Uno de los rasgos más preocupantes de la economía colombiana, a partir de 1990, son los profundos cambios que sufrieron las fuentes de acumulación de capital y los sectores multiplicadores de la actividad económica.  Tradicionalmente, en los países desarrollados, estas fuentes y multiplicadores se concentraban en los sectores industriales o agropecuarios, donde se generaban los excedentes económicos que se redistribuían a los demás sectores económicos a través del circuito de la distribución de los bienes y servicios.

Este paradigma de la teoría económica se traducía en la preocupación constante de las autoridades económicas con respecto a la base industrial y agropecuaria de la nación, pues de ello dependía el crecimiento y desarrollo de todos. Con la globalización económica y el triunfo del neoliberalismo a nivel planetario, el capital financiero asumió el papel de líder en los procesos de acumulación, fueron los derivados financieros y la seguridad en los contratos, los mecanismos que en la actualidad empujan la acumulación de capital, dando por resultado los más profundos desequilibrios en la distribución del ingreso en la historia.

Estos cambios en el modelo económico, han tenido efectos muy desiguales en la realidad colombiana. En primer lugar, el desmonte de la prioridad que como generadores de excedentes tenían los sectores industrial y agrícola en la política económica, se hizo no solo en favor del sector financiero sino alrededor de la reprimarización del aparato productivo, en especial del sector minero energético y del latifundio de monocultivos de materias primas, con lo cual no se dio un paso adelante, sino que se retrocedió en la heterogeneidad del aparato productivo de la nación. En segundo lugar, las actividades económicas que asumieron el liderazgo en los procesos de acumulación fueron actividades vinculadas con economías ilegales y criminales, en especial el narcotráfico, la corrupción, la minería ilegal y el contrabando, que ante el desplome o concentración de los sectores de punta, ocuparon el vacío dejado. Ello se expresó en indicadores macroeconómicos de crecimiento y estabilidad que no se compadecían con los problemas que se expresaban en el sector real de la economía.

La relevancia de la economía criminal se acentuó con las diferentes expresiones de actores armados del conflicto colombiano. El narcotráfico pasó de ser una actividad criminal de delincuencia común, a convertirse en importante fuente de financiación de los paramilitares y guerrilleros, al punto que parte substancial de los paramilitares, desmovilizados parcialmente durante el gobierno de Uribe Vélez, eran al mismo tiempo bandas de narcotraficantes, razón por la cual hoy están pagando prisión en los Estados Unidos. Hoy en día, la fuente de financiación de las llamadas Bacrim es el narcotráfico y nos preguntamos hasta donde las estructuras de las Farc, vinculadas a este negocio criminal van a aceptar su desmovilización.

A medida que los actores armados se consolidaron, lograron cooptar una parte importante de las élites locales y regionales, con lo cual parte del erario de municipios y departamentos fue capturado para sus intereses, direccionándolos por medio de la corrupción, particularmente en el sector de la salud, la alimentación para infantes y educandos y de las obras de infraestructura. No es desconocido que en algunas regiones del país, a través de fundaciones y corporaciones fantasmas se han desviado los recursos destinados a esos rubros de inversión y que sus prácticas corruptas han permeado todo el aparato estatal local y regional. En la actualidad se reconoce que la corrupción es consubstancial a las administraciones públicas y que los actores armados la protegen.

La minería ilegal se ha consolidado como una gran fuente de recursos para los ilegales, sobre todo en la medida en que se han producido dos hechos: en primer lugar el reconocimiento del potencial minero del país, al tiempo que los precios internacionales del oro han llegado a récords históricos. Ello se ha dado en medio de una estructura institucional insuficiente y con mínima capacidad de control. Tal situación ha hecho que cerca del 90% de todo el oro que se produce en el país salga al mercado internacional de manera ilegal y las estructuras productivas de dicha minería sean de explotación inmisericorde para los territorios donde se encuentran y para sus pobladores. Al igual que las anteriores actividades, han sido los actores armados ilegales quienes han capturado tal actividad y su persistencia depende de la vigencia de ellos mismos.

La actividad del contrabando, aunque tiene una raigambre mucho más prolongada, también ha sido capturada por los actores armados, que ven en sus diferentes eslabones, el mecanismo más expedito para mover sus propios productos. Ello se ha sofisticado en la medida en han podido relacionarse con formas más sofisticadas de lavado de activos a través de los paraísos fiscales (ej. Los Papeles de Panamá).

La expresión de estas economías criminales es la existencia de poderes fácticos que amenazan a pobladores, que retan al poder estatal y están dispuestos a acallar las voces disidentes que se presenten así sean estas de ex compañeros de ruta, es decir, exguerrilleros.

Cuando se acaba de firmar la finalización del conflicto con las Farc, nos preguntamos cómo están afectando las economías ilegales las decisiones sobre la paz. Los colombianos esperamos que la guerrilla cumpla lo prometido y rompan sus diferentes vínculos con esas actividades. Pero también esperamos que el Gobierno Nacional, en ejercicio de la soberanía sobre las armas y la fuerza, ejerza el poder constitucional para combatir tales expresiones y ponga en funciones el estado social de derecho pregonado por la Constitución Política, dando las garantías a víctimas y guerrilleros del respeto a sus derechos, con la capacidad de generar oportunidades que no se deriven de dichas economías criminales y que efectivamente las combatan, como una fuente de violencia y atraso convertida en obstáculo para la reconciliación de la nación colombiana.

*Economista