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En Ataco, obras contratadas por más de $21.550 millones continúan inconclusas
Suministrado por Fiscalía General de la Nación. Alcalde de Ataco, Héctor Fabio Muñoz Briñez; al exalcalde del mismo municipio, Miller Aldana Castro; y al contratista Rodolfo Fajardo Gutiérrez.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó al alcalde de Ataco, Héctor Fabio Muñoz Briñez; al exalcalde del mismo municipio, Miller Aldana Castro; y al contratista Rodolfo Fajardo Gutiérrez, por su presunta participación en irregularidades relacionadas con un proyecto de saneamiento básico financiado con regalías.
Al alcalde Héctor Fabio Muñoz Briñez le fue imputado el delito de peculado por apropiación en favor de terceros agravado; mientras al exalcalde Miller Aldana Castro, se le imputó el delito de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación; al contratista Rodolfo Fajardo Gutiérrez, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.
Por disposición de un juez de control de garantías, los tres procesados deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia. Esta decisión fue apelada por la Fiscalía.
La actuación está relacionada con dos contratos de obra y sus interventorías, suscritos entre junio y agosto de 2022 por más de 21.550 millones de pesos, para construir 1.170 unidades sanitarias en 47 veredas. Los recursos fueron aprobados por el OCAD Paz debido a que Ataco está incluido en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Cuatro años después, el proyecto permanece inconcluso.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios, el exalcalde Aldana Castro habría modificado las condiciones y los plazos del proceso de selección para favorecer al contratista Fajardo Gutiérrez, cuya empresa presuntamente no cumplía los requisitos exigidos. El contratista también es señalado de intervenir en la asignación de las interventorías. Además, se habrían autorizado pagos por actividades no ejecutadas, lo que ocasionó un posible detrimento patrimonial de 499 millones de pesos.
El caso hace parte de la priorización de investigaciones por hechos de corrupción que comprometen recursos del Sistema General de Regalías. Las actividades investigativas fueron adelantadas por el Grupo de Tareas Especiales creado para identificar y judicializar este tipo de conductas.
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