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Ibagué: adultos mayores para las elecciones y diciembre, ¿y después quién responde?

Ibagué: adultos mayores para las elecciones y diciembre, ¿y después quién responde?

Por Oscar Augusto Sotomayor Uribe*


La protección de las personas mayores no puede convertirse en una estrategia de temporada. Mientras abundan los discursos, las fotografías y las actividades de diciembre, quienes viven en situación de abandono o en condición de calle siguen esperando respuestas. La destinación de los recursos públicos exige transparencia y resultados.

En Ibagué hay una práctica política que merece cuestionarse: los adultos mayores aparecen con frecuencia en las fotografías de las campañas electorales, las jornadas de entrega de ayudas y las celebraciones de diciembre. Se les visita, se les ofrecen alimentos, se les hacen promesas y se exhiben las actividades como demostraciones de sensibilidad social. Pero ¿qué sucede cuando terminan las campañas, se apagan las luces navideñas y desaparecen las cámaras?

La pregunta es especialmente incómoda cuando se observa la situación de quienes envejecen en condición de calle, abandono o desprotección familiar. Estas personas no necesitan solidaridad ocasional ni discursos de ocasión. Necesitan alimentación permanente, alojamiento digno, atención en salud, medicamentos, acompañamiento psicosocial y protección efectiva de sus derechos.

No se trata de desconocer los programas que desarrolla la Administración municipal, sino de establecer si son suficientes, si funcionan durante todo el año y, fundamentalmente, si los recursos destinados a esta población llegan a sus verdaderos beneficiarios.

Las cifras de la Contraloría obligan a preguntar.

El 3 de noviembre de 2026, varios medios de comunicación divulgaron los resultados de un informe definitivo de auditoría de la Contraloría Municipal de Ibagué, fechado el 17 de marzo de 2026, correspondiente a la vigencia 2025. El ejercicio de control dejó cuatro hallazgos administrativos relacionados con la gestión de recursos de las estampillas Pro-Bienestar del Adulto Mayor y Pro-Cultura, además de deficiencias en la información de programas sociales.

Uno de los aspectos examinados fue el programa Pan de Vida. La auditoría encontró una base de 2.950 registros que, después de depurarse, correspondía a 2.929 personas únicas. Sin embargo, otros reportes institucionales hablaban de 2.900 y hasta 3.400 beneficiarios. También encontró diferencias en los registros del Centro Día Popular y del Centro de Bienestar del Adulto Mayor.

En materia financiera, el informe documentó diferencias por $57.321.329 entre los registros de recaudo reportados y la información municipal de las dos estampillas: $26.699.349 correspondientes a Pro-Bienestar del Adulto Mayor y $30.621.980 a Pro-Cultura.

Es necesario mantener la precisión jurídica: los $13.131 millones examinados corresponden a recursos relacionados con ambas estampillas y no exclusivamente a la atención de adultos mayores. Tampoco los hallazgos administrativos demuestran apropiación indebida o detrimento patrimonial. La posible incidencia fiscal de $1.333 millones, planteada inicialmente, fue retirada por la Contraloría después de evaluar los soportes de la Administración, según lo plasmado en el informe.

Pero que no se haya establecido ese detrimento no elimina la obligación de explicar cómo se recaudan, distribuyen, ejecutan y controlan los recursos destinados a la protección de las personas mayores.

Los habitantes de calle también exigen respuestas.

El panorama adquiere otra dimensión con el balance municipal divulgado el 14 de noviembre de 2026. En otro informe periodístico se da cuenta que Ibagué tiene 1.738 personas caracterizadas en condición de calle: 630 permanecen en las vías públicas, 682 están en seis fundaciones, 413 regresaron a sus lugares de origen y 13 fallecieron.

La Alcaldía anunció una reducción del 51 % en la presencia de habitantes de calle. Sin embargo, la información publicada no precisa el periodo de comparación ni la cifra de referencia utilizada para establecer ese porcentaje. Tampoco discrimina cuántas personas mayores de 60 años integran esa población.

Esta última ausencia es particularmente preocupante. No sabemos, a partir de ese balance, cuántos adultos mayores continúan viviendo en las calles, cuántos reciben atención integral ni cuántos cuentan con protección institucional permanente. Tampoco podemos equiparar el ingreso a una fundación con la superación definitiva de la habitabilidad de calle, según lo informado.

El control ciudadano no puede quedarse en los discursos.

El 15 de noviembre de 2026 envié un derecho de petición a la Alcaldía de Ibagué, la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario y la Secretaría de Hacienda, en ejercicio del derecho fundamental de petición y de acceso a la información pública, para obtener claridad sobre la atención a los adultos mayores habitantes de calle y los recursos públicos destinados a su protección.

La discusión, por tanto, no consiste en presumir irregularidades ni atribuir responsabilidades sin pruebas. Consiste en exigir información verificable sobre presupuestos, contratos, pagos, beneficiarios y resultados.

La Administración debe explicar cuánto dinero se apropió, cuánto comprometió, cuánto pagó y qué servicios recibió efectivamente esta población. La Contraloría debe garantizar la vigilancia fiscal dentro de sus competencias, mientras el Concejo Municipal tiene la responsabilidad de ejercer control político sobre la continuidad y eficacia de los programas.

Los adultos mayores no pueden convertirse en protagonistas de temporada: importantes durante las elecciones, visibles en diciembre e invisibles cuando comienza enero. Tampoco quienes viven en las calles pueden reducirse a una cifra en los balances de recuperación del espacio público.

Los recursos públicos destinados a su cuidado no son favores políticos ni actos de caridad: son obligaciones institucionales.

Ibagué necesita menos fotografías y más protección efectiva; menos anuncios y más resultados verificables. Porque una ciudad demuestra su verdadera calidad humana no por la cantidad de ayudas que entrega en Navidad, sino por la dignidad con la que protege a quienes necesitan atención durante los 365 días del año.

*Abogado, Oficial (RVA), doctorando en Derecho Constitucional, magíster, especialista, investigador y docente universitario.

Referencias bibliográficas (APA 7)

Con La Verdad. (2026, 3 de noviembre). Las cifras que no cuadran en adultos mayores, Panóptico y cultura en la Alcaldía de Ibagué. Consultar publicación.

El Olfato. (2026, 14 de noviembre). Ibagué registra reducción del 51 % en habitantes de calle. Consultar publicación.

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