Por Óscar Viña Pardo.

El paro de camioneros, que tiene a Colombia al borde de un colapso social, representa el verdadero reto para el gobierno de Gustavo Petro, quien enfrenta las crisis de manera permanente con ataques a los gobiernos anteriores. Quiero aclarar que no soy duquista, uribista, santista ni petrista, y por eso me incomoda ver que las soluciones, que deberían surgir desde la sensatez, no están a la vista.

Algunos argumentarán que Petro ya ha cedido ante las demandas de los camioneros y que ceder más comprometería su dignidad. Sin embargo, es innegable que el manejo de la situación ha sido deficiente desde su posesión, y es difícil ocultarlo escudándose en justificaciones del pasado. Como dice el refrán, “una cosa es una cosa y otra cosa es otra,” y mezclar peras con manzanas no es la fórmula para calmar las tensiones sociales.

Cuando subió el precio de la gasolina, el presidente justificó que los subsidios beneficiaban a los ricos, y fue eliminando gradualmente ese apoyo. Pero, ¿por qué no hizo lo mismo con el diésel? Muchos analistas sugieren que, de haberse incrementado de manera paulatina durante estos dos años de gobierno, el impacto habría sido menor. El enfrentamiento no fue inteligente, y da la impresión de que los transportadores dictan las reglas del juego, pues cada vez que se anunciaba un alza, amenazaban con un paro. Al final, el gobierno perdió el pulso.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se ha convertido en el villano de la historia. Durante el reciente Congreso Empresarial Colombiano, organizado por la ANDI, afirmó: "La mayor deuda está relacionada con el aumento en los precios de los combustibles; en 2022 llegamos al pico del déficit, con $37 billones, que han tenido que ser cubiertos con el Presupuesto General de la Nación". Una deuda que pagamos todos los colombianos, producto de la ineficacia del Estado. El gobierno es uno y no importa quien es su timonel, cuando se decide ser presidente, se asumen los aciertos y errores de los anteriores mandatarios, y lo que no esta bien se subsana.

Es de esperar que se logre un acuerdo pronto, pero la propuesta del presidente, presentada el 4 de septiembre, no generó el impacto proyectado. Petro anunció: “La propuesta busca proteger al pequeño camionero y volquetero, regulando los pagos de las empresas intermediarias de carga para garantizar su cercanía a los fletes. Evaluamos la creación de una plataforma pública que intermedie para mejorar los ingresos del camionero. Ya existe un Registro Único de Carga”.

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Además, señaló que el Ministerio de Hacienda destinará recursos de Ecopetrol para modernizar los camiones, uno por uno, evitando un crecimiento excesivo de la flota. De las 3.000 empresas intermediarias, más de 1.000 han explotado a los camioneros, separando de forma abismal el precio del flete que cobran al generador de la carga y el que pagan al transportador.

Entonces, ¿por qué los transportadores no le creen al gobierno y siguen bloqueando el país? Según Iván Bedoya, uno de los líderes del paro, el bloqueo responde a más que el alza del combustible, pues asegura que Petro ha incumplido sus promesas. “Muchos votamos por él porque prometió no subir los precios, pero hasta la canasta básica está imposible de comprar”, afirma. Un viaje desde Medellín hasta Buenaventura cuesta 2,6 millones de pesos, pero entre combustible, peajes y las ganancias del patrón, los conductores apenas ganan el 10% de lo que cobran.

Esperemos que esta semana se llegue a un acuerdo, porque las pérdidas afectan a todos los sectores. Queremos ver un gobierno proactivo, no reactivo. Es hora de dejar de competir con los errores de gobiernos anteriores para demostrar cuál fue peor; el país necesita soluciones ahora.

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Me llama la atención la propaganda y contrapropaganda bien elaborada de los grupos comunicativos del gobierno y de la oposición. Cada uno defiende sus causas, pero ya es hora de que ambos enfoquen su energía en comunicar soluciones concretas.