El alcalde de Ataco, Héctor Fabio Muñoz Briñez, fue capturado este martes en medio de un procedimiento adelantado por servidores de la Fiscalía General de la Nación, según confirmó el propio mandatario en un comunicado dirigido a los habitantes del municipio. El pronunciamiento, publicado inicialmente en la página oficial de la Alcaldía, fue retirado minutos después.

De acuerdo con Muñoz Briñez, funcionarios de la Fiscalía se presentaron durante las primeras horas de la mañana en su residencia para notificarle sobre el procedimiento judicial.

De manera extraoficial se conoció que también fue capturado el exalcalde de Ataco Miller Aldana Castro, 2020 y 2023. Ambos habrían sido trasladados en helicóptero para ser presentados ante la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía en Bogotá.

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El procedimiento estaría relacionado con contratos para la construcción de unidades sanitarias en el sector rural de Ataco, proyecto que tuvo origen durante la administración de Aldana y que posteriormente continuó durante el actual gobierno.

“Siempre he estado listo para dar cuenta de cada una de mis actuaciones y de las decisiones de mi gobierno. Jamás me he escondido y nunca lo haré”, señaló el mandatario.

Hasta el momento, el comunicado del alcalde no precisa el delito que le atribuye la Fiscalía, el monto del contrato ni los detalles de la investigación. Tampoco se conocen, en la información entregada públicamente por el mandatario, las condiciones en las que se desarrollará su proceso judicial.

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El proceso en Procuraduría

Ambos ya tendrían un antecedente de investigación por presuntas irregularidades en contratos. En 2024, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra el actual alcalde de Ataco, Héctor Fabio Muñoz Briñez, y el exalcalde Miller Aldana Castro, a raíz de una denuncia de un concejal divulgada en un medio de comunicación sobre presuntas irregularidades en la contratación y asignación de cargos públicos en la Alcaldía de Ataco.

Entre los señalamientos se encontraba la presunta repartición política de cargos y contratos, incluida la gerencia del Hospital de Ataco, así como el manejo de contratos de menor cuantía.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Chaparral ordenó entonces la práctica de pruebas documentales y testimoniales para establecer la ocurrencia de los hechos y determinar si estos podían constituir faltas disciplinarias.

Ahora, ambos aparecen nuevamente vinculados a una actuación de la Fiscalía, esta vez relacionada, según la información conocida hasta el momento, con contratos de unidades sanitarias.