Un juez de la República impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Andrea Cardona Cortés, quien se habría hecho pasar por funcionaria de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación, logrando despojar a sus víctimas de la suma de $100 millones. 

A la mujer le fue imputado el delito de estafa agravada en concurso con falsedad material en documento público, lo cual no aceptó haber cometido.

El engaño consistía al parecer, en garantizarles la adjudicación de viviendas y automotores que se encontraban en proceso de remate, entregándoles a cambio documentos con logos distintivos de la institución para generar en ellos la seguridad que todo se estaba haciendo bajo términos legales.

El ente acusador le imputó dos hechos ocurridos a inicios de este año. En el primero madre e hija habrían perdido la suma de $53 millones mientras que, en el segundo caso, la persona afectada perdería la suma de $47 millones.

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Las parientes confiaron en la mujer que fue referida por alguien cercano. La estafadora les hizo creer que sus superiores la habían destacado para la venta de los bienes que estaban listos para remate, y que, justamente había un inmueble disponible ubicado en el barrio Jordán 8 etapa de Ibagué por un valor de $50 millones. 

Les enseñó fotos del mismo y les advirtió que no podría enseñarles físicamente la vivienda porque como se encontraba en extinción de dominio, no era permitido por la Fiscalía.

Fue así como las afectadas procedieron a entregarle en dos partes la suma acordada. Y después de darles muchas largas a la entrega del inmueble, el 15 de febrero de este año fue la última vez que la mujer se contactó con ellas perdiendo por completo la comunicación con la hoy procesada.

En la segunda noticia criminal que fue relacionada en esta investigación, la víctima fue inducida en error al hacerle creer que era pensionada de la Policía y funcionaria de la FGN, y que era la encargada de adjudicar casas, carros y motocicletas. Argumentó que cada 4 años al cambio presidencial el ente acusador remataba los bienes incautados a narcotraficantes y organizaciones criminales.

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Así convenció a la víctima de que comprase una vivienda ubicada en un barrio de la ciudad y a cambio le entregara de manera inicial $7 millones, toda vez que quería ayudarle debido a la situación de discapacidad visual que tenía el ciudadano incauto y los quebrantos de salud de su madre de avanzada edad, y así no perdiera la oportunidad de tener un techo para ella.

Luego le envió a través de WhatsApp un certificado de tradición del cual se comprobó posteriormente era falso, donde figuraba como propietario. Así lo convenció de entregarle el resto de lo acordado quedando de entregarle las llaves de la casa y de hacer las firmas para las escrituras a su nombre, lo cual nunca sucedió.

Al averiguar en la notaría donde supuestamente se estaban haciendo los trámites para adquirir la vivienda, le informaron que a su nombre no reposaba ningún trámite de escrituración y que, al parecer, habían llegado varias personas con casos similares, decidiendo entonces formular la respectiva denuncia.

La mujer permanecerá detenida en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial.