Por: Edgardo Ramírez Polanía

A través de la historia los gobernantes han ejercido amenazas contra las sociedades como una manera coercitiva para obtener sus fines, abusando del poder a través del miedo contra los demás, exaltando los instintos violentos, que ponen en peligro la seguridad individual y los derechos humanos.

El Presidente Petro ofreció un proyecto de gobierno interesante a nombre del partido Pacto Histórico, con un sistema de gobierno democrático, una nueva redistribución de las fuerzas económicas que no han tenido aplicación legislativa por los intereses encontrados y sólo ha tenido curso una ley sobre pensiones que viola los derechos adquiridos aprobado de manera ilegal y los demás proyectos deambulan en un Congreso ávido de puestos y carcomido por la corrupción.

 Esa reorganización del Estado del presidente Petro, se fundamentó en la eliminación de las economías fósiles y extractivas del petróleo, el gas, el carbón, que son las principales divisas del país, mientras la oposición reclama que la política de hidrocarburos es mundial y Colombia no puede asumir los costos económicos que implicaría una nueva política energética, sin los medios alternativos para asumir las deficiencias del petróleo y sus derivados.

 Esa política económica aunada a la ausencia de sus propuestas de una reforma agraria, el desempleo, el latifundio, la falta de industrias fertilizantes, transporte férreo y fluvial, desmonte de beneficios tributarios y eliminar el hambre, entre otros, que propuso en la campaña, han dado al traste con su política de cambio.

 Con la incomodad intelectual que ello acarrea, acontece que el presidente Petro, utiliza los medios posibles para imponer sus decisiones, así hayan resultado contrarias a le ley, como el gravamen de las pensiones, el sistema de salud que ciertamente requiere de un control, pero no existen programas alternativos en su aplicación y difunde enconadas expresiones contra sus débiles ministros o los ciudadanos porque no se aprueban los proyectos de ley del gobierno con los políticos de siempre que han sido los causantes del desastre nacional.

EL presidente Petro convocó al pueblo a defender las reformas sociales y advirtió que si son coartadas se consideran un golpe de Estado que debe responderse con la revolución , “porque este pueblo se cansó de injusticias”.

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 Existe la afirmación de una Asamblea Nacional Popular, que dirige la organización popular de todos los sectores afines al Pacto Histórico, que al parecer, ocurrió en la Universidad Nacional, donde se acordó en palabras del presidente Petro: “ Pues en este momento corresponde tomar las decisiones  y son de ustedes esta Asamblea Nacional Popular es el movimiento popular de Colombia. Si ellos desatan el golpe de Estado… al golpe de Estado se le responde popularmente con una revolución”. Un llamado del presidente de la República a una revolución, es una salida fuera de lugar que demuestra falta de discreción y respeto por la ley y los ciudadanos.

Ejercer el poder presidencial bajo la amenaza de la revolución o enfrentamiento entre los colombianos, hace carecer a la nación de ese valor supremo de la libertad y la convivencia, que conforman los gobiernos democráticos y cuando se subvierte el orden público las autoridades de la República, están en la obligación  constitucional de salvaguardar la vida, honra y bienes de los ciudadanos y si el causante es el presidente de la República existen mecanismos jurídicos ante el Senado de la República contenidos en el artículo 175 de la Constitución Nacional.

Si el presidente Petro, llama a la revolución porque se le adelanta una investigación administrativa, el pueblo puede solicitar por el mecanismo legal, al Ejército nacional la restauración del orden público, porque no existen derechos absolutos ni de ilimitado alcance en los gobernantes, que en el poder se creen equívocamente infalibles y por encima de los demás y de la ley.

 Debemos exigir a los jefes de Estado, que no amenacen sino cumplan los postulados de la ley, porque el pueblo es superior a sus gobernantes y son elegidos para que dirijan el rumbo del país por los cauces de la civilidad y el respeto a las leyes y rindan cuentas a su superior jerárquico que es el pueblo de una nación.

A lo anterior se agrega la incomodidad del Presidente Petro y denuncias penales al Consejo Nacional Electoral por requerir a la campaña presidencial del presidente de la República, sobre la  violación de los topes de su campaña establecidos en la ley.  El CNE, tiene la facultad legal de solicitar esos informes de los ingresos de las campañas, por cuanto lo establece el artículo 265 de la Constitución Nacional y el Consejo de Estado, que le otorga a ese organismo la  facultad de inspeccionar, vigilar y controlar toda actividad electoral de los partidos políticos

 Asunto distinto es si el CNE, adelanta investigación contra el Jefe de Estado por las razones enunciadas, a sabiendas que no es el Juez Natural del Presidente de la República, lo cual, no obsta para que el primer mandatario ofrezca las explicaciones a que haya lugar respecto de los ingresos de las dos campañas que lo llevaron a la presidencia con observancia del procedimiento legal.

 El país requiere un viraje pronto y radical de las relaciones entre el gobierno, los partidos y los órganos de control administrativo y judicial, para que exista una armónico entendimiento de la división de los poderes del Estado, que permitan la paz y la concordia entre los colombianos.