Por Óscar Viña Pardo.  

El Presupuesto General de la Nación 2025 deberá ser expedido por decreto antes del 31 de diciembre. Este incumbirá reflejar no solo una política de austeridad, sino también el cumplimiento del pago de la deuda externa y los retos que imponen los programas sociales en marcha del gobierno Petro, así como las nuevas iniciativas anunciadas.  

Sin embargo, las cifras generan sospechas. Según reportes de medios nacionales, en la vigencia actual no se ejecutaron 92 billones de pesos asignados a diversas dependencias, destacándose entre ellas el Ministerio de la Igualdad por su ineficiencia administrativa. En el pasado, las entidades con bajos índices de ejecución eran penalizadas presupuestalmente. ¿Sucederá lo mismo esta vez?  

El director de Planeación Nacional, Alexander López, calificó la situación como un golpe a las clases medias y a los sectores más vulnerables. “Hemos honrado las deudas de gobiernos anteriores, incluso las irresponsables heredadas de Iván Duque. Sin embargo, esta decisión afecta directamente el presupuesto de inversión, dejando a 26 de los 31 sectores sin recursos para inversión en el país”, aseguró.  

Surgen interrogantes cruciales: ¿realmente los 9a12 billones de pesos proyectados en la reforma habrían solucionado los problemas expuestos por los ministros? Con un déficit estimado en 40 billones de pesos para 2025, se necesita priorizar las inversiones. El presidente Gustavo Petro enfatizó la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, particularmente en los sectores de juegos de azar. Pero, ¿serán suficientes estas medidas?  

Por su parte, el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, pidió explicaciones al gobierno sobre el destino de los 92 billones no ejecutados. Según él, hasta tres reformas tributarias están guardadas en los bancos. Además, señaló que el gasto en funcionamiento y burocracia ha crecido significativamente, mientras la inversión se reduce: “El Gobierno aumentó el gasto de funcionamiento en 100 billones de pesos en dos años, un incremento del 20%”.  

Desde una perspectiva académica, Rémi Stellian, profesor de Administración en la Universidad Javeriana, advirtió sobre la desconexión entre el crecimiento del gasto de funcionamiento y la inversión pública. “Si los gastos públicos aumentan, deberían priorizarse las inversiones. Sin embargo, observamos un alza en los gastos operativos que no está acompañada de un mayor gasto de inversión, lo cual es preocupante”, explicó.  

En términos de gestión económica, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo fue aún más crítico. Señaló que el crecimiento descontrolado del gasto burocrático y las OPS (156% en dos años) agrava los problemas de caja del país. “La incapacidad de cumplir metas de recaudo, sumada a la incertidumbre económica y el riesgo país en aumento, solo profundizan las dificultades fiscales”, argumentó.  

El desafío para el nuevo ministro de Hacienda, un académico con experiencia como viceministro, será traducir cifras en acciones concretas. Es urgente que desde la cartera de Hacienda se coordine una estrategia clara para evitar que los ministros hablen sin fundamentos sólidos y mantengan la credibilidad de los programas sociales.