La Universidad del Tolima atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. La denuncia de la docente y abogada Inés Yohanna Pinzón contra el rector Omar Mejía por violencia laboral basada en género fue la gota que reboso la copa de los escándalos protagonizados por la administración de Mejía.

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El pasado 9 de mayo, la Asamblea General, máxima expresión del estamento estudiantil, además declarar de emergencia por violencias basadas en género (VBG) dentro del campus, publicó un documento en el que consigna tres mínimos inamovibles como condiciones necesarias para la reactivación del diálogo y la resolución de la crisis universitaria:

1. Declaración de inhabilidad del rector Omar Mejía Patiño: los estudiantes exigen que el rector delegue sus funciones a más tardar el 15 de mayo. También convocan a una audiencia pública para el 13 de mayo, donde Mejía deberá rendir cuentas ante la comunidad universitaria. Se demanda la participación de la Unidad de Género, para que responda por los reiterados señalamientos de inoperancia, también la presencia de representantes estudiantiles al Consejo Superior y entidades externas como la Secretaría de Educación, la Secretaría de la Mujer del Tolima y la Procuraduría General de la Nación.

2. Reestructuración de las políticas de género: se solicita una revisión integral, crítica y participativa de las políticas actuales, con enfoque de equidad, inclusión y transformación institucional, con fecha límite de implementación en el semestre A2025.

3. Aprobación inmediata de un reglamento disciplinario para casos de VBG: este debe ser elaborado con participación directa de mujeres estudiantes, colectivas feministas y diversidades. Asimismo, se exige la aprobación del Estatuto Estudiantil, como marco normativo necesario para la implementación de dicho reglamento, bajo un proceso participativo y vinculante.

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Estos puntos surgen tras el traslado del caso de la profesora Inés Yohanna Pinzón a la Procuraduría Regional, decisión que fue duramente cuestionada por la comunidad universitaria debido a que la Procuradora Regional, Constanza Vargas Sanmiguel, trabajó años atrás con el rector Mejía, lo que ha despertado desconfianza sobre la imparcialidad del proceso.

Además del caso de Pinzón, otros hechos recientes han acrecentado el malestar: la inacción frente a denuncias de acoso contra el profesor Carlos David Leal, la denuncia de amenazas contra la presidenta del sindicato ASPU, Clara Lucía Padilla, y los señalamientos de concursos amañados y despidos irregulares. Todo esto ha reforzado la percepción de que en la Universidad del Tolima existe una presunta cultura de silenciamiento institucional frente a las denuncias y una falta de garantías para las víctimas.

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“Una universidad que calla las violencias, avala al agresor”, sentencia el documento de la Asamblea Estudiantil, que advierte que estos puntos no son negociables y también evalúa la posibilidad de acciones de hecho si no se obtienen respuestas institucionales claras en los tiempos propuestos.