sean respetados y que se coordinen las condiciones para su reintegración a la sociedad colombiana. A pesar de las críticas, es cierto que Colombia sigue trabajando para mejorar los procedimientos y la atención a sus ciudadanos deportados. Sin embargo, este esfuerzo no puede verse opacado por comentarios superficiales que no reflejan la complejidad de la situación.

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Es fundamental que el presidente Petro se informe adecuadamente sobre los acuerdos internacionales y los procedimientos operativos para gestionar las deportaciones, y que entienda que este proceso, aunque complejo y muchas veces doloroso, está regido por normativas y acuerdos que van más allá de la voluntad de un solo gobierno.

Conclusión:

El proceso de deportación de colombianos desde EE. UU. es el resultado de una serie de acuerdos bilaterales y leyes internacionales que han sido gestionados por décadas. A pesar de las críticas y las preocupaciones legítimas sobre las condiciones de los deportados, es imperativo reconocer que la responsabilidad de este proceso no recae exclusivamente sobre un gobierno en particular. El presidente Petro debe entender que estas deportaciones son parte de una política migratoria establecida y no un fenómeno aislado o producto de una administración específica.

Existen otras vías diplomáticas, como las utilizadas recientemente por México y Brasil, para manejar este tema de forma más efectiva; una acción consciente y respetuosa de las relaciones bilaterales es el deber ser de un presidente, no hablar sin fundamento ni de manera errática. Solo con un enfoque informado y serio sobre estos acuerdos podrá garantizar una postura más sólida y constructiva respecto a la protección de los derechos de los colombianos deportados.