Una caótica situación se registra en los patios 5 donde alberga los sindicados, el patio 2 de los condenados, el patio de mujeres en el bloque 4, el de alta seguridad en el bloque 3 y el bloque 2 de la cárcel de Picaleña, en donde un carro cisterna del Cuerpo de Bomberos de Ibagué, tiene que ingresar todos los días y distribuir el agua, que posteriormente es recogida por los mismos reclusos en totumas para su aseo personal.

Son 2.100 personas que deben afrontar situaciones infrahumanas, porque no cuentan con este derecho fundamental.

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“A diario deben recoger el agua y albergarla en las tazas de acero inoxidable de la Unidad Sanitaria, lugar que no ofrece garantías en materia de salud. Cabe señalar que los baños de los centros carcelarios, no cuentan con tanques y que lo único que brinda el suministro del líquido es un tubo que permite descargar, pero en Picaleña está fuera de servicio”. “Ante ello, lo más lógico es que se construya un centro de acopio en diferentes pabellones para evitar una emergencia sanitaria”, declaró Alejandro Durán, Director del Sindicato de Trabajadores de Inpec de la cárcel de Picaleña, quien culpó a la Uspec de esa crisis.

Los fines de semana cuando se registra un mayor ingreso de visitantes, el Inpec debe acudir a mangueras y hacer rendir el agua, siendo un problema mayúsculo ya que no rinde y en algunos bloques ni siquiera alcanza a fluir de manera rápida.       

“Esta situación generó inseguridad y alteración del orden público en días pasados dónde dos internos que tenían roces, se encontraron haciendo fila buscando agua y uno de ellos atacó a otro con un arma blanca ocasionándole la muerte” dijo Durán.

El director del sindicato de trabajadores del Inpec de la Cárcel de Picaleña, Alejandro Durán declaró “que la problemática del desabastecimiento del agua se debe a que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, no se ha pronunciado en el arreglo de diez motobombas para que el agua pueda llegar con presión a todas las instalaciones y que por ahora sólo trabajan cuatro”.

“La falta del agua, así como de otras falencias que se registran en la cárcel nos está ocasionando problemas de orden público”. Pese a que se tiene periódicamente la visita de la Secretaria de Salud municipal que se encarga de hacer un monitoreo a los internos, la situación se agudiza”, declaró Alejandro Durán.

Qué sucede con el sistema contra incendios

Sumado a la situación del agua, hay otra falencia que se evidencia en el sistema hidráulico de la Cárcel, que permite apagar los incendios que se pueden registrar y que tampoco funciona, es así que el Inpec acudió al Ministerio del Trabajo desde hace dos años mediante un derecho de petición el cual hasta el momento no ha sido respondido.

“En el mismo se adjuntaron los hallazgos evidentes a los cuales más de cinco mil reclusos están expuestos, sin embargo, y al ocurrir una situación de emergencia el Ministerio del Trabajo sería el único responsable de una tragedia, ya que hasta el momento no ha respondido nada”, declaró Alejandro Durán.

Cuando se entregaron las nuevas cárceles en el 2002, el gobierno nacional obligó a ocuparlas sin este sistema, poniendo en riesgo la vida de hombres y mujeres que se encuentran al interior de las mismas.  Por su parte la Uspec conoce de la problemática y no ha querido atenderla, desembolsando recursos, para superar la emergencia que se vive al interior del Coiba.

¿Burocracia en la Uspec?

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios Uspec, lleva más de seis años funcionando y ha sido objeto de críticas por parte del Gobierno y el mismo Ministerio de Justicia, dado a que no ha cumplido la misión de ponerle eficiencia y trasparencia al manejo de recursos  

“Es un completo desorden dice Juan Carlos Restrepo, consejero presidencial, tenemos la problemática del hacinamiento carcelario, más la de brindar condiciones dignas en materia de salud, habitabilidad y alimentación”.

Cabe recordar que el presupuesto que maneja la Uspec es del orden de un billón de pesos, pero en materia de ejecución es muy pobre. Además, esta entidad protagonizó el escándalo de los brazaletes electrónicos y su contratación pagando 2 mil 152 millones de pesos que no habían sido instalados en personas privadas de la libertad, hecho según la Contraloría General de la República como un daño al patrimonio público.