Por: José Darío Prieto Sierra  - Ingeniero Ambiental

Al conocer el texto del proyecto de Ley No. 274 de 2023 que contiene las líneas generales del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, recientemente radicado en el Congreso de la República, se evidencia una sana y promisoria política pública para mejorar las condiciones de los denominados acueductos comunitarios y veredales del país. Resulta que, según estudios de la Superintendencia de Servicios Públicos-SSPD y la Comisión de Regulación de Agua Potable-CRA, en el país se calcula que prestan el servicio de agua “potable” más de 30.000 operadores aproximadamente (acueductos comunitarios o veredales), de los cuales sólo 2.800 están registrados formalmente en la Superintendencia.  

Esa misma entidad de vigilancia y control el año pasado visitó 462 organizaciones comunitarias y encontró que el 48% de ellas, llevan solo libro de contabilidad y el 9% tienen el registro de costos en un cuaderno, para destacar algunas carencias sin contar con otros problemas como la baja capacidad operativa, administrativa, financiera y técnica para operar el servicio, así como la baja capacidad de pago de sus usuarios y lo más grave, de los que cobran la tarifa, ésta no cubre los costos reales de prestación. Todos conocemos que la mayoría de los acueductos comunitarios o veredales solo cuentan con el presidente o “Gerente”, el fontanero y acaso la secretaria que se encarga de llevar el libro de usuarios, sus cuentas de cobro y contabilidad en forma incipiente. Ese panorama no es distinto en municipios de 5a y 6ª categoría.

Pero para focalizar la positiva intención del documento que inicia tramite en los salones de los “Padres de la Patria”, debo destacar que en el artículo 221 del proyecto de Ley, se plantea un cambio en la política pública para fortalecer los acueductos comunitarios y veredales al pretender implantar la “Gestión comunitaria del agua y el saneamiento básico” proponiendo algunas medidas de carácter general que van desde no continuar requerirles a las comunidades organizadas su registro en la Cámara de Comercio; no serán contribuyentes del impuesto de renta y complementarios, hasta no tramitar la solicitud de concesión de aguas de aquellos acueductos que usen menos de un (1) litro por segundo y para aquellos que usen de 1 litro a 4 litros segundo, no deberán presentar el Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua-PUEAA que tanto exigen las autoridades ambientales y las secretarias de planeación municipal. De todas maneras, si deberán estar en el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico-RURH. Cabe resaltar que la propuesta de norma no detalla sobre la obligación de registrarse ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios-SSPD.

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Aunque la intención es plausible, el desarrollo de la Ley que se expida debe procurar más de lo que la intención del texto señala, pues para fortalecer los acueductos comunitarios y veredales se requiere de un esfuerzo financiero para fortalecer elementos como la asistencia técnica y operativa para mejorar la potabilidad del agua que distribuyen, así como la optimización de sus estructuras para ampliar cobertura, por ejemplo. También se requerirá intervenir otros requisitos que agobian a sus lideres comunitarios tales como, los otros impuestos y tasas que deben asumir, los reportes complejos que deben reportar ante la Superintendencia y las secretarías de salud entre muchas otras actividades que al día de hoy son el “coco” de estos esfuerzos comunitarios. 

Lo importante de la iniciativa es que se empezará a mirar con “buenos ojos” estas pequeñas empresas prestadoras de un servicio público que, según la Constitución Política, es un derecho fundamental y que exige un gran componente de apoyo económico y organizacional para rebajar los índices de morbilidad en niños y adultos, así como mejorar la calidad de vida en la ruralidad y zonas de difícil acceso del territorio nacional. Una vez se apruebe el Plan de Desarrollo para el cuatrienio, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio-MVCT, los Departamentos y municipios, deberán desplegar sus capacidades y competencias para mejorar el panorama que hoy viven las comunidades y usuarios con el desabastecimiento de recurso hídrico y los bajos niveles de eficiencia y compromiso con el cuidado de las cuencas hidrográficas de las cuales se surten. ¡Por ahora, los congresistas tienen la palabra!