La acción popular se elevó ante el Consejo de Estado el 28 de julio de 2016 y fue aceptada, sin embargo, al evidenciar que el cumplido no llegaba y que la fecha de la consulta estaba próxima, el pasado viernes 7 de octubre, Cruz procedió a realizar de nuevo la solicitud y ayer (12 de octubre) el alto tribunal finalmente determinó optar por la medida cautelar, para estudiar la tutela.

Para Cruz, la batalla no ha acabado debido a que el mandatario local tiene la potestad de acatar o rechazar la medida. “Hay alcaldes que no han acatado este tipo de decisiones. Él es el único que mediante decreto puede parar esto. Si no lo hace nos toca seguir común y corriente” indica.

Antes de que el Concejo Municipal aprobara la consulta, la asociación tuvo acercamientos con Jaramillo Martínez, pero resultaron infructuosos.

“Nos reunimos una noche con él, hablamos, le expusimos los temas, él expresó que no le importaba la minería que nosotros hacíamos, que lo único que le importaba era no Anglo Gold Ashanti. Dijo que nos iba a ayudar y nunca pasó nada…”

De otra parte, el autor de la tutela manifestó que la pregunta está mal formulada, pues argumenta que “si el alcalde tenía deseos de sacar a la multinacional, debería estar incluida allí, no obstante, lo que hace es involucrar a todos los mineros ya que en ninguna parte hace referencia a una actividad en específico.”

Así mismo, señaló que el alcalde ha mentido cuando dice que la minería maneja mercurio, porque según él, este químico no se utiliza en la actividad legal y fue enfático al decir que más bien se debe atacar la minería ilegal, que es la que contamina al medio ambiente.

Finalmente, reiteró cuatro argumentos por los cuales no está de acuerdo con la iniciativa promovida por el alcalde.

1. El origen de donde salió. Cruz sostiene que la consulta debe ser del pueblo y ésta fue impulsada directamente por el alcalde.
2. Ley inválida. “El mandatario citó una ley invalida al momento de convocar la consulta –incluso la Procuraduría advirtió que era ilegal- que después fue tumbada por la Corte Constitucional cuando le entregó facultades a los alcaldes y gobernadores de aceptar o no proyectos mineros en sus territorios.
3. Pregunta sesgada. Para Cruz, la pregunta “¿Está usted de acuerdo SÍ o NO que en el Municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio? es sesgada, no es democrática e induce a que la población marque el no.
4. Proceso viciado. Igualmente, señala que durante el proceso hubo varias irregularidades. Entre ellas, que el Tribunal Administrativo se haya demorado dos meses para emitir el concepto de constitucionalidad cuando tenía que hacerlo en 10 días hábiles.

Por ahora, habrá que esperar a que se surta el trámite de las otras tutelas existentes y que se decida sobre las acusaciones presentadas por el demandante. Este proceso podría demorarse hasta diciembre.