Por: Humberto Leyton

La injustificable actitud del gobierno Uribe-Duque, de destinar el mayor porcentaje del presupuesto nacional para la guerra, mientras a la educación y cultura se les relega, es lo normal para un gobierno de ultraderecha donde las prioridades se invierten.

Para ellos, es más importante la represión para someter a los ciudadanos, especialmente a sus opositores, que la educación y cultura que libera y forman personas conscientes de su historia, destino y futuro. El conocimiento poco les interesa.  

No de otra forma se debe entender la paradoja que después de haber firmado un tratado de paz con las FARC, el gobierno siga incrementando los gastos militares, cuando este presupuesto debería de ser inferior para dedicar gran parte del mismo a programas de educación, ciencia, investigación, niñez, salud, vivienda, vías y cultura, entre otras necesidades. 

De los casi 300 billones que el gobierno sometió a consideración del Congreso para su aprobación, el 40 por ciento, se destinará a la guerra y al pago de la deuda externa, según estimativos de analistas y comentaristas independientes. Y eso que no contamos los tres billones que están pidiendo para la compra de misiles antiaéreos y de material para la modernización del ejército.  

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Se agrega a ello, la reforma tributaria que análogamente va a golpear el bolsillo de los docentes y empleados universitarios que ganen más de dos millones 500 mil pesos, dentro del diseño que hizo el gobierno corporativo de Uribe-Duque, donde la clase media y los trabajadores tendrán la mayor carga impositiva a sus espaldas en las declaraciones de renta; en tanto que, los grandes empresarios, monopolios y transnacionales tendrán reducción en sus impuestos.

Los docentes afirma que actualmente de 15 salarios que se ganan al año, algunos no todos,   están pagando entre 0.5 y más de tres salarios solo en impuestos.  

La desfinanciación y el sobrio panorama de la universidad pública, se viene registrando con más fuerza desde la presidencia de César Gaviria (1990-1994); es decir, hace más de 24 años, cuando se equiparó a la educación superior pública como un negocio que debía ser rentable y dejar ganancias lo mismo que la privada. Desde entonces, época en que ingresó la doctrina económica neoliberal con todo furor al país, la universidad pública quedó herida de muerte, y por ende, el derecho de educarse a las clases medias y trabajadoras quedó entredicho.

Ante la agudización de la crisis económica de la enseñanza superior pública, los estamentos universitarios (estudiantes, docentes, catedráticos, directivos, funcionarios y trabajadores), tienen razones de sobra para salir a protestar este miércoles 10 de octubre, exigiendo más presupuesto para la educación. A ellos, se sumarán otros sectores como el Sena, arroceros, caficultores y sectores agropecuarios que se sienten también afectados con el proyecto de presupuesto de guerra que discute el Congreso, que sin duda, los perjudica y estanca al sector agropecuario colombiano.

Por eso debemos exigirle al gobierno de Uribe-Duque, la apropiación de más recursos para la educación y la investigación en la universidad pública, que en criterio de rectores, estudiantes y estamentos universitarios, no tienen ya recursos ni para finalizar el año, debido al déficit de más de dos billones de pesos, según la asegura Leonardo Fabio Martínez, rector de la Universidad Pedagógica de Bogotá.

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También las universidades necesitan la elaboración de un plan de salvamento o emergencia que le inyecte prontamente recursos, como el pago de los recursos a que tiene derecho en virtud de la reforma tributaria de hace dos años y que hasta el momento no han sido cancelados por el gobierno, por lo que ya el Sistema Universitario Estatal (SUE), piensa demandar al Estado para que les cancele.

Es también urgente y necesaria  la reformar los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992 para que se pueda aumentar la base presupuestal de estas instituciones, ya que estas normas son el cuello de botella que impiden el crecimiento económico de las universidades públicas.

Otra iniciativa que proponen es que los recursos del programa Ser Pilo Paga, se destinen a la universidad pública, ya que se considera que, en la práctica, este proyecto es discriminatorio y que solo fortalece las finanzas de las universidades privadas.   

La crisis de las instituciones educativas de enseñanza superior es de todos, los ciudadanos no podemos quedarnos sentados esperando soluciones milagrosas. También tenemos que solidarizarnos y acompañarlos en los luchas y exigencias, es el futuro de nuestros jóvenes, es la esperanza de Colombia la que está en juego.    

El Sena va a la marcha

La llamada universidad de los pobres también afronta problemas. Los trabajadores del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) se unieron a la lucha de las universidades públicas. El sindicato que los agrupa, denuncia que el nuevo director,

Carlos Mario Estrada, hasta el momento, no se ha reunido con el gobierno para discutir temas relacionados con la situación laboral y el presupuesto para 2019 de esa entidad.

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En un comunicado de prensa los trabajadores señalan que no están de acuerdo con los recursos destinados para el próximo año, pues escasamente paso de 3.4 billones a 3.5 e indican que incremento propuesto por el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, tiene un faltante de 290 mil millones de pesos, para subsanar asuntos de infraestructura y alcanzar un indicador más alto en la preparación y formalización laboral.

Las calles y plazas públicas están abiertas para recibir a miles de estudiantes, profesores, funcionarios y sectores que se movilicen en defensa de la enseñanza pública este miércoles 10 de octubre. Allá estaremos.