La Fiscalía General de la Nación formalizó el proceso judicial en contra del exalcalde de El Espinal, Mauricio Ortiz Monroy, a quien señala de incurrir en presuntas irregularidades contractuales durante el inicio de su administración municipal. La medida también cobija a un grupo de excolaboradores de su gabinete y a dos particulares, en el marco de una investigación por supuestos favorecimientos en la adjudicación de fondos públicos.

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Los hechos bajo la lupa del ente investigador se remontan a febrero de 2016, época en la que se suscribieron dos convenios de alta relevancia para la gestión local. Según las pesquisas, uno de los compromisos buscaba la gestión y soporte de maquinaria pesada, mientras que el segundo se pactó con una firma comercial, ambos bajo condiciones que vulneraban la legalidad vigente.

El punto central de la investigación radica en los vínculos de parentesco de los contratistas. La entidad descubrió que uno de los adjudicatarios era el esposo de Ivonne Zulimar Forero Olaya, quien para la época se desempeñaba como directora administrativa de Turismo y Emprendimiento. Por su parte, la representación legal de la empresa beneficiada en el segundo contrato estaba a cargo del hermano de la misma exdirectora.

La gravedad del caso se acentúa con la implicación de la cúpula directiva de esa administración. Además del mandatario y la exdirectora de Turismo, el ente acusador vinculó a los exsecretarios de Planeación e Infraestructura, Juan Guillermo Cardozo; de Gobierno, Miguel Ángel Carvajal; y a la entonces jefa de Contratación, Lanny Yulieth Torres, quienes habrían certificado falsamente la ausencia de impedimentos legales.

Ante un juez de control de garantías, un fiscal delegado de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima formuló la imputación formal. El delito endilgado a los siete procesados es el de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, conducta que sanciona el desacato a las normas de transparencia en la función pública.

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Durante la audiencia de formulación de cargos, ninguno de los imputados aceptó la responsabilidad penal señalada por la Fiscalía. Con la negativa de los investigados, el proceso penal continuará su curso en las etapas correspondientes, donde la justicia determinará si existió un entramado intencionado para beneficiar a allegados con recursos de los habitantes de El Espinal.

*Con información suministrada por la oficina de prensa de la Fiscalía General de la Nación.