El Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá profirió un fallo de tutela que ampara los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la rectificación de la excanciller Laura Sarabia. La decisión judicial se dio luego de las declaraciones pronunciadas por Angie Rodríguez, quien atribuyó a la ex funcionaria la facilitación de encuentros personales al expresidente Gustavo Petro y el manejo de material reservado para presionar decisiones administrativas.

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La orden emitida por el despacho judicial establece un término de 48 horas a partir de la notificación formal para que la exdirectora del DAPRE dé cumplimiento a la medida. El fallo especifica que Rodríguez debe suscribir el texto fijado por el juzgado y realizar una lectura integra en un registro audiovisual con su propia voz, otorgándole la opción técnica de realizar la grabación sin exponer su rostro ante la cámara.

La acción de tutela fue impulsada por la representante de Sarabia, Lina Sandoval Echavarría, a raíz de una entrevista concedida por Rodríguez al periodista Daniel Samper Ospina, espacio en el que sostuvo que la exembajadora custodiaba archivos de la esfera privada del mandatario para asegurar permanencia en cargos públicos. Ante dichos señalamientos, la defensa argumentó la ausencia de soporte probatorio y la necesidad de proteger la reputación frente a imputaciones presentadas como hechos verificados.

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El fallo coincide con la apertura de líneas de investigación en la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación para verificar presuntas irregularidades en la vinculación de personal en entidades gubernamentales y en el Congreso. En el marco de estas actuaciones, la Fiscalía dispuso la recolección de elementos de prueba, inspecciones a dispositivos móviles y la programación de citaciones para recepcionar los testimonios de las partes involucradas.

Asimismo, las autoridades judiciales adelantaron trámites de inspección a expedientes contractuales en la Secretaría General del Senado con el fin de auditar las vinculaciones laborales realizadas en períodos anteriores. Las indagaciones buscan establecer la existencia de eventuales faltas disciplinarias o conductas punibles señaladas en testimonios presentados por personas vinculadas a las investigaciones que cursan en los entes de control.

Por su parte, la representación jurídica del expresidente Gustavo Petro emitió un comunicado institucional respecto a los materiales digitales divulgados en redes sociales por otras partes intervinientes en el caso. La defensa legal indicó que la validez, origen y contexto de cualquier elemento presentado como prueba deben someterse a peritajes técnicos dentro de los procesos formalmente constituidos ante los jueces competentes.

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El equipo defensor reiteró que los cuestionamientos sobre la gestión y los actos de la administración previa serán atendidos exclusivamente en las instancias judiciales designadas por la ley. La postura oficial recalcó la negativa respecto al condicionamiento de contrataciones públicas a cambio de favores personales y señaló que se mantendrá el respeto por la reserva de las actuaciones procesales en curso.