Por Ricardo Oviedo Arévalo*

Corría el año de 1961 cuando los compositores Alberto Buitrago y José A. Bedoya compusieron una cumbia que relataba muy bien las condiciones de un país al que se le dificultaba encarar los nuevos retos de mediados del siglo XX. Su letra narraba las peripecias que debía hacer un conductor para poder sobrevivir con una «tartana» de camión con diagnóstico reservado; sus autores crearon una letra con un evidente doble sentido, donde las dificultades mecánicas del propietario se asemejaban a sus problemas para encarar sus relaciones sentimentales y sexuales.

Esta misma cumbia hoy se pone de moda cuando al presidente ADLE le ha sido imposible arrancar la «tartana» del Estado colombiano, aunque en tiempos de campaña prometía meterle toda la motosierra en recortes de ministerios y OPS, y, ante todo, pasar de 19 a 13 ministerios para reducir en un 40 % el tamaño de este Leviatán.

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Sumado a lo anterior, tras su manifestación pública de no crear nuevos impuestos, con la presentación esta semana de la Ley de rescate fiscal, lo que hizo el gobierno fue demostrar el pésimo estado de la maquinaria estatal y la resistencia de partidos, gremios y sindicatos a una propuesta que ya es conocida como la «reforma Carrasquilla 2.0». Según los expertos, a la gente de a pie le correspondería asumir el 70 % del costo de esta reforma.

Aunque el gobierno y los medios de comunicación quieren mostrar a un Abelardo que lucha contra el delito, lo cierto es que quedó mal parado con la defenestración del ministro del Interior, Rodrigo Lara, y con el debate del senador de la oposición, Iván Cepeda, quien demostró los supuestos lazos del presidente con las economías ilegales y su intención de denunciarlo ante las autoridades norteamericanas.

Sumado a lo anterior, se encuentra la demanda ante el Consejo de Estado del parlamentario Ariel Ávila contra Enrique Gómez Martínez, director de Salvación Nacional, por un presunto conflicto de intereses con su hermano y ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. Pero también le sonó la caja de cambios cuando propuso reducir en 170 mil millones el presupuesto de la JEP y, para rematar la semana, el Juez 24 de Familia de Bogotá ordenó, en vísperas del Día de las Brujas, restituir las piezas retiradas del Museo Nacional.

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Ante esta arremetida de jueces y parlamentarios, los amigos de ADLE se han dedicado a «machacar» al presidente saliente —creando una cortina de humo— por donde más le duele a cualquier ser humano: su sexualidad, acusando a Petro de un deseo sexual excesivo, compulsivo e incontrolable, generando un relato solapado e hipócrita entre lo político y lo moral.

La eficacia de esta campaña la podemos medir hoy, en el día de los disfraces, cuando por las redes sociales reportan que uno de los disfraces más vendidos es el de Petro, compuesto por una camisa a cuadros blanca y roja, un bluyín y una gorra con el logo de la Presidencia de la República. Por eso, en la última encuesta de opinión, ADLE desciende tres puntos, ubicándose por debajo del 50 %, mientras que el «sátiro» Petro asciende dos puntos y logra un 44 % de aceptación popular.

*Sociólogo, investigador, docente