Por Jairo Rivera Morales

El 30 de abril de 2026, exactamente veintiocho años después de que un puñado de investigadores valientes penetrara en las entrañas financieras del paramilitarismo colombiano, Amelia Pérez Parra recibió el homenaje de varios artistas que quisieron nombrar, en voz alta y sin vergüenza, lo que la historia oficial durante tanto tiempo prefirió susurrar. 

El escenario del homenaje era, al mismo tiempo, una elegía y una declaración: el reconocimiento a quienes lucharon, desde la oscuridad de los despachos y con la vida en la mano, para que Colombia no olvidara lo que le habían hecho.

Ese 30 de abril de 1998 —fecha que la historia debe grabar como uno de sus instantes más reveladores— el director regional del CTI de la Fiscalía en Antioquia, Gregorio Oviedo, y un grupo de investigadores siguieron el rastro de un camión cargado de uniformes camuflados hasta un discreto local ubicado en la calle 45A con carrera 54 del centro de Medellín, a escasos metros de la Gobernación y la Alcaldía, en pleno corazón del poder antioqueño. Lo que esperaban encontrar era una bodega de pertrechos. 

Lo que encontraron fue la caja negra del paramilitarismo en Colombia. Una serie de interceptaciones telefónicas y la captura de un campero cargado de uniformes de los paramilitares llevaron al CTI hasta un discreto local conocido como el Parqueadero Padilla. En ese segundo piso donde la luz debía ser cómplice del crimen, Oviedo y el agente Sergio Humberto Parra hallaron dos secretarias y un paramilitar destruyendo desesperadamente papeles, disquetes y evidencias: era alias Lucas, Jacinto Alberto Soto Toro, el cerebro financiero de los hermanos Castaño, el hombre que manejaba en silencio los hilos económicos de un ejército de la muerte.

Lo que estaban destruyendo esa tarde era nada menos que la memoria del terror. En el lugar se hallaron 70 disquetes y libros contables que permitían desentrañar las redes de apoyo económico de la organización paramilitar que venía en proceso de expansión a sangre y fuego en varias regiones del país. El hallazgo reveló al menos 495 cuentas bancarias involucradas en transacciones con los grupos paramilitares, así como un listado de empresas privadas y 481 personas naturales que aportaron recursos a las Autodefensas. 

Allí estaba todo: la hoja de ruta de las masacres, los nombres de quienes las financiaron, los apellidos que nunca debieron aparecer vinculados al horror y que, sin embargo, aparecían con toda su claridad. Allí estaba todo lo necesario para desmantelar los pilares del paramilitarismo en Colombia y para evitar la historia de muerte que desgraciadamente se daría por el manto de impunidad que se impuso desde muchos poderes decididos a utilizar todos los medios criminales para combatir a las guerrillas, controlar territorios estratégicos y adelantar –a sangre y fuego– la más efectiva de las contrarreformas agrarias que se han dado en el país. 

Pero Colombia, o al menos quienes entonces la gobernaban desde las sombras, no estaba preparada para tanta verdad. El expediente fue trasladado por carretera a Bogotá por motivos de seguridad, y se perdió en el camino. Las pruebas se diluyeron entre traslados, archivos y maniobras administrativas diseñadas para que el proceso nunca llegara a buen puerto. Lo que no pudo detenerse, sin embargo, fue la represalia. 

Apenas dos meses después del operativo, el 10 de junio de 1998, un comando de sicarios acribilló de 21 balazos al funcionario que había encabezado la diligencia de allanamiento al Parqueadero Padilla: el abogado Sergio Parra, jefe de investigaciones del CTI en Medellín. Y después de Parra vinieron los demás. A 14 funcionarios del CTI los asesinaron –incluido Sergio Parra–. Catorce vidas que valían más que todos los expedientes del mundo. Catorce semillas de justicia ahogadas en sangre para que la verdad no floreciera.

Gregorio Oviedo fue de los pocos sobrevivientes pese a estar encabezando la lista de los declarados como objetivos militares por las Autodefensas. La convergencia de las investigaciones sobre las masacres de Ituango y los hallazgos del Parqueadero Padilla desataron persecuciones que llevaron al exilio a los investigadores de la Fiscalía que encabezaron la operación. La orden de Carlos Castaño fue eliminar a todos los miembros del CTI y fiscales que intervinieron en el allanamiento.  

Oviedo resistió amenazas, una tentativa de secuestro y torturas por parte de miembros de la inteligencia militar. En 2002, junto a su esposa, la entonces fiscal de derechos humanos Amelia Pérez, se exilió en Canadá, tras recibir múltiples amenazas y sin garantías de seguridad. Desde el exilio, la pareja cargó con el duelo, la soledad y el trauma, pero nunca renunció a su compromiso con la justicia. Más tarde se desempeñó como profesor invitado en la Universidad de Salamanca, compartiendo desde Europa la historia que Colombia prefería olvidar. 

Fue testigo clave ante la Comisión de la Verdad, el cuerpo colectivo que intentó, con la dignidad de quienes creen en las palabras, reconstruir el relato fragmentado de un país que se había hecho daño a sí mismo. Gregorio Oviedo pensó, al hacer el allanamiento, que el paramilitarismo se había acabado en Colombia, después de descubrir su corazón financiero. Esa esperanza, arrebatada tan pronto, fue tal vez su herida más profunda y más honrosa.

El homenaje a Amelia Pérez Parra ha sido, igualmente, un homenaje póstumo a él, al Dr. Gregorio Oviedo Oviedo, a su vida entera consagrada a la justicia cuando la justicia era una forma de morir. Él se sentiría profundamente orgulloso de ver a Amelia al frente de la Sociedad de Activos Especiales, transformando en política pública lo que ellos dos vivieron como una causa moral: que los bienes arrebatados por la violencia y el crimen regresen, de algún modo, a las víctimas; que la memoria tenga una dirección, una sede, una política de Estado.

La SAE, en las manos de Amelia, es el gesto institucional de reparación que él nunca alcanzó a ver completo. Asistí al acto que he venido reseñando, escuché las diversas intervenciones, me encontré con amigos de toda la vida y presencié momentos tan conmovedores como cargados de esperanza. 

El homenaje a ella y a los trabajadores de la rama judicial que lucharon sin descanso contra el paramilitarismo es, sobre todo, un llamado de fondo a la sociedad colombiana: no podemos olvidar el pasado, sobre todo si no queremos repetirlo. El paramilitarismo no fue solo un ejército de asesinos: fue un proyecto político, económico y social que se tejió con los dineros de empresas reconocidas, con la complicidad de funcionarios, con el silencio cómplice de muchos y con el terror sistemático sobre los más pobres. 

Sembró el horror en las calles y los campos, se instaló en las instituciones, masacró a los jóvenes más humildes y convirtió el miedo en orden. El suceso del Parqueadero Padilla fue uno de esos heroicos esfuerzos por romper el silencio en la época de la amnesia obligatoria: un instante en que la justicia fue más valiente que el poder. Gracias a ese instante —y al precio altísimo que pagaron quienes lo hicieron posible— hoy contamos con un presente y con un futuro en el que al menos podemos nombrar lo que pasó.

Amelia Pérez es, indudablemente, uno de los símbolos vivos de la resistencia contra el terror, el oprobio y la muerte que intentó tomarse a Colombia. Su lucha sigue siendo la misma de siempre: que nunca más los violentos y los poderosos humillen a la gente humilde de Colombia. Que las víctimas no sean solo un número en un informe, sino el centro de la política pública. Que la memoria sea un acto de justicia.

Coincidiendo con el evento realizado en casa Adelaida, me encuentro leyendo y estudiando el formidable libro ‘El laberinto del Parqueadero Padilla’ escrito por Diana Salinas Plaza, una de las periodistas de investigación más reconocidas e influyentes del país. Una obra reveladora que rescata episodios fundamentales de nuestro proceloso discurrir nacional. Sobre este libro escribiré más adelante en forma detallada y profusa. Me basta, por ahora, para dar una idea de su significación y de los aportes que realiza la autora a la recuperación de la memoria histórica colombiana, transcribir, lo escrito sobre él por María Teresa Ronderos: “Este relato conecta cuatro capítulos tremendos de nuestra historia reciente: la masacre de El Aro en Ituango, Antioquía, en octubre de 1997; el asesinato del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle, en febrero de 1998; dos meses, después, el descubrimiento del parqueadero Padilla, donde funcionaba la operación financiera y logística, del paramilitarismo que emergía, y la conexión de los protagonistas de estos hechos con el juicio al gobernador de Antioquía de esa época y luego presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, acusado en abril de 2024 de presunto soborno a testigos y fraude procesal”. 

Para las trabajadoras y los trabajadores de la rama judicial, a quienes día a día sostienen con sus manos la frágil arquitectura de la ley en un país que las somete a amenazas, presiones e indiferencia, va un mensaje claro y sin ambigüedades: luchar por la verdad, la justicia con dignidad y amor por la patria, la reparación y la no repetición ha sido, es y seguirá siendo una de las semillas más poderosas para transformar a Colombia. Su trabajo no ha sido en vano. Nunca lo ha sido. Y la historia —esta historia que hoy se honra— lo prueba.