La administración municipal de Ataco estructuró un plan orientado a instalar más de mil unidades sanitarias en zonas rurales, proceso que contó con un presupuesto superior a los $20.000 mil millones. Dicha iniciativa quedó bajo la lupa de los organismos de control debido a múltiples falencias detectadas durante su ejecución y contratación, lo que motivó el inicio de averiguaciones formales contra varios funcionarios y exmandatarios de la región.

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Adriyojana Lugo Camacho, exsecretaria de Planeación del municipio, acudió voluntariamente ante las unidades policiales de la ciudad de Neiva tras conocer la existencia de una orden de captura emitida en su contra por estos hechos. Los investigadores determinaron que la procesada habría participado en la elaboración de documentos previos para favorecer a un solo proponente durante los procesos de asignación de supervisiones.

Las pesquisas señalan que la exfuncionaria validó papeles oficiales a pesar de la ausencia de representantes legales en reuniones clave, además de permitir la ejecución de trabajos sin la debida vigilancia técnica estipulada en los acuerdos iniciales. Estas acciones derivaron en la pérdida de significativos recursos públicos destinados a una población históricamente golpeada por la violencia y catalogada dentro de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Durante las audiencias preliminares, un delegado del ente acusador presentó los elementos de prueba recolectados y formuló cargos contra Lugo Camacho por delitos asociados con la apropiación indebida de fondos y la alteración de documentos oficiales. La defensa de la procesada optó por no aceptar los señalamientos expuestos por el organismo de investigación en esta etapa del proceso.

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Un despacho judicial con funciones de control de garantías analizó los argumentos presentados por las partes intervinientes y determinó una medida restrictiva de la libertad que deberá cumplirse en el domicilio de la implicada. No obstante, los representantes del órgano investigador interpusieron los recursos legales correspondientes para solicitar la modificación de dicha disposición respecto a su situación jurídica actual.

*Contiene información suministrada por la oficina de prensa de la Fiscalía General de la Nación.