Por Renzo García

*Exdiputado y excandidato a la Alcaldía de Ibagué

El paro arrocero trasciende una simple protesta; es el reflejo de una crisis estructural profunda que ha afectado al sector agropecuario por décadas. Es esencial reconocer que esta movilización ciudadana, amparada por la Constitución, expresa demandas legítimas con el objetivo de visibilizar la grave situación que enfrentan los productores.

Sin embargo, es importante señalar que, a diferencia de lo ocurrido en gobiernos anteriores, en este paro no se han registrado persecuciones, estigmatizaciones, represiones, asesinatos, ni se ha tildado a los manifestantes de "vagos" o "delincuentes".

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Al tratar de comprender el problema tenemos que referirnos a la brecha creciente entre los costos de producción y los precios de venta del arroz, una problemática que se extiende a otros cultivos como el mango, el maíz, la arracacha, el limón, entre otros. Este desequilibrio es producto de un mercado distorsionado por los monopolios y la falta de políticas públicas que protejan al pequeño productor y la producción agropecuaria.

Algunos antecedentes del problema arrocero:

En el 2013 las movilizaciones arroceras alertaban sobre la necesidad de precios justos, subsidios, investigación en sanidad vegetal, alivio de deudas, control del contrabando y la demanda de renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. A pesar de los acuerdos alcanzados en ese entonces, la realidad evidencia falta de soluciones de fondo.

En marzo de 2013, la asamblea arrocera de Villavicencio, convocada por delegaciones del Huila, Tolima, Meta, Casanare, Arauca, Sucre y Cesar, los productores alzaron su voz con firmeza para denunciar la desatención gubernamental y la ineficacia de las políticas agrarias. Lograron un acuerdo que, para ese entonces, evitó el paro nacional previsto.

El acuerdo retomó de nuevo puntos de tensión como el establecimiento de precios de sustentación, la asignación de subsidios directos, la investigación de la crisis sanitaria que afectaba los cultivos, mecanismos para aliviar las deudas de los productores y medidas para combatir el contrabando. La demanda crucial de renegociar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos quedó sin respuesta. Hoy vemos por qué el sector sigue en crisis e incertidumbre.  

La situación actual revela la incapacidad de los gobiernos anteriores para atender las demandas del sector. Las alianzas y acuerdos que han realizado los arroceros han resultado infructuosas. Lo paradójico es que algunos sectores políticos, que históricamente han promovido políticas de libre mercado perjudiciales para el agro e incumplido los acuerdos o haber sido incapaces en la solución de estas problemáticas, sean quienes respalden el paro sin reconocer su responsabilidad en la crisis, entre ellos los gobiernos uribistas y conservadores.

Si queremos de verdad ayudar a resolver la problemática, es indispensable ver en el paro arrocero una oportunidad para repensar el modelo agropecuario colombiano y construir un futuro más sostenible, equitativo y justo para todos los actores del sector.

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Es el momento de tomar decisiones audaces que garanticen la soberanía alimentaria, la protección ambiental y el bienestar de las comunidades rurales. A continuación, me permito dejar algunas ideas que deben ser abordadas en esta discusión:

• Renegociación del TLC con Estados Unidos: Es fundamental evaluar el impacto real del TLC en el sector arrocero y buscar mecanismos que protejan la producción nacional.

• Control del contrabando: Se deben fortalecer los controles fronterizos y combatir las redes de contrabando que ingresan arroz de manera ilegal, perjudicando a los productores nacionales.

• Apoyo a la producción nacional: El gobierno debe implementar políticas que incentiven la producción nacional de arroz, como subsidios a los costos de producción, créditos blandos y acceso a tecnología.

• Fortalecimiento de la cadena de valor: Es necesario crear un sistema de comercialización más justo que beneficie a los productores y garantice precios justos al consumidor final. Esto implica promover la asociatividad, la creación de cooperativas y la eliminación de intermediarios innecesarios.

• Transición hacia la agroecología: Se deben promover prácticas agrícolas sostenibles que reduzcan la dependencia de agroquímicos y fertilizantes, a la vez que se fomenta la protección de la biodiversidad y el ambiente.

• Investigación y desarrollo: Es crucial invertir en investigación para desarrollar variedades de arroz más resistentes a plagas y enfermedades, adaptadas al cambio climático y con mayor productividad.

• Mesa de diálogo permanente: Se debe establecer una mesa de diálogo permanente entre el gobierno, los productores, la industria molinera y los demás actores del sector para abordar los problemas de manera integral y construir soluciones conjuntas.

• Revisión de la Resolución 3168 del ICA: Es la resolución que surgió después del rechazo a la resolución 970 que privatizaba el uso de semillas nativas. Esta resolución no logró resolver el problema de acceso a recursos genéticos nativos y la discusión sobre semillas de calidad y precios justos.

• Diversificación de la producción: Se debe promover la diversificación de la producción agropecuaria e incluir mayor valor agregado.

• Gestión del agua: Se debe implementar una gestión eficiente del agua para riego, que garantice el acceso equitativo y promueva su uso responsable.