Por: Andrés Escobar

*Periodista. Director de Canal Red Digital

Hablar de servicios públicos en Colombia es, desafortunadamente, hablar de una deuda histórica. Una deuda que, lejos de saldarse, sigue golpeando con fuerza a comunidades enteras. Hoy me detengo en San Sebastián de Mariquita, un municipio reconocido por su riqueza histórica y agrícola, pero que en pleno 2025 parece retroceder en condiciones básicas de bienestar.

Desde hace más de una semana, el municipio enfrenta una crisis que a muchos ya les resulta familiar: la suspensión del servicio de agua potable. Y no se trata de una falla menor. Estamos hablando de un colapso que ha afectado a cientos de familias, comercios, instituciones y sectores vulnerables. Una situación que va más allá de la incomodidad y entra en el terreno de la afectación directa a la dignidad humana.

¿Cómo sobrevive un hogar sin agua? ¿Cómo opera un restaurante, una panadería o una tienda de jugos si no puede garantizar condiciones mínimas de higiene? ¿Qué pasa con los niños que no pueden bañarse o con los adultos mayores que necesitan cuidados especiales?. Estas preguntas deberían retumbar en los despachos de la Alcaldía y de la empresa de servicios públicos. Pero no. En Mariquita, el silencio institucional es ensordecedor.

Más allá del problema técnico, lo realmente alarmante es la forma en que este tipo de crisis se maneja desde lo público. La administración municipal ha optado por el bajo perfil, por minimizar la situación y, en algunos casos, por negar lo innegable.

A esto se suma el preocupante papel de ciertos medios de comunicación locales que, financiados con recursos públicos, han preferido callar antes que incomodar a los poderosos.

Y como si fuera poco, algunos funcionarios se han atrevido a desacreditar a ciudadanos y periodistas que se atreven a hablar. A quienes decidimos alzar la voz para evidenciar lo que muchos prefieren esconder. ¿Desde cuándo contar la verdad es motivo de persecución o desmentido?

Lo que está ocurriendo en Mariquita no es una simple interrupción del servicio. Es una muestra clara del abandono institucional, de la desconexión entre los gobernantes y sus gobernados, y de un modelo que privilegia la imagen por encima del bienestar colectivo. La llamada “Capital Frutera de Colombia” no puede seguir siendo tierra fértil para la negligencia y el silencio cómplice.

Aún queda esperanza. Esperanza de que los responsables actúen, de que los medios recuperen su compromiso con la verdad, y de que la ciudadanía siga exigiendo lo que por derecho le corresponde: agua, dignidad y respeto.