Son las 9:45 a.m., empieza la reunión del Comité de Convivencia Escolar. El Rector de la Institución da la bienvenida y explica el objetivo del encuentro. Seguidamente el secretario del comité, el Coordinador, llama a lista y se registra, únicamente, la inasistencia del Representante de los Padres de Familia.  El Coordinador expone el caso de un estudiante del grado sexto, cuya edad es de dieciséis (16) años quien se encuentra suspendido cinco (5) días por dificultades convivenciales e incumplimiento de normas institucionales (el estudiante y su Madre se encuentran presentes en la reunión. La señora es una persona iletrada, de escasos recursos económicos, pero con gran voluntad para hacer las cosas bien).

En la lectura que hace el coordinador del observador del estudiante no se registra ningún aspecto positivo, es un listado de comportamientos desadaptativos reportados por un número considerable de docentes y algunas anotaciones se encuentran sin firmas, ni descargos y sin las acciones pedagógicas pertinentes que conduzcan hacia la superación de la problemática, lo que demuestra un procedimiento inadecuado.  Al terminar la lectura de semejante prontuario se les da la oportunidad al estudiante y a la madre de familia para su réplica, en donde hacen los respectivos descargos. En lo mencionado por ellos inicialmente hay una defensa acérrima de algunos puntos expuestos con anterioridad, en los que aluden no estar de acuerdo y al finalizar se muestra un dolor de madre profundo por la decepción y sentimientos de frustración, por la impotencia de no poder refutar cada una de las palabras que describían a su hijo.

En ese momento entra en escena el Rector, recriminando la labor de la madre y poniendo en duda lo realizado por muchos años con esfuerzo, buenos deseos y con el conocimiento mínimo de lo que significa en su imaginario ser madre en una sociedad compleja. Parecía una sala de juicio. Intervino cada una de las personas que estaban en la mesa, con el mismo enfoque, buscando y hasta al fin encontrando la culpable principal. Ya ha trascurrido aproximadamente hora y media, el Rector les dice a la madre de familia y al estudiante que se retiren del salón y que al día siguiente les dará a conocer la decisión del Comité de Convivencia. Es aquí donde empieza lo interesante. El Rector propone que se proceda, en forma inmediata, a la cancelación de la  matrícula, con lo cual varios integrantes del Comité manifiestan estar de acuerdo. A esta situación, un miembro del Comité menciona que el  estudiante se encuentra suspendido y no se le ha dado el tiempo estipulado de cambio y eso va en contra del debido proceso. Así mismo complementa que la Institución Educativa se puede ver avocada a una demanda, a lo cual el Rector expresa que no le importa y que las leyes en Colombia no operan y que en muchas ocasiones no se debe respetar la normatividad para que las cosas funcionen bien.

Lo descrito anteriormente sucedió en una Institución Educativa Pública en El Departamento del Tolima. Es una realidad que se vive a diario en muchos lugares a nivel nacional y queda oculta en un salón de reuniones, con el silencio incesante de los representantes de los estudiantes y docentes. En este caso, se observa claramente la vulneración de derechos por representantes del estado Colombiano y aún más delicado por ser el sector educativo que es el llamado a promover y garantizar los derechos en nuestro país. En varias ocasiones nos quejamos de los procedimientos policiales y se muestran denuncias públicas de las arbitrariedades cometidas por estos funcionarios, sin embargo, no estamos prestando atención a las acciones que vienen adelantando los Comités de Convivencia escolar que se están para garantizar los derechos y no para vulnerarlos como se refleja en el caso anterior. Es  vergonzoso que un Rector manifieste abiertamente que en ocasiones se debe violar las leyes para que las cosas funcionen bien. Con ese argumento muchas hechos de violencia se cometieron en este país y deja sentimientos de desesperanza de un verdadero cambio de una sociedad donde prima la frase " el todo vale" y en especial de alguien que lidera procesos educativos en una escenario que es la esencia de la democracia. La cifra debe ser alta de casos similares como éste y en su gran mayoría no existen las denuncias ante las autoridades competentes, lo que agudiza más ese fenómeno de impunidad, injusticia y hechos que van contra la dignidad humana. Las paradojas de la vida,  el lema de la Institución donde pasó este caso es: “educamos con amor, justicia y dignidad”. 

Toda esta situación me hace plantear una inquietud sobre el mensaje que se están llevando los estudiantes y padres de familia de las Instituciones Educativas donde ocurren estos hechos y realmente no están contribuyendo a la formación de ciudadanos que crean en la Institucionalidad y en la Constitución de nuestro país, con las consecuencias nocivas que con ello trae a nivel cultural, afectando notablemente el sueño de un verdadero cambio a nivel social desde la educación.