Por considerarlo de interés general para los avances democráticos y de descentralización de las instituciones de nuestro país, hemos tomado el editorial del Nuevo Siglo, escrito por su director Juan Gabriel Uribe, que nos recuerda las tres décadas que cumple la elección popular de alcaldes en nuestro país.

En efecto, pese a todas las dificultades y reparos contra esta norma, es innegable que es un paso importante en el desarrollo de nuestra imperfecta democracia, que impulso uno de los históricos dirigentes de la derecha colombiana: Álvaro Gómez Hurtado, pero que no por ello, podemos desconocer esta actitud de avanzada en la política y democracia de nuestro país.

Este es el editorial del Nuevo Siglo, publicado hoy 28 de septiembre, con el mismo título de esta nota, al cual nos unimos, sin desconocer nuestra tendencia liberal-socialdemócrata, como medio y como persona, pero teniendo el valor y la entereza de reconocer lo positivo del adversario.

30 años de un hito democrático   

·         La elección popular de alcaldes

·         Hay que fortalecer régimen municipal

Uno de los avances más importantes en la democracia colombiana fue, sin duda, la elección popular de alcaldes, que tuvo en Álvaro Gómez Hurtado a su principal impulsor. Como se recuerda, la posibilidad de que la ciudadanía escogiera en las urnas a su mandatario municipal fue establecida por un acto legislativo de 1986 y se concretó dos años después. Es decir que se están celebrando tres décadas de ese hito histórico electoral y, por lo mismo, en algunas instancias se analiza la evolución de esta figura, más aún en momentos en que el país asiste, de nuevo, a un intento de reforma política integral.

Una reforma en la que, incluso, se tiene planteada la posibilidad de que en los municipios con población superior a los 100 mil habitantes se pueda realizar una segunda vuelta electoral si ninguno de los candidatos a alcalde logra el 50 por ciento más uno de los votos. En estos casos irían a un balotaje final los dos aspirantes que hayan logrado la mayor cantidad de apoyos en las urnas. De igual manera se continúa discutiendo sobre la posibilidad de que, descartada la alternativa de reelección inmediata a todo nivel, entonces se proceda a la unificación de mandatos entre el Presidente de la República, los gobernadores y alcaldes, de forma tal que los respectivos procesos eleccionarios se realicen de forma paralela o con poco tiempo de diferencia. Esto con el objetivo de poder acompasar las agendas nacional, regionales y locales.

En términos generales es claro que la elección popular de mandatarios municipales ha sido un elemento dinamizador de la democracia directa y participativa, especialmente en lo relativo al surgimiento de nuevos liderazgos políticos,  partidistas y expresiones independientes. Incluso, fue a partir de la misma que se ha profundizado en otros niveles de democracia local y regional como la creación de las Juntas Administradoras Locales (JAL) o la consolidación de las áreas metropolitanas alrededor de varias capitales. Es más, si en 1988 no hubiera arrancado la escogencia ciudadana de los burgomaestres, en la asamblea constituyente de 1991 no se habría avanzado fácilmente a que los gobernadores también tuvieran origen en el dictamen popular y no por designación presidencial discrecional.

También es claro que la elección popular de alcaldes fue la cuota inicial de la descentralización administrativa y presupuestal en Colombia, pues permitió el inicio gradual del traslado de funciones y presupuestos del nivel nacional al regional y local.

Tras diez citas generales en las urnas para escoger a los mandatarios municipales esta figura es ya una conquista democrática imposible de reversar. Sin embargo, resulta evidente que urgen ajustes para evitar que su efecto dinamizador se difumine. En primer lugar, se requiere que el sistema electoral en general se depure de tantos vicios que hoy lo medran, como la compraventa de votos, la politiquería y la corrupción que se ha apoderado de las administraciones municipales a través de redes de contratistas inescrupulosos, funcionarios deshonestos al por mayor y el desgreño en el manejo de lo público. En segundo lugar es imperativa la modernización del régimen administrativo municipal (y distrital) con el fin de darle más dinamismo y capacidad de ejecución al nivel local. De igual manera se requiere definir de una manera más puntual y detallada el rol que los alcaldes cumplen en materia de control del orden público, seguridad urbana y aplicación territorial de la política de posconflicto. También es urgente que se reforme el Sistema General de Participaciones (SGP) que define el volumen de traslado presupuestal del gobierno nacional central a las gobernaciones y alcaldías. No menos importante resulta redefinir la estructura y funcionalidad de instituciones locales como las personerías, contralorías, inspecciones de Policía, comisarías de familia, secretarías de despacho y otras instancias de orden local que registran constantes choques institucionales. Y qué decir de otros asuntos pendientes en materia de fuentes de recursos directos, estructura tributaria, salvavidas fiscales, fondos pensionales, carrera administrativa y mayor protagonismo en el manejo de las regalías.

Como se ve, las tres décadas de la elección popular de alcaldes son una oportunidad trascendental para analizar, no la figura como tal, que ya dijimos es una conquista democrática irrenunciable, sino las medidas de todo nivel para mejorar el marco normativo y funcional de las administraciones municipales, sobre todo ahora que de nuevo se discute una reforma política y electoral de amplio  espectro.