Por: Humberto Leyton 

"Vivos los queremos", gritan en las calles. Y el temor se mezcla con la valentía y el valor que demuestran los manifestantes en las calles de Colombia, convertidas en el principal escenario de las protestas que desde el pasado 28 de abril se tomaron al país. 

No solamente son las balas de la policía o de los vestidos de civil protegidos por los uniformados, las que dejan víctimas a diario en las manifestaciones sociales de inconformismo contra el régimen autoritario de Iván Duque, sino las desapariciones que van en incremento, especialmente en departamentos como el Valle, Cauca y Nariño, entre otros. 

Y aunque las cifras no concuerdan entre uno y otro informe, incluyendo el de la Fiscalía,  el hecho es que en el río Cauca se han practicado  levantamientos de cadáveres que desde la época del auge paramilitar en el gobierno de Uribe no se realizaban. 

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Mientras que la Fiscalía ha recibido más de 420 denuncias por desapariciones, y solo reconoce 129 como reales, hasta el pasado 5 de junio, otras entidades de derechos humanos como el Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), registra 168 desaparecidos.

La campaña, Defender la Libertad, que agrupa varias entidades, reporta hasta 346 personas “presuntamente desaparecidas”.

Las denuncias por desaparición de manifestantes han aumentado en los últimos cuatro días. 

En declaraciones a la prensa, Alejandro Lanz, de Temblores, considera que “no es posible afirmar que hay desaparición forzada por parte de la Policía” con la información que tienen disponible. Sin embargo, subraya que vulnerar el derecho de comunicarse a las personas detenidas de las movilizaciones “es un indicio” y “puede representar un riesgo de desaparición forzada”.

Esta situación de desaparecidos en masa, propias de las dictaduras sangrientas, practicadas dentro del Plan u Operación Cóndor,  fue una campaña de represión política y de terrorismo de Estado respaldada por Estados Unidos, practicada por juntas militares en forma sistemática en naciones como Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay, y de manera más ‘suave’ en el Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia.  

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En aquella época, como ahora, la sensación es de incertidumbre, angustia, miedo, desesperanza, pero a la vez, de esperanza de que van a volver y que habrá mejores días por venir. Una contradicción difícil de entender, más aún cuando lo que está en juego es la vida de quienes no aparecen, sin importar la cifra, si es de uno, dos o tres dígitos. 

Pero como si fuera poco, a este cruel y criminal escenario se le debe agregar las denuncias y los hechos de muertes, torturas y la violencia sexual, supuestamente ejercida por los agentes del Estado encargados de proteger la protesta de los ciudadanos, la vida, la honra y los bienes.

Sin embargo, a estos factores se añade, según las denuncias, que la policía está impidiendo que los detenidos tengan un debido proceso,  que  tengan el derecho de avisar a sus familiares o allegados sobre su estado de reclusión.

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La situación de los desaparecidos aquí en Colombia, como en cualquier lugar del mundo y bajo el sistema político o económico que sea, es la misma, solo que en  nuestro país se corre el riego de aparecer flotando sobre las aguas del río Cauca o de cualquiera otro.

Para no ser tan pesimistas, en medio de tanta desolación, muerte, torturas, violencia sexual y desaparecidos, nos unimos a los gritos de los manifestantes en las calles: "Vivos se los llevaron, vivos los queremos".

La columna escrita por Humberto Leyton no representa la línea editorial del medio El Cronista.co