Pedro Luis Zambrano Cárdenas

Pensando con algo de melancolía, retrotraigo lo que hemos visto pasar con muchos de los viejos en nuestro medio; son millares de historias de vecinos, amigos, de familiares, o de casos que la prensa ha expuesto a la luz pública; mostrando la vida de personas mayores que tienen que rumiar su pobreza, el rigor de las enfermedades y el hambre, confinados en pequeños cuartos o en los andenes; porque, aunque por muchos años, han surcado la tierra  en los campos, levantado casas o ayudado en las viviendas en labores hogareñas o en el cuido de las nuevas generaciones; se encuentran con que su labor abnegada, no ha merecido el reconocimiento digno de los beneficiados con sus esfuerzos, ni tampoco por parte de las instituciones y el Estado.

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También sabemos de tantas mujeres que han tenido que ser valientes y adoptar la triple condición de padres, madres/esposas y, al tiempo, trabajadoras, para completar el sustento de la familia, y que; aunque ya tenían conquistas a su favor, no tenían aún todo el reconocimiento que correspondiera a ese esfuerzo.

Ellas merecen ser distinguidas en el trato legal, para tener reconocimiento institucional y pasar sin tantas afugias la tarde de los tiempos, en que la salud, el cuerpo y el espíritu menguan, para todos. De ese gran tamaño y dimensiones sociales, es la reforma pensional que la Corte Constitucional tenía bajo su análisis para el bien de los colombianos; ante hechos reales, como las estadísticas que enseñan que la proporción de colombianos que llegan a la vejez sin protección pensional es mayor al cincuenta por ciento. 

Pero, la mayor virtud de la reforma pensional colombiana no esté solamente en sus cifras, sino en la filosofía que la sostiene: entender la vejez como una responsabilidad compartida entre el individuo, la sociedad y el Estado.

El trabajador contribuye con el ahorro construido durante su vida laboral; la sociedad, mediante la solidaridad que permite proteger a quienes no alcanzan a cotizar suficientemente; y el Estado, garantizando, regulando y complementando los recursos necesarios para que la vejez no quede abandonada exclusivamente a la suerte económica de cada individuo.

Un aspecto muy de fondo de la verdadera importancia de la reforma es la salvación de su arquitectura de pilares; reconociendo una verdad indiscutible, y actuando, en consecuencia, en la protección del ciudadano, por el hecho de que no todos llegamos al otoño de la vida por el mismo camino.

Está quien pudo trabajar y cotizar regularmente; quien trabajó durante años, pero la informalidad y los tropiezos de la vida no le permitieron completar una pensión; y está también quien envejeció en la pobreza sin haber tenido siquiera la oportunidad de ahorrar.

Para cada realidad existe una respuesta: contribución, semicontribución y solidaridad, complementadas por el ahorro voluntario de quien pueda hacerlo. Allí reside una idea profundamente moderna y humana: cada ciudadano aporta según sus posibilidades y recibe protección de acuerdo con su historia laboral y social.

Es inevitable abordar el significado político de la reforma, porque
sería mezquino desconocerlo: la reforma pensional constituye uno de los grandes logros sociales del Petro progresismo colombiano -solo asimilable a declaratoria de la función social de la tierra, promulgada por López Pumarejo en 1936-, porque esta reforma pensional,  es en realidad una antigua aspiración de lograr mayor protección en la vejez, con una nueva arquitectura institucional, cuyo verdadero valor será medido con los años, por su capacidad para incluir a tantas personas que permanecieron durante décadas al margen de una pensión.

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Pero, sería ingenuo pensar que el desafío financiero será fácil.  No, será enorme y atravesará muchos gobiernos. Pero si Colombia conserva voluntad política, disciplina fiscal y crecimiento económico, puede hacer sostenible el sistema. Una sociedad se mide por la manera como acompaña a sus ciudadanos, cuando los años comienzan a pesar.