El comunicado fue firmado por el presidente de la junta directiva de la Unión de trabajadores del Inpec Horacio Bustamante, quien indicó que el pronunciamiento hecho por el fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez es falsa, tildándolos de cometer actos de corrupción al cobrar sobresueldos a los alcaldes de varios municipios del país.

El documento señala que los internos detenidos de forma preventiva y de manera legal corresponde la manutención a las entidades territoriales, se trata de aquellos a quienes no se les ha hecho un juicio o que la Fiscalía no se les ha resuelto a la situación judicial, encontrándose en hacinamiento.

La obligación está contemplada en la ley 65 de 1993, articulo 19, con varios pronunciamientos, que ratifican la obligación que tienen los entes interadministrativos con las mismas alcaldías con dichos internos, cuando carezcan de un centro carcelario debiendo celebrar convenios con el Inpec, que integren los servicios establecidos en dicha ley.

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Asocapitales en cabeza de Federico Gutiérrez señala el comunicado, ha querido endilgar la responsabilidad al Inpec, cuando más de 200 alcaldes han celebrado convenios para la manutención de los reclusos que NO son del Inpec, sino de las entidades territoriales.

Ahora, no es cierto reza el comunicado, que exigir el pago de las obligaciones legales contempladas en la ley 65 de 1993 sea un delito contrario, por ello consideraron que la Fiscalía dio la noticia al revés, además debe iniciar investigaciones penales por prevaricato a los alcaldes que se han negado a celebrar estos convenios para superar la crisis carcelaria, tal y como lo ha exigido la Procuraduría General de la nación en varias intervenciones.

La Corte Constitucional ha sentenciado que la crisis carcelaria es responsabilidad de todo el estado, entre ellos todos los órganos del poder público, así como existe una gran responsabilidad de las entidades territoriales que no han presupuestado los rubros para el pago y manutención de las personas privadas de la libertad a su cargo a tal punto, que tenemos claro que dónde estos alcaldes cumplieran sus obligaciones, la suerte del Inpec sería otra.

 Es por ello, que exigimos no echar la culpa al Inpec de la incoherente política criminal en Colombia, no producimos hacinamiento, lo soportamos, no tenemos los procesos de salud, alimentación, construcción, vigilancia electrónica en las cárceles, estos son de la USPEC, pero se atribuye todo lo que tiene que ver con cárceles al Inpec.

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El comunicado termina diciendo que exigen al director del Inpec general Jorge Luis Ramírez salga a la defensa institucional ya que el silencio solo sirve a la campaña política del candidato Germán Vargas Lleras, que según ellos se alimenta de yerros como el antes anotado.