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Hurtado le 'echó el agua sucia' a Aranda por las demandas del puente de la 60

Hurtado le 'echó el agua sucia' a Aranda por las demandas del puente de la 60

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda; y el exalcalde Andrés Hurtado. 

El exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, por primera vez se refirió a las consecuencias catastróficas que podría traer para la ciudad el fallido proyecto del puente de la carrera Quinta con calle 60, gestado en su gobierno. 

El exmandatario sorprendió al culpar a su pupila, la hoy alcaldesa Johana Aranda, por las millonarias demandas que presentaron los contratistas y la aseguradora en contra de la Alcaldía de Ibagué, las cuales suman indemnizaciones por $70.000 millones. 

"Nosotros dejamos una obra en marcha, y el gobierno de la señora alcaldesa lo suspendió en enero de 2024 con el argumento de que Cortolima debía tramitar la autorización para poder intervenir esta obra vial a través de un puente elevado. Es responsabilidad del gobierno de la alcaldesa Aranda, de sus decisiones con autonomía", expresó el exalcalde en diálogo con la emisora Ecos del Combeima. 

Según Hurtado, la culpa de lo que puedan costarle a Ibagué las tres demandas, será de la alcaldesa Aranda. La declaración de incumplimiento total habría sido ilegal por todavía hallarse suspendido el contrato y por la falta de competencias de la Secretaría Administrativa de la Alcaldía para emitir este tipo de sanciones. 

Sin embargo, en las tres demandas también responsabilizan al gobierno de Hurtado por la pésima planeación del proyecto y por la falta de permisos con que adjudicó el contrato.

Pese a esto, Hurtado manifestó que "es del resorte exclusivo de la alcaldesa lo que está en sus manos. Será su equipo técnico y jurídico el que responda a los ibaguereños por este proyecto que dejé con plata y en marcha".

En ese sentido, el exalcalde indicó que la alcaldesa Aranda debió continuar con el proyecto. "Sacarlo adelante, esperar que Cortolima entregara el permiso, reiniciar las obras y avanzar en la construcción: eso es lo que debía de hacerse. Lo enredaron jurídicamente los asesores de la alcaldesa y hoy tenemos este inconveniente", aseveró.

La última palabra la tendrán los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima, quienes deberán decidir si admiten o niegan las pretensiones de las demandas.

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