El 6 de julio de 2015, Guillermo Alfonso Jaramillo, en un acto simbólico, 'barrió las ratas de la corrupción'. Ese día, mientras el próximo alcalde, escoba en mano, hacía su show mediático, sus seguidores más cercanos no paraban de aplaudir. Una frase se le soltó a uno de los eufóricos acompañantes: “Ese es el alcalde que necesita Ibagué”.

A partir de ahí su campaña fue imparable. Jaramillo con su bien administrada imagen de político de avanzada y alta solvencia ética, se convirtió en el candidato de la esperanza. El candidato de la transparencia.  El candidato de la eficiencia. El candidato que iba a acabar con la corrupción, el clientelismo y la politiquería en la ciudad. Por eso ¡Ganó!.

La expectativa mostraba como un hecho, que el 31 de diciembre de 2019 entregaría una ciudad transformada. La perspectiva apuntaba que sería así, pues heredaba una administración con niveles de imagen por el piso. Todo estaba servido en bandeja de plata.

Hoy, cuatro meses después de culminada esa administración, la opinión ibaguereña permanece dividida frente al balance cumplido por GAJ. Ese es un indicador de que el tan difundido cambio quedó en veremos.

Una muestra de la decepción que produjo GAJ en sectores amplios de la ciudad, se evidencia en que hizo gala de las prácticas clientelistas que él mismo, sin pelos en la lengua, critica de manera dura cada vez que tiene la oportunidad.

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Abrumadora cifra en contratación

El excesivo y desmesurado gasto en contratación en la modalidad de prestación de servicios, que realizó GAJ durante su cuatrienio, bate todos los récords en clientelismo.

Hay que advertir que este descomunal, gasto del dinero público a la hora de contratar personal, ha venido de tiempo atrás. (disculpen el adjetivo, pero la cifra no da para menos).

-En los cuatro años de gobierno, 2016-2019, la administración de GAJ realizó 8.460 contratos por prestación de servicios. El costo de esa contratación fue   de 144.000 millones de pesos.-

Lo hicieron alcaldes como Rubén Darío Rodríguez, Jesús María Botero, Luis H. Rodríguez, solo por citar a unos pocos. La diferencia es que en este caso no se concebía, o mejor no aparecía en la cabeza de nadie, que Guillermo Alfonso Jaramillo terminara en tan cuestionada y aberrante práctica clientelista que él ataca. 

En los cuatro años de gobierno, 2016-2019, la administración de GAJ realizó 8.460 contratos por prestación de servicios. No son los 8.818 que dice el actual secretario de Hacienda, pues ahí le están sumando contratos de logística y otros como pauta publicitaria que alcanzó un tope de cuatro mil 245 millones de pesos.  ($4.245.385), que no son la razón del informe que nos ocupa. (Sobre esos contratos vendrá otro informe).

El tema que nos atañe en este momento es el de las 8.460 personas contratadas durante los cuatro años del gobierno de 'Con todo el corazón', en la modalidad de prestación de servicios. Esos contratos tuvieron un costo para el municipio de la no despreciable cifra de 144.000 millones de pesos. Cifra a todas luces escandalosa.

Por años, la contratación se dio de la siguiente manera: 2016, 1.779 personas contratadas por valor de 20.000 millones de pesos; 2017, 1.766 personas con un costo de 30.000 millones de pesos; 2018, 2.437 personas contratadas cuyo valor fue de 41.000 millones de pesos y en el último año del periodo, 2019, el número de personas contratadas se elevó a 2.478 por valor de 52.000 millones de pesos. Para un gran total de 144.000 millones de pesos, lo que indica que, en contratación de personal, el hoy exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo gastó a manos llenas.

Las Secretarías

Esta contratación corresponde solo a las secretarías de Hacienda, Salud, General, Bienestar, Administrativa, Planeación y Tránsito y Movilidad. Quedan por fuera los institutos descentralizados Imdri, USI, Infibagué e Ibal. En este último instituto, la contratación de personal estuvo igualmente desbordada en el cuatrienio del médico Jaramillo.

En la rendición de cuentas de los 100 días del alcalde Hurtado, a propósito, actividad regular con inclinación a mala, hubo un dato del secretario de Hacienda que pasó inadvertido, pero que por la gravedad que encierra, merece que se le dé toda la importancia. Hablaba el Secretario de haber encontrado una dependencia con riesgo informático alto, dice que se hallaron 160.000 expedientes de cobro coactivo y persuasivo sin digitalizar. Lo más preocupante de esta denuncia es que, según el Secretario de Hacienda, esta secretaría tuvo una nómina externa anual de 473 personas en promedio. 

Confrontado ese dato con los 8.460 contratados durante los cuatro años, se comprobó que fue la secretaría de Hacienda dirigida por Juan Espinosa, la que más contratos realizó.

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-No deja de sembrar dudas que, en un número tan voluminoso de contratos, se cuele una que otra de las conocidas y famosas ‘corbatas’-.

¿Contratación necesaria?

Ahora bien, lo que de esta investigación se puede colegir es si de ese número  exorbitante de contratos, todos eran necesarios. Cuántos de ellos cumplieron el compromiso adquirido, de acuerdo al objeto contratado.

No deja de sembrar dudas que, en un número tan voluminoso de contratos, se cuele una que otra de las conocidas y famosas ‘corbatas’, esas donde el contratista se aparece al final del mes para pasar un informe de medio pelo y cobrar.

Ese debió haber sido un tema para que la Contraloría Municipal lo hubiera investigado, pero ese fue otro de los lunares que presentó la administración de GAJ, debido a que tuvo una Contraloría de bolsillo. Otra de las grandes rajadas de esa administración.

 Con esta explosión de contratos, la mayor salida en falso e injustificable de GAJ, por decir los menos, tiene que ver con la contradicción que surge a partir de la propuesta política que representa. “Si Guillermo Alfonso hiciera parte de uno de los partidos tradicionales o del CD, de la U o Cambio Radical, no sería de extrañarse ese clientelismo tan bárbaro que puso en práctica en su alcaldía, pero como él representa es un partido alternativo que se supone combate estas mañas, pues con esto nos está diciendo que él representa más de lo mismo, que su comportamiento es igual o peor a los que él siempre está cuestionando”, opinó alguien que en el reciente pasado hizo política con GAJ.

Ciertamente lo que le ha hecho daño a la política y al país, han sido las desenfrenadas prácticas clientelistas y politiqueras que son el pan de cada día en la mayoría de administraciones municipales. Sin embargo, ha habido ejemplos de eficiencia y pulcritud, que nadie comprende porqué GAJ no los asumió, tal es el caso de alcaldías como la de Pasto y Bogotá en manos de Antonio Navarro y Antanas Mockus quienes jamás convirtieron sus administraciones en botines burocráticos y menos entraron a tranzar con los concejales.

Y es que entre las 8.460 personas contratadas por Jaramillo hay cuotas entregadas a algunos concejales. Esta práctica es la que han contribuido para que la mayoría de cabildantes hayan terminado eternizados en las curules.

La clientela que dejó Jaramillo en esos 8.460 contratos para nada es despreciable. Un alto porcentaje, de acuerdo al listado revisado año por año, establece que los contratistas estuvieron los 4 años de gobierno, algunos o buena parte de ellos con contratos bien remunerados, a eso hay que sumarle los 268 cargos nuevos en provisionalidad que dejó.

-Los resultados de la gestión realizada por algunos de los  contratistas se circunscribe a unos objetos de contrato escritos en jeringonza-.

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Los contratistas privilegiados

Entre los contratistas privilegiados de GAJ están los llamados de ‘playa alta’, que estuvieron el periodo completo, se trata de los súper asesores bien pagos, pero que a la hora de la evaluación resulta compleja la medición de los resultados del trabajo cumplido.

En este punto se destacan nombres como el de Gonzalo Parra, Cecilia Nury Correa, Óscar Hernández, Heriberto Vásquez, entre otros tantos, que fueron asesores estrellas durante los cuatro años.

En promedio, durante el cuatrienio, cada uno devengó entre 240 y 250 millones de pesos. Los resultados de la gestión realizada se circunscribe a unos objetos de contrato escritos en jeringonza. Por ejemplo, citemos dos. El de la asesora Cecilia Nury Correa: “Prestación de servicios para asesorar los procesos de fortalecimiento de la gestión pública territorial en el marco de la proyección de ciudad del municipio de Ibagué”. Y el de Óscar Hernández Arana: “Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento y apoyo a la Secretaría de Planeación del municipio en la consolidación de los instrumentos para la financiación del desarrollo territorial, la asociatividad municipal, contrato plan y proyectos estratégicos”.

Este rosario de contratos que se presentó en el gobierno del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, sería un buen termómetro de reflexión para los tiempos difíciles que se viven por cuenta de la pandemia. Oportuno llamar la atención, si se compadece con Ibagué y el país, que situaciones de esta naturaleza se sigan presentando. Quedan preguntas, si una erogación de 144.000.000 millones de pesos en contratación de personal resulta rentable para la ciudad, sobre todo en época de crisis. O si se justifica que la Alcaldía siga pagando honorarios altísimos a asesores.     

• Ex jefe de redacción de Tolima 7 días
• Autor del libro ‘Las claves de los buenos alcaldes’