Por: Edgardo Ramírez Polanía

El Derecho regula esa función del Estado en los sistemas democráticos, mediante normas expedidas por el poder legislativo, que organiza el comportamiento de las personas en sociedad.

Con la advertencia que la mayoría de los jueces son probos y actúan con rectitud, la justicia colombiana se encuentra en un estado de incredulidad por parte de la ciudadanía, que desconfía de la certeza y oportunidad de sus providencias judiciales.

En nuestro país la justicia se ha convertido en una rueda suelta del engranaje del Estado, anula las leyes, crea jurisprudencia contradictoria, expide fallos contra el ordenamiento existente y por su politización, expide sentencias con intereses políticos que han generado expresiones y actuaciones no propiamente en beneficio del bien común.

Desde la expedición de la Constitución de 1991, que fue sustraída de los computadores de la Constituyente y elaborada con apuntes en el hotel Tequendama por los secretarios de la misma, Mario Ramírez Arbeláez y Jacobo Pérez Escobar, se han presentado 57 reformas legislativas de las cuales han tenido éxito 41 que han sido declaradas exequibles. Sin embargo, continúa siendo el muro de contención contra la arbitrariedad judicial.

Algunas de las razones expuestas para la aprobación de las reformas, han sido la necesidad de independencia del poder judicial, la imposición del criterio constitucional, la celeridad de la justicia, su imparcialidad, la soberanía parlamentaria, que demuestra una inconsistencia jurídica.

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Esas decisiones de las altas Cortes han generado inestabilidad jurídica en las providencias judiciales que se expiden, ocasionando incredulidad de la ciudadanía, porque en algunas de ellas, han sido puestas en evidencia actos de corrupción judicial por lo amañado de sus fallos en la época del “cartel de la toga”.

Una sentencia judicial contra evidente es la peor deformación de la justicia que constituye violencia judicial, porque va contra los caros valores de la persona como su patrimonio y su nombre, que se ven conculcados por providencias judiciales contrarias a la ley.

El suscrito columnista como abogado le correspondió en una época defender los derechos de los niños que están por encima de todos los derechos y su negación es una perversidad.

Como apoderado observé la decisión de un Tribunal que desconoció la paternidad con 99.99.99 de probabilidad que exige la ley, siendo apelante único y le agravaron la sentencia desconociéndole su condición de hijo extramatrimonial reconocida en otra instancia que era una actuación inconstitucional.

En otro caso un Tribunal que no conocía de un proceso de Simulación de venta de inmuebles, aceptó una casación ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y reconoció a un estudiante hijo de un causante como comprador de 7 fincas sin recursos económicos despojando de los bienes al verdadero dueño.

Los recursos de casación no son instancia, pero sirven de comodín para de condenar a un inocente o despojar de sus bienes a una persona, acomodando la ley de manera torcida y mala fe, causando un tremendo daño a la sociedad y la credibilidad de la justicia.

La falta de coordinación judicial ha llevado en el Consejo de Estado a que una Sala de decisión profiera una sentencia revocando la de otra sección homóloga de una misma jerarquía legal, creando un caos jurídico.

La justicia no puede ser una rueda suelta en el engranaje del Estado, sino una organización armónica integrada a sus fines, porque es la guarda del bien común y la aplicación de la igualdad y equidad pública y más aún en la equidad de las sanciones que expiden los órganos administrativos y policiales.

La injusticia es el acto más reprobable del Estado, porque tiene un fondo de corrupción, que despoja al individuo de sus derechos sociales, morales y económicos que atentan contra su supervivencia y la vida particular y familiar, creando las peores crisis y más las profundas huellas de impotencia y rechazo a sus instituciones.

Es ineludible, que las universidades de esa hermosa y necesaria profesión de la abogacía, hagan énfasis en la necesaria aplicación de una verdadera justicia, movida por la rectitud y la verdad. De lo contrario, no existirá paz, convivencia, moralidad ni armonía.