En medio del revuelo generado por la denuncia de violencia laboral basada en género interpuesta por la docente, Inés Yohanna Pinzón contra el Rector de la Universidad del Tolima, Omar Mejía Patiño, su exesposo. El rector Omar Mejía y la vicerrectoría de Desarrollo Humano, a la que pertenece la Unidad de Género, emitieron comunicados en respuesta al escándalo.

• Puede leer: Rector de la Universidad del Tolima acorralado por los escándalos

El rector Mejía manifestó públicamente tener total disposición para colaborar con cualquier solicitud de los órganos de control, asegurando que no ha sido vinculado formalmente a ningún proceso relacionado con violencias de género. En su comunicado, afirmó tener respeto por los principios de justicia, equidad y debido proceso, destacando que la Universidad debe seguir siendo un espacio donde prevalezcan el pensamiento crítico, la dignidad humana y la justicia.

Por su parte, la Unidad de Género de la Universidad también se pronunció oficialmente el 6 de mayo, y afirmó que en cumplimiento de los protocolos institucionales y con el objetivo de garantizar transparencia e imparcialidad, el caso fue remitido a la Procuraduría Regional. Cabe mencionar que actualmente, la Procuraduría Regional, es liderada por Constanza Vargas Sanmiguel, quien trabajo años atrás con el rector Omar Mejía en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad del de Ibagué.

La Unidad señaló que ha prestado acompañamiento psicosocial a la denunciante y subrayó que será la Procuraduría quien asuma el desarrollo del proceso y la notificación a las partes involucradas y aseguro que la entidad está comprometida la erradicación de todas las formas de violencia y su respeto por los procesos llevados a cabo por los entes de control, bajo un enfoque de género y de derechos.

El hecho de que Omar Mejía no haya sido vinculado a ningún proceso interno de control o investigación, así como la remisión del caso a la Procuraduría Regional tres meses después de interpuesta la denuncia, han generado críticas hacia la institución, por parte de la comunidad académica que considera estas decisiones como una muestra de inacción institucional. No obstante, la Universidad del Tolima sostiene que ha actuado conforme a la normativa vigente y en estricto cumplimiento de los protocolos establecidos.