La auditoría, denominada ‘actuación especial de fiscalización’ realizada por la Contraloría Municipal de Ibagué en la que evalúo la legalidad de las obligaciones asumidas por la empresa IBAL y la Constructora Bolívar, en el Complejo Residencial Arboleda del Campestre, (CRAC), según la veeduría VAPI, (Agua Para Ibagué), “es un informe omisivo por cuanto evade llegar al fondo de los graves hechos”.

En la auditoría que la Contraloría Municipal realizó al convenio 003 de 2002, en el que las partes, IBAL-Constructora Bolívar-, se comprometen a “Aunar esfuerzo para la efectiva prestación del servicio de acueducto y alcantarillado a los conjuntos del sector de Arboleda Campestre sector Picaleña”, la única problemática hallada que sobresale es la de no haberse realizado pruebas específicas sobre metales pesados y microfosforados en el agua destinada a uso doméstico de los habitantes del CRAC.

En ese sentido, a través de Cortolima, se le exige al prestador del servicio y actual administrador de la PTAP (Planta de Tratamiento de Agua Potable), practicar dichas pruebas específicas. Quizás es lo único que comparte la veeduría VAPI (Agua Para Ibagué) del informe de la Contraloría Municipal de Ibagué.

Señala VAPI que “Ante el fracaso que significaron la casi totalidad de las fraudulentas disponibilidades hidrosanitarias entregadas por el IBAL para el desarrollo del CRAC, las cuales fueron suscritas entre otros funcionarios, por la actual gerente del IBAL y por quien hoy funge como Alcalde de la ciudad, Cortolima procedió a entregar de manera irregular, violentando sus propias reglamentaciones (resolución 600 de 2016), una concesión de agua para consumo humano en CRAC, agua procedente del Río Combeima, captada en un sector en el cual no está autorizada, en razón a disposiciones ambientales de carácter internacional, su utilización para consumo humano, actuación que no dudamos en calificar “de lesa humanidad”.

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También muestra su desacuerdo VAPI cuando afirma que “Decir que estas aguas son aptas para el consumo humano porque su Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA), arroja lecturas positivas después de haber sido tratadas en la Planta de Tratamiento Arboleda del Campestre (PTAP), no es más que un engaño que oculta la muy probable y grave contaminación de esas aguas con sustancias y elementos indetectables en las pruebas del IRCA, sustancias que podrían estar afectando de manera gravísima la salud de quienes las estén consumiendo”.

Asegura la veeduría Agua Para Ibagué que “La realización de las pruebas de laboratorio de medición de “parámetros especiales”, tendría que haberse hecho con mucha anticipación, incluso a la entrega de la concesión, por lo que su omisión, no es un simple asunto administrativo, sino que se está exponiendo a esa población a un muy probable y serio riesgo que debería de haber prendido todas las alarmas desde hace mucho tiempo”.

Hay que anotar que la auditoría de la Contraloría Municipal de Ibagué, se generó por expresa solicitud de VAPI, cuando desde el año 2022 esta veeduría señaló “de dañino, nocivo y leonino, el convenio suscrito entre el IBAL, el constructor, Arboleda del Campestre y los dueños de esas tierras”, por ello asegura que se trata de “un informe omisivo por cuanto evade llegar al fondo de los graves hechos” que en su momento VAPI expuso.

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Dentro de algunos de los hechos que VAPI en su momento expuso como anómalos para que la Contraloría investigara, se destacan:

• “A través del IBAL se le cargan a la ciudad de Ibagué unas responsabilidades sumamente delicadas, además de incumplibles, todo ello bajo la gravedad de sanciones ante un eventual incumplimiento (a la ciudad de Ibagué la amarraron de las manos, de las patas y la sirvieron en bandeja de plata)”.

• “El urbanizador le entrega en usufructo al IBAL la concesión de agua que tan ligera e irregularmente Cortolima viabilizó, esto en desconocimiento que ese derecho de concesión no es traslaticio a ningún título, por lo que claramente se incurre en nuevas violaciones legales”.

• “Otro asunto de extrema gravedad que se pretende ignorar en la revisión de este convenio es lo relacionado con tratamiento y disposición final de las aguas servidas (alcantarillado) las cuales al parecer están siendo inadecuadamente dispuestas, generando grave contaminación”.

• “Sin ningún tipo de estudio técnico, se acepta por parte del IBAL que la utilización de canales de riego a cielo abierto, algunos de ellos sin ningún tipo de revestimiento y que pasan por áreas de cultivos, sean utilizados como línea de conducción para un sistema de acueducto, lo cual evidentemente es irregular y genera factores de gravísimo riesgo para quienes se ven sometidos y obligados a consumir las aguas que por allí se conducen; esos canales además de recibir aguas de alcantarillas desde su bocatoma del Rio Combeima, también reciben aguas de escorrentía de vías urbanas de la ciudad”.

• “Al recibir por 2 años, en usufructo los 21 litros de la concesión que le entrega el urbanizador, el IBAL se obliga a devolverle 60 litros por segundo, es decir que por ese “favor” se obliga a la ciudad a devolver 3 veces ese volumen de agua para que se continúe con los negocios de esa urbanización; además, esa obligación, no depende del IBAL, sino de la autoridad ambiental que otorga las concesiones, a no ser que se pretenda que esa obligación “se pague”, con agua de la concesión del acueducto complementario”.