Por Daniel Felipe León H.b - Sociólogo-Esp. Derechos Humanos

Una de las mayores aberraciones sociales de las que podemos ser víctimas es la violencia sexual, más aún cuando es ejercida contra menores de edad.

No hay duda alguna que a un violador el juicio social no le es indiferente: desde la castración química, la pena de muerte y el confinamiento perpetuo, son la caja de herramientas sociales que nos hemos inventado para hacer frente a este mal. Sin embargo, si uno se detiene y mira el problema con atención, parece que esta solución se queda corta, y surgen además bastantes preguntas respecto a la manera en que estamos socialmente haciéndole frente.

La violencia sexual a menores de edad, según datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es uno de los principales problemas en lo que respecta a la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes en nuestro país.

Las cifras año a año aumentan. Los datos muestran que desde el año 2012 existe un aumento porcentual de al menos del 14,31% anual[1]. Lo cierto es que, a la fecha y desde donde se tiene información, 128,788 niños, niñas y adolescentes han tenido que ingresar a alguna de las modalidades de protección estatales. Esto es aproximadamente dos veces la población total del municipio de El Espinal. Ya de entrada, este dato nos alerta de un mal que se está enquistando con más fuerza en nuestra sociedad.

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Por su parte, cuando realizamos el trabajo de aterrizar esta información a nuestro departamento, desde el año 2012 el Tolima ha tenido un aumento anual ponderado del 10,5%, acumulando un total de 3262 casos por violencia sexual a menores de edad, distribuido en un 85% a niñas y un 15% a niños. De igual manera, el 87% de los casos se presentaron a nivel urbano, y el 13% restante a nivel rural.  A este punto, es importante que podamos observar este comportamiento del total de estos casos:

Fuente: Base de datos estadística del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La sigla PARD significa “Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos”.

La invitación a ver la gráfica con detenimiento nos permite observar que, durante los años 2020 y 2021, el Tolima ha tenido la mayor situación de vulneración de los derechos sexuales a niños, niñas y adolescentes durante los últimos años. La pregunta aquí es ¿a qué se debe este aumento? ¿De dónde salieron tantos agresores sexuales durante este periodo de tiempo?.

Seguramente se pueden disertar muchas hipótesis. Lo cierto es que la situación más cercana que puede darnos una explicación a este fenómeno es el confinamiento pandémico.  El encierro producto de la pandemia produjo que en nuestro departamento se presentaran una mayor cantidad de casos por violencia sexual a menores de edad. Que fuerte, ¿no? Uno pensaría que el enemigo está en la calle, esperando en alguna esquina para atacar. Pero lo que nos está sugiriendo esta información es que no, el enemigo siempre estuvo en casa. 

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En este orden de ideas, el trabajo y la invitación es a realizar la depuración de esta información. Que le preguntemos a los datos y a las instituciones que los generan quiénes son los agresores, su edad, conozcamos la tipología de personas que están cometiendo estos crímenes: ¿son los padres, los tíos, los abuelos?, ¿Cuál es su estrato social?, ¿en qué suelen trabajar?, ¿cómo fue su infancia?. Aquí la caracterización y localización del fenómeno es fundamental. Ya basta un poco de estrategias basadas en la intuición del político de turno, o que solo buscan mejorar el indicador de alguna organización internacional.

Finalmente, el análisis de esta información nos dará un panorama más claro. Y es que solo conociendo bien a este enemigo es que podremos hacerle frente[2], ya que se podrán generar estrategias basadas en nuestra realidad regional para poder mitigarlos. Creo firmemente que este es el camino que nos puede ayudar a que dejen de sonar susurros que bajan por la magdalena, susurros que despiertan a algún niño dormido y le hablan de cuentos de terror, de pesadillas con bestias y garavitos.