En 2025, en los municipios del norte del Tolima -Fresno, Lérida y Mariquita- se registraron más de 40 casos de sicariato (homicidio) (18, 7 y 16 consecutivamente en el orden de los municipios) que se consumaron y cinco (5) intentos de homicidio bajo la misma modalidad. Estos hechos fueron perpetrados principalmente contra jóvenes y jóvenes adultos entre los 17 y 29 años de edad.

La gravedad de la situación se hace aún más evidente si se tiene en cuenta que dichos municipios, cuya población conjunta no alcanza los cien mil habitantes, presentan una proporción estimada de un hecho de sicariato consumado (homicidio) o intento del mismo por cada 1.778 habitantes en ese año.

Esta cifra no solo revela un patrón sistemático de violencia, sino que permite advertir la existencia de una práctica social sostenida que impacta de manera desproporcionada a la población juvenil, configurando un escenario que puede ser interpretado como juvenicidio en tanto práctica social de carácter genocida.

La actual situación puede analizarse a la luz del concepto de juvenicidio desarrollado por José Manuel Valenzuela Arce en Juvenicidio. Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina, donde plantea que no se trata únicamente de homicidios individuales, sino de la producción estructural de “vidas precarias” y socialmente desechables. En este marco, la muerte sistemática de jóvenes no es accidental ni marginal, sino el resultado de entramados económicos, políticos y culturales que normalizan su eliminación.

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Esta lectura dialoga con la noción de Necropolítica formulada por Achille Mbembe, según la cual ciertos territorios y poblaciones son gestionados a través de la administración diferencial de la muerte. Así, cuando en contextos como el Norte del Tolima se reiteran homicidios selectivos y desapariciones de jóvenes en medio de control armado, economías ilegales y narrativas institucionales que justifican o minimizan los hechos, no estamos ante eventos aislados, sino frente a una práctica social que configura juvenicidio como una forma contemporánea de eliminación sistemática de juventudes precarizadas, sostenida tanto por la acción directa de estructuras criminales como por la omisión, tolerancia o incapacidad estatal para desmantelarlas.

A lo anterior se suma la actual Desaparición, desde hace más de 15 días, de seis  (6) personas jóvenes adultas en el municipio de Mariquita, así como la limitada efectividad de los entes territoriales (Alcaldía, Gobernación, Fiscalía), Fuerza Pública para lograr su ubicación y garantizar que las personas desaparecidas puedan retornar a sus hogares y sus familiares alivianen su aquejosa angustia y silencio por miedo a retaliaciones sobre las y los desaparecidos.

El Norte del Tolima, y particularmente los municipios mencionados, constituyen un enclave estratégico de conectividad con el Magdalena Medio, Caldas, Antioquia y Cundinamarca. En estos territorios es conocido, a vox populi, la presencia y el control territorial ejercido por diferentes grupos armados paramilitares, entre ellos estructuras herederas de Ramón Isaza, El Clan del Golfo y la organización denominada La Cordillera.

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Estas estructuras, a través del incentivo al consumo y la generación de dependencia de sustancias psicoactivas, la oferta de remuneraciones económicas que suplen carencias familiares y la promoción de una cultura traqueta (motos, joyas, armas, alcohol, psicoactivos), consolidan redes que potencian la conformación de grupos “gota a gota”, estructuras sicariales y redes de expendio de psicoactivos. Dichas organizaciones cuentan con capacidad armada y económica suficiente para ejercer control territorial e imponer fronteras invisibles en zonas urbanas y rurales.

Control a corredor estratégico en el norte del Tolima

En este escenario, y a la luz de estas formas de reclutamiento y cooptación, se evade de manera sistemática el respeto por la vida, así como los principios de verdad, reparación, no repetición y justicia. Esta omisión se articula con narrativas institucionales igualmente omisivas y deplorables, promovidas por entidades gubernamentales que terminan justificando la práctica sistemática de homicidios y desapariciones al poner en primer plano los antecedentes penales de las víctimas.

De este modo, se desplaza el foco de responsabilidad hacia quienes han sido asesinados o desaparecidos, mientras se diluye la obligación estatal de desmantelar las estructuras criminales, aplicar de manera efectiva la normatividad vigente y emplear la Fuerza Pública para recuperar el control del corredor estratégico del norte del Tolima. Así, permanece intacto el aprovechamiento territorial por parte de los principales responsables —autores intelectuales y beneficiarios (estructura jerárquica)— de estas prácticas, consolidando un orden de violencia que reproduce y profundiza el juvenicidio como práctica social genocida.

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En este contexto, la violencia que se presenta como “ajena” o “sin conexidad” no constituye una suma aislada de hechos delictivos, sino la manifestación de una práctica sistemática que precariza, persigue y elimina a sectores juveniles específicos, naturalizando su muerte y desaparición como parte del orden social impuesto. La reiteración de homicidios selectivos y desapariciones forzadas contra jóvenes en territorios de baja densidad poblacional permite advertir la configuración de un juvenicidio.

*Fuentes de información.

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