En frase que se le atribuye al caudillo Liberal Jorge Eliécer Gaitán, se afirma que: “El pueblo vota hasta las 4 de la tarde, después vota la Registraduría”; luego, años después, el sacerdote Camilo Torres, dijo: “El que escruta elige”, como para reforzar esta definición del fraude electoral que ronda a Colombia desde 1904.

Fue en ese año que registra la historia que dos generales conservadores, después de la “Guerra de los Mil días” (Rafael Reyes y Joaquín Fernando Vélez), se disputaban la presidencia y por la adulteración de un acta del colegio electoral de La Guajira, resultó ganador Reyes, producto de un fraude electoral. Este episodio fue bautizado por los historiadores como *‘El registro de Padilla’*, pero el pueblo, que es más ingenioso, sabio y picaresco, le puso *‘El chocorazo de Padilla’*.  Desde entonces, la adulteración de los resultados electorales se conoce con este nombre.

El diario El Tiempo, en un artículo publicado el 5 de noviembre de 2020, expresa: “Chocorazo es una de las expresiones más terribles del lenguaje político colombiano, hija de la mala fe, hermana de la maldad, nieta de la trampa, prima de la infamia, sobrina del engaño. El chocorazo es la estafa mayor en una falsa democracia”.

Este preámbulo es con el fin de ubicarnos en la época actual donde el chocorazo o fraude electoral, se ha modernizado, actualizado y sofisticado. Este perverso engaño al electorado como al parecer está ocurriendo en Ibagué, comienza desde el escogimiento del candidato o la candidata por parte del o los interesados en mantener un gobierno a su servicio.

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Todo Ibagué sabe que el alcalde Andrés Hurtado, con la intención de poner sucesora, escogió el nombre de la candidata Johana Aranda y no solo la seleccionó sino que se convirtió en promotor incansable, al punto que puso toda la maquinaria de la administración municipal a su disposición, incluyendo empleados, contratistas, parque automotor, recursos públicos, y no contento con esto, el propio alcalde salió a los barrios y a las comunas a hacer promesas de campaña de pavimentación de vías, arreglo de parques, alcantarillados y de ofrecer hasta cajas de aguardiente a los potenciales electores de su candidata Johana Aranda. Fue Hurtado un alcalde desafiante de las normas que hizo campaña electoral abierta.

Pero, además, de la manopla oficial de la Alcaldía, varios candidatos denunciaron “los ríos de dinero que estaban corriendo en la campaña de Johana Aranda”, y ninguna autoridad de control (Fiscalía, Procuraduría o Personería), prestó atención a estos graves hechos.

Nadie puede negar que la campaña de la señora Aranda se convirtió en una verdadera empresa electoral, cuyos mejores resultados los obtuvo precisamente en las comunas y barrios más pobre de Ibagué, donde es más fácil la compra del voto y el hambre se convierte en carne de urna de los candidatos que más tienen dinero.

Sobrada razón tiene nuestro columnista Samuel Gómez, cuando señala: “Lastimosamente en nuestro medio quien tiene plata y pocas ideas es el que puede ganar una elección, pero quien tiene ideas y no tiene dinero es rechazado por el vulgar mercado electorero”.

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Esta corruptela electoral se compró el día de las elecciones del pasado 29 de octubre, cuando comenzaron las denuncias por presuntas irregularidades como las reportadas por el también candidato, el general (r) Fernando Murillo, quien en video dijo que en las primeras horas de ese domingo, jurados en el sector de la Universidad de Ibagué, entregaron tarjetones marcados con candidatos de sus preferencias, al igual que la compra de votos desde tempranas horas de la madrugada cerca de los puntos de votación.

Y así sucesivamente, en el trascurso del día fueron apareciendo videos con más denuncias, donde la protagonista era Johana Aranda, como aquella de una empleada de un asilo de ancianos que los orientaba a votar por la candidata del alcalde Hurtado.

Ahora, no nos puede extrañar que el candidato Jorge Bolívar, con la información que tiene de su equipo jurídico de asesores que asistieron a los escrutinios revele la manipulación en 174 mesas de votación y que hubo un fraude de cerca de 25 mil votos que le dieron el triunfo a la candidata del alcalde Hurtado, Johana Aranda.

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Esta situación de no reconocimiento de los resultados de las elecciones por parte de la campaña de Jorge Bolívar, era previsible que se presentará por la injerencia descarada y ramplona del alcalde de Ibagué a favor de su candidata en el proceso electoral, la gran suma de dinero que invirtió esa campaña en las elecciones, el abultado número de quejas por las supuestas irregularidades el mismo día de la jornada electoral y en el proceso de escrutinio, es suficiente y amerita no solo el reconteo de votos, sino una investigación a fondo para establecer la procedencia de la multimillonaria cantidad de dinero que rodó en la campaña de Aranda, tal y como lo denunciaron a su tiempo varios candidatos.

Este problema del no reconocimiento de los resultados electorales por parte del grupo mayoritario de la oposición, pone a los ibaguereños ante el hecho de unas elecciones espurias y una ganadora débil, cuestionada y sin autoridad para gobernar.