En entrevista con El Cronista.co, el secretario de Movilidad de Ibagué, Ricardo Fabián Rodríguez, se refirió a varios temas de interés ciudadano, especialmente al que hoy ocupa la agenda pública: el aumento de la tarifa del pasaje del transporte público en la ciudad.

El funcionario explicó que el incremento de $400 pesos está sustentado en criterios técnicos, conforme a lo establecido por el Ministerio de Transporte. “Este tipo de decisiones no obedecen a una arbitrariedad, a un capricho o a un valor subjetivo”, señaló, y agregó que “obedecen específicamente a un análisis técnico y a unas fórmulas debidamente establecidas en una resolución y en la normativa nacional”.

Rodríguez reconoció que se trata de una medida impopular, pero aclaró que el valor final de la tarifa depende de varios factores, siendo el principal el incremento del diésel, que pasó de cerca de $10.200 a más de $11.200. “El diésel es uno de los insumos directos en la prestación del servicio de transporte”, indicó.

Asimismo, explicó que, a diferencia de otras ciudades, la capital tolimense no cuenta con un fondo de estabilización tarifaria ni con subsidios que permitan amortiguar los incrementos. “Ibagué no tiene un fondo de estabilización tarifaria ni la posibilidad de subsidiar parte de la tarifa, como sí ocurre en otras ciudades del país”, afirmó.

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Sobre este punto, precisó que ya se actualizó el estudio de oferta y demanda para 2025 y que se encuentra en proceso la contratación del modelo financiero, insumo clave para la creación del fondo. Con estos elementos, la Alcaldía buscará llevar al Concejo Municipal una propuesta para la implementación de subsidios parciales a la tarifa.

En cuanto a las quejas ciudadanas por la calidad del servicio, el secretario señaló que una de las principales inconformidades tiene que ver con el estado de los vehículos. “Las personas dicen que son vehículos deteriorados, con mal estado interno y tecnomecánico, pero es importante explicar que los vehículos de servicio público deben pasar una revisión tecnomecánica bimensual, a diferencia de los particulares, que es anual”, explicó.

Rodríguez calificó como un “mito” la generalización de las llamadas busetas “chimenea”, y aseguró que, de diez vehículos, solo uno podría presentar problemas de emisión de humo. “Hay que identificar a los que sí tienen ese problema, intervenirlos y aplicar medidas correctivas para que no vuelva a suceder”, señaló.

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También reconoció falencias en el incumplimiento de horarios y rutas, frente a lo cual aseguró que, por instrucción directa de la alcaldesa, se desplegará personal de la Secretaría de Movilidad en vía, verificando el paso de las busetas en los puntos y horarios establecidos. Añadió que no todas las rutas generan la misma rentabilidad, por lo que los vehículos rotan, aunque aclaró que debe existir un equilibrio y que las frecuencias no pueden depender del criterio económico del conductor.

Como parte de las acciones, anunció que se habilitará una línea de WhatsApp para que los ciudadanos puedan denunciar irregularidades, adjuntando fotos, fecha, hora y número de ruta.

El contrato polémico de los semáforos

Sobre la semaforización, Rodríguez indicó que la ciudad recibió una de las redes semafóricas más obsoletas del país, junto con un contrato heredado que ya inició su ejecución. Actualmente, explicó, hay semáforos nuevos en prueba en varios puntos de la ciudad, aunque uno de los principales problemas ha sido el hurto de cableado.

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“Es inaudito, pero sucede: a los pocos días de instalar los equipos se roban el cableado para venderlo por tres mil o cinco mil pesos. No se llevan el controlador, sino el cable, y eso afecta la operación”, explicó.

Zonas azules

Sobre las zonas azules, la Secretaría de Movilidad anunció que este semestre se pondrá en marcha un plan piloto gratuito, cuyo propósito será recolectar información real sobre el comportamiento de los conductores. El objetivo no es recaudar recursos, sino desincentivar el parqueo en vía y reducir la congestión en zonas críticas de la ciudad.

En una eventual implementación definitiva, las tarifas serían más altas que las de un parqueadero, precisamente para evitar el uso prolongado del espacio público. Los datos del piloto permitirán construir un modelo financiero sólido, que evite las pérdidas registradas en otras ciudades del país.

Finalmente, el secretario reconoció que el incremento en la tarifa impacta el bolsillo de los ciudadanos, pero aseguró que la Alcaldía viene trabajando en mejorar la calidad del servicio, fortalecer los mecanismos de control y denuncia ciudadana, y garantizar una movilidad más segura y ordenada.

“Sabemos que hay decisiones que no son populares que son muy difíciles de digerir como un incremento, como un alza que definitivamente atacan el bolsillo, pero también hay otras medidas que desde la administración se adoptan para poder mitigar un poco esa alza”, concluyó.