Desde la crisis de la década de los 80 y las constantes reformas macroeconómicas que se implementaron posteriormente, el desarrollo agrícola y rural ha tomado renovada importancia en América Latina.

Ahora, todo indica que nuevamente reaparece desde que la pandemia paralizó al mundo. Algunos países han podido revitalizar la producción agrícola, impulsando los bienes con ventajas comparativas (generalmente destinados a la exportación) e introduciendo innovaciones tecnológicas con el fin de modernizar las cadenas productivas.

 Dicho lo anterior, podemos decir que estas transformaciones productivas han tendido a concentrarse en los grupos de productores y en las regiones que tienen mejores recursos o mayor acceso a los apoyos públicos, pero esto no ha contribuido a minimizar en un gran porcentaje las distancias de este sector dinámico con la agricultura campesina y la pobreza rural.

 Aquí, hay que tener en cuenta, por lo pronto, que el campo ha sido el foco de la mayoría de migraciones a centros urbanos nacionales, pero también hacia el exterior, puesto que la pobreza en el medio rural sigue siendo una de las mayores, especialmente en Colombia.

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Frente a esta situación, considero que algunos países Andinos necesitan integrarse más de forma estructurada a los procesos de modernización, y en todos estos es importante que se vincule el mayor número de personas posible.

 Según los informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura “F.A.O”, son cerca de 25 millones de personas en América Latina las que viven en zonas rurales y que dependen mayoritariamente del sector agrícola para sustentar sus familias.

Lo anterior, supone la necesidad de aumentar la participación de pequeños y medianos productores agrícolas a cadenas agroindustriales más dinámicas, y adicionalmente de ampliar la forma de generar empleos e ingresos no agrícolas en el medio rural, además de mejorar la educación, la salud y otros servicios públicos.

No obstante, el Banco de Desarrollo de América Latina “C.A.F” y la “F.A.O” han sumado esfuerzos para contribuir en la caracterización y debate acerca de las opciones de desarrollo rural en los países Andinos. Particularmente Colombia, desde 1990 ha asumido que la política de seguridad alimentaria se basaría en la oferta de productos alimenticios al menor costo posible, lo que ha conllevado a una evidente sustitución de importaciones a la inversa. Esto quiere decir que se ha dejado de cultivar en nuestro país aquellos productos adquiribles a un menor precio. Desde finales de la década de los noventa se puede decir que se agravó la política de inversión para el campo, se incrementaron los cultivos ilícitos, y sumado a esto, la crisis del desplazamiento forzado de millones de colombianos al calor de la confrontación armada entre guerrilla y Fuerzas Armadas.

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Paralelamente, el modelo de seguridad alimentaria basada en las leyes de precio del mercado, suprimió las estrategias de abastecimiento y precio justo sostenidas hasta inicios de los noventa en los Centros de Acopio, cambiando la dieta alimentaria al consumo de lípidos, azúcares y granos, en su mayoría transgénicos o genéticamente modificados. Todo lo anterior, nos permite comprender las disparidades existentes entre las carencias y necesidades del sector rural y la poca inversión por parte del Estado.

En la actualidad, el Gobierno Nacional ha actuado conforme a las medidas elementales de confinamiento (como en el caso de lavarse las manos, usar tapabocas o quedarse en casa) pero éstas siguen dejando al desnudo nuestra desigualdad social. Un nuevo estudio abordado por el DANE, el Ministerio de Vivienda, el Departamento Nacional de Planeación, y el acompañamiento de la ONU – Hábitat,  expresa que  en Colombia, el déficit habitacional es de18,2 millones de habitantes, lo que significa que 3,8 millones de hogares tienen déficit cualitativo y 1,4 millones carecen de vivienda, lo que explica el hacinamiento y carencia de servicios básicos.

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 Por ejemplo, en este preciso momento se carece del agua en algunas regiones y en otros casos no es potable. En educación se demanda una nueva pedagogía que consulte la era digital, pero que no habíamos asimilado ni activado, lo que genera incomodidades a dicha comunidad educativa.

Todo esto nos conlleva a preguntarnos: ¿Qué contribuciones hará el Estado a favor de nuestros campesinos luego de esta crisis? Después de todo, considero que es necesario unirnos hacía la ventaja competitiva que da el campo con la dotación de tierras, abundante oferta acuífera, variedad de climas, y demás factores que han llevado a que la FAO  reconozca que Colombia tiene potencial para ser una despensa de alimentos en el mundo. El Gobierno debe redefinir la política de seguridad alimentaria desde la reconstrucción del campo, con el fin de preservar los recursos naturales y ser sostenible en términos de políticas ambientales

De esta forma, la inversión en tecnología para mejorar las condiciones del agro, el abastecimiento de productos a todos los sectores y regiones, incluyendo aquellas políticas de crédito totalmente transparentes, se convierten en una de las mejores formas de invertir socialmente. A su vez, es relevante que se contenga la migración y el desplazamiento de nuestros campesinos. Si queremos mantener la cadena productiva para abastecer la demanda a nivel nacional y evitar dichas migraciones, fundamentalmente se debe invertir en el campo.

Por: John Anderson Otavo Ruiz, Licenciado en Ciencias Sociales.