Por: Alejandro Hernández

Poco se habló en su momento del informe de auditoría que entregó la Contraloría Departamental sobre la gestión de la Universidad del Tolima en el año 2023, hasta que el Delegado del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior encendió las alarmas por preocupantes hallazgos.

Se trata del enfermero Andrés Barragán Torres, egresado de esa alma mater, quien fue escogido para ser el representante del Gobierno Nacional en el Consejo Superior. Contrario a la posición adoptada por la mayoría del Consejo, quienes pasaron de agache el informe, el delegado de Petro alertó por los hallazgos sobre detrimento patrimonial, déficit presupuestal y otras irregularidades.

En total, hubo 24 hallazgos, de los cuales 11 fueron disciplinarios y dos fiscales. Uno de los fiscales se refiere al detrimento patrimonial que halló la Contraloría de $132 millones. De acuerdo con el delegado Barragán esta situación se debería a la ineficiencia administrativa que campea en la Universidad del Tolima.

El ente de control halló que la UT tuvo que pagar intereses de mora por retrasos en el pago del impuesto predial y la sobretasa ambiental de algunos predios que tiene a su nombre. Este pago por intereses de mora ascendió a $126.640.000.

El restante del detrimento ascendió a los $5.882.279, también por intereses de mora en el pago de obligaciones que tenía la UT con la comercializadora Samot SAS. El clientelismo que hay en la universidad, según el delegado del gobierno Petro, sería la causa de la ineficiencia administrativa.

De hecho, la Contraloría argumenta que la causa es: “Ineficientes mecanismos de vigilancia, control y seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, que aseguren y garanticen a la entidad como a sus responsables el cumplimiento contractual”.

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Otro aspecto a tener en cuenta, es el déficit presupuestal de la UT, que en la vigencia del 2023 tuvo gastos por $210.599.020.912 y un recaudo de $208.515.121. Es decir, el déficit ascendió a $2.083.899.862.

El representante del Gobierno Nacional en el seno del Consejo Superior de la UT, reconoce que la administración del rector Omar Mejía tiene cierta razón al sostener que la Contraloría debía tener en cuenta los recursos que le adeudan a la UT. Sin embargo, también insiste en que el Rector debe reclamarle con mayor ahínco a la Gobernación del Tolima por los $5.700 millones que le adeuda a la institución.

Asimismo, la Contraloría llamó la atención por los $749.700.000 que la UT le pagó a la empresa Sinergia SAS para adquirir un nuevo software que mejore la gestión de nóminas, talento humano y módulos financieros. Contrato suscrito desde el año 2018, pero, casi seis años después la UT todavía no cuenta con el software. 

El valor total del contrato asciende a los $1.499.400.000. Hasta ahora la institución pagó el 50 %. “Estableciéndose que, a la fecha de esta auditoría, lleva cinco (5) años y cuatro (4) meses sin ser ejecutado, lo que supone una falta de seguimiento oportuno y de agilidad en los procesos contractuales”, reza el informe.

Andrés Barragán Torres fue un caracterizado líder estudiantil durante su época universitaria. Participó en escenarios de organización estudiantil y movilización social. Fue delegado de los estudiantes ante el Consejo Superior. Es militante del partido Colombiana Humana. Por todo esto, a sus 26 años fue designado como el delegado del presidente de la República en la UT.

En diálogo con El Cronista.co, el delegado presidencial se mostró preocupado por los hallazgos de la Contraloría y lamentó la actitud pasiva del bloque oficialista en el Consejo, el cual defiende a ultranza la administración del rector Mejía.

El Cronista.co: A la universidad se le concedió una acreditación de alta calidad. ¿Cómo entender o interpretar los hallazgos de la Contraloría Departamental?

Andrés Barragán Torres: La acreditación no descarta que existan deficiencias administrativas en la universidad, y algunas muy preocupantes. Me da pena con la dirección, pero, aunque traten de escudarse en la acreditación, eso no desconoce que hay estudiantes comiendo en el suelo, o trabajadores suspendidos, o profesores catedráticos que denuncian concursos amañados. Necesidades todas estas que preocupan y tienen en constante diálogo a la comunidad universitaria.

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EC: ¿Qué representa este informe para la realidad de la UT?

ABT: El informe es claro en que muchos de los hallazgos o recomendaciones del 2023 ya habían aparecido también en auditorías anteriores. Muchas de estas, la universidad no las ha respondido ni corregido; planes de mejoramiento que no se implementan. Otro punto importante es que la Contraloría desestima todas las justificaciones de la dirección universitaria, que contestó a todo, pero la Contraloría ratificó los hallazgos pese a esto.

EC: ¿La dirección tiene razón cuando desmiente el déficit?

ABT: Reitero que todas las justificaciones de la dirección universitaria ya están incluidas en el informe, pero la Contraloría las consideró insuficientes. Frente al déficit, puede ser cierto que es una cuestión de sumas y restas frente a lo que se recaudó y lo que se gastó, y que se debe tener en cuenta las deudas de entidades con la UT. Pero hay que señalar que la Gobernación del Tolima le debe $5.700 millones a la universidad del semestre B 2023. El Ministerio debe $2.800 millones, pero se sabe que es algo protocolario; de la Gobernación nada se sabe, vaya uno a saber con qué intereses.

EC: ¿A qué cree que se debe la poca publicidad de esta deuda?

ABT: Nadie desconoce que la Gobernación del Tolima ha sido la casa o fortín del Partido Conservador y del ´barretismo’; la delegada de la gobernadora ante el Consejo Superior fue secretaria General del actual rector; el actual secretario General de la UT es militante conservador; muchos integrantes de la dirección son cercanos al ‘barretismo’. A partir de eso uno infiere que todo esto tiene que ver con el hecho de no hacerlo público.

EC: ¿Todo esto tiene que ver de alguna manera con el detrimento patrimonial que también hallaron?

ABT: No todos los detrimentos tienen que ver con corrupción, algunos son por ineficiencia administrativa. El informe indica que el detrimento es porque la universidad no pagó oportunamente algunos compromisos, por lo cual tuvo que pagar intereses de mora. Si la universidad hubiera tenido la eficiencia que no tiene, no habría tenido que pagar ese dinero y se hubiera invertido en otra cosa, por ejemplo, en la nómina de los trabajadores suspendidos.

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EC: ¿La ineficiencia entonces fue la causa del detrimento?

ABT: La universidad siempre va a dar una justificación a sus propios errores. Pero ese no es el único hecho. Hay otras personas que trabajan dentro de la alta dirección, que no cumplen con el perfil y están cometiendo errores en la institución. Son funcionarios que habría que revisar a ver si realmente pueden cumplir su deber o si están en la universidad por otro tipo de motivos.

EC: ¿Qué otro tipo de motivos puede haber?

ABT: Los trabajadores manifiestan que dentro de la universidad hay muchas Ordenes por Prestación de Servicios (OPS), de las cuales algunas son familiares de directivos de la UT; otras personas están por favores políticos. Al parecer, algunas OPS ni siquiera cumplen funciones para constituir un trabajo completo en la universidad; como si tratasen de justificar la contratación. Nos preocupa entonces que muchos errores administrativos se presentan porque hay OPS que no tienen el perfil, pero los contratan por favores políticos.

EC: ¿Predominan entonces los intereses políticos?

ABT: Es como si estuvieran dejando de lado lo técnico, para priorizar lo político o por lo que sea que algunos trabajadores de la alta dirección estarían contratados. Eso estaría provocando fallas e infiero que tiene que ver con el informe de la Contraloría. Por eso nos preocupa que el clientelismo esté consumiendo a la UT.

EC: ¿De ese clientelismo es responsable la dirección universitaria?

ABT: Quienes vinculan directamente las OPS son el rector y la dirección universitaria. Ellos se tienen que hacer responsables de las decisiones de sus subalternos. El rector, vicerrectores y directores son en últimas los responsables por vincularlos laboralmente.

EC: ¿Qué opinión le merece el software esperado desde el 2018?

ABT: Es un software que todavía no se está utilizando, pero se gastó más de $700 millones. La justificación es la pandemia, pero eso duró apenas año y medio y el contrato se firmó hace casi seis. Todavía no migran al nuevo software, y la Contraloría es clara en llamar la atención sobre esta demora, en lo que ha insistido en repetidas ocasiones.

EC: ¿La UT va en la misma vía de lo que propone el gobierno del preside Petro?

ABT: En el marco del plan integral de cobertura debo reconocer que la UT es una de las principales del país, por el compromiso enorme para ampliación de cupos. Por eso se destinaron más recursos para esto. Eso es de resaltar. Sin embargo, con relación a la ampliación de la base presupuestal para cierre de brechas, es importante mencionar que la UT juega con los lineamientos de la Presidencia. Muchas de las destinaciones que hace la universidad sí son necesidades vigentes, pero no responden a las deudas históricas con su comunidad.

EC: ¿Se refiere a bienestar universitario?

ABT: No solo a eso, también a la formalización de trabajadores, que los provisionales puedan ser incluidos en la planta administrativa, que los profesores tengan concursos justos y, sobre todo, a la necesidad de hacer un estudio para determinar las cargas de funcionarios y docentes para establecer cuántos trabajadores requiere la universidad. Esto, a raíz de las denuncias de trabajadores sobre una cantidad enorme de OPS, que ni siquiera se puede establecer con precisión, debido a las dificultades para obtener esa información.

EC: ¿Es decir que para sus inversiones deberían tener otras prioridades?

ABT: Sí. Que sus destinaciones tengan aval del Ministerio, no quiere decir que yo como delegado del presidente esté totalmente de acuerdo. Yo como voz, ojos y odios del presidente en el Consejo Superior debo procurar que se cumplan los objetivos que tenemos como gobierno. Las propuestas mías no fueron tenidas en cuentan, aunque sea el representante del presidente.