Por Óscar Viña Pardo.  

El Presupuesto General de la Nación 2025 deberá ser expedido por decreto antes del 31 de diciembre. Este incumbirá reflejar no solo una política de austeridad, sino también el cumplimiento del pago de la deuda externa y los retos que imponen los programas sociales en marcha del gobierno Petro, así como las nuevas iniciativas anunciadas.  

El director de Planeación Nacional, Alexander López, calificó la situación como un golpe a las clases medias y a los sectores más vulnerables. “Hemos honrado las deudas de gobiernos anteriores, incluso las irresponsables heredadas de Iván Duque. Sin embargo, esta decisión afecta directamente el presupuesto de inversión, dejando a 26 de los 31 sectores sin recursos para inversión en el país”, aseguró.  

Frente a las afirmaciones de senadores como Miguel Uribe donde informó a través de medios de comunicación que el gobierno tiene en caja cerca de 97 billones de pesos, el alto funcionario en un mensaje a través de su cuenta X escribió: ¿Qué tenemos 97 billones sin ejecutar en fiducias? ¡PURA CARRETA! Sobre los 96,8 billones de los que hablan sin conocimiento y bajo engaños, me permito aclarar que:
•⁠  ⁠28 billones corresponden a los anunciados en el recorte presupuestal.
•⁠  ⁠42 billones corresponden a funcionamiento en donde en gran parte contienen el pago de la transferencia del SGP, al aseguramiento en salud y al pago de pensiones.
•⁠  ⁠14 billones corresponden al pago de la deuda.
•⁠  ⁠El exiguo restante corresponde a inversión que se paga a final de este año.

Aclarada esa duda, surgen interrogantes cruciales: ¿realmente los 9 a12 billones de pesos proyectados en la reforma habrían solucionado los problemas expuestos por los ministros? Con un déficit estimado en más de 40 billones de pesos para 2025, se necesita priorizar las inversiones. El presidente Gustavo Petro enfatizó la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, particularmente en los sectores de juegos de azar. Pero, ¿serán suficientes estas medidas?  

El senador del Centro Democrático recalcó que el gasto en funcionamiento y burocracia ha crecido significativamente, mientras la inversión se reduce: “El Gobierno aumentó el gasto de funcionamiento en 100 billones de pesos en dos años, un incremento del 20%”.  

Desde una perspectiva académica, Rémi Stellian, profesor de Administración en la Universidad Javeriana, advirtió sobre la desconexión entre el crecimiento del gasto de funcionamiento y la inversión pública. “Si los gastos públicos aumentan, deberían priorizarse las inversiones. Sin embargo, observamos un alza en los gastos operativos que no está acompañada de un mayor gasto de inversión, lo cual es preocupante”, explicó.  

En términos de gestión económica, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo fue aún más crítico. Señaló que el crecimiento descontrolado del gasto burocrático y las OPS (156% en dos años) agrava los problemas de caja del país. “La incapacidad de cumplir metas de recaudo, sumada a la incertidumbre económica y el riesgo país en aumento, solo profundizan las dificultades fiscales”, argumentó.  

El desafío para el nuevo ministro de Hacienda, un académico con experiencia como viceministro, será traducir cifras en acciones concretas. Es urgente que desde la cartera de Hacienda se coordine una estrategia clara para evitar que los ministros hablen sin fundamentos sólidos y mantengan la credibilidad de los programas sociales.